Uno de los jueces federales protagonista de la reapertura de los juicios de lesa humanidad en 2006, Carlos Alberto Rozanski, presentó su renuncia frente a las presiones recibidas desde el gobierno de Mauricio Macri. El Poder Ejecutivo la aceptó esta semana en un contexto que se va tornando poco favorable para las políticas de derechos humanos, en general, y para el avance real de los juicios de lesa humanidad que refieren a las complicidades civiles y empresariales de la dictadura, en concreto.
El gobierno de Macri aceptó la renuncia presentada por el juez federal Carlos Rozanski, luego de los intentos de avance de un juicio político en su contra en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Rozanski estaba siendo investigado por supuesto maltrato laboral contra sus empleados, acoso moral, dilatación de causas no referidas a juicios de lesa humanidad, entre otras, a partir de denuncias del sindicalista judicial, Julio Piumato, en 2006 y 2013, que ya estaban por quedar prescriptas y fueron reactivadas este año.
Rozanski denunció que estaba sufriendo presiones por no ser un magistrado afín al gobierno y cuestionó el interés que tenía el Poder Ejecutivo en avanzar en las denuncias en su contra, vinculando esta persecución con la intención de frenar los juicios de lesa humanidad que investigan las complicidades civiles con la dictadura militar.
Hace algunas semanas, el ex juez denunció que estaba sufriendo presiones por no ser un magistrado afín al gobierno y cuestionó el interés que tenía el Poder Ejecutivo en avanzar en las denuncias en su contra, vinculando esta persecución con la intención de frenar los juicios de lesa humanidad que investigan las complicidades civiles con la dictadura militar. Este mismo intento de destitución lo viven los jueces Eduardo Freiler y Daniel Rafecas, casualmente vinculados junto a Rozanski con la intervención en causas vinculadas a Papel Prensa.
Mientras que estas acusaciones se reflotaban, el magistrado recibió el apoyo de diversos organismos de derechos humanos que vivieron todo su trabajo de cerca, como Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., Madres de Plaza de Mayo – Linea fundadora, la Comisión Provincial por la Memoria, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), entre otros. Estos organismos reconocieron su labor y dedicación frente al proceso judicial que condena los delitos cometidos en la dictadura cívico-militar.
Foto: Carlos Cermele/ema – Télam
Los juicios por el genocidio
Rozanski fue una figura clave en el proceso de juzgamiento a los delitos de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de impunidad: Obediencia Debida y Punto Final. Como titular del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, desde el año 2000, fue quien inició el primer juicio por los crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar, en 2006. En ese primer momento, se caratuló a la dictadura como genocidio y se condenó a los responsables de los crímenes como genocidas, abriendo un proceso de consolidación del proceso judicial y una etapa en la que fueron condenados cientos de represores que siguen siendo juzgados hasta el día de hoy en todo el país.
Rozanski fue una figura clave en el proceso de juzgamiento a los delitos de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de impunidad. Fue quien inició el primer juicio por los crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar, en el que se caratuló a la dictadura como genocidio y se condenó a los responsables de los crímenes como genocidas.
Bajo su tarea, fueron condenados el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, el excapellán de la Bonaerense -y primer sacerdote de la Iglesia Católica que afrontó un juicio oral y público-, Christian Von Wernich y el exministro de Gobierno, Jaime Lamont Smart. Además de formar parte de los procesos que juzgaron las causas sobre el Circuito Camps y el ex Centro Clandestino La Cacha. Durante estos juicios fue que declaró por última vez, antes de desaparecer, Jorge Julio López.
Foto: Carlos Cermele – Télam
La condena que debe llegar: los responsables civiles
El atropello que están viviendo en este año las políticas de Memoria, Verdad y Justicia es alarmante. Si bien era un tema presentido por trabajadores y organismos de derechos humanos, la realidad se está volviendo mucho más cruda que lo que podrían intuir un año atrás los más pesimistas frente a la gestión macrista. El intento de destitución frente a uno de los jueces más representativos del proceso judicial que se reabrió en al año 2006, quien recibió amenazas para amedrentarlo desde aquel momento hasta la actualidad, es un anuncio bastante claro para entender cuál es el camino que esperan que tome este proceso judicial.
El atropello que están viviendo en este año las políticas de Memoria, Verdad y Justicia es alarmante. Si bien era un tema presentido por trabajadores y organismos de derechos humanos, la realidad se está volviendo mucho más cruda que lo que podrían intuir un año atrás los más pesimistas frente a la gestión macrista.
A pesar de sus frenos, dilataciones y dificultades, los juicios de lesa humanidad han sabido contar hasta el día de hoy con un pie firme y una sociedad que los apoya para que se indague de forma profunda en las responsabilidades más fundamentales del terrorismo de Estado.
Desde el actual gobierno y en un contexto en el que los medios masivos de comunicación no hacen más que entorpecer, ensuciar y desprestigiar el trabajo que se realiza para que los juicios se lleven adelante, se intenta lograr nuevamente una falsa reconciliación entre los argentinos. Sin embargo, la defensa sobre la continuidad de estos juicios y su profundización debe ser radical: los responsables concretos e intelectuales (y los mayores beneficiados) de implementar un plan económico que ocasionó hambre, pobreza y exclusión, mediante la persecución, la desaparición, la tortura y la muerte aún no han sido condenados.
