Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro, dos jóvenes pertenecientes al colectivo de La Garganta Poderosa, fueron torturados física y psicológicamente por las fuerzas de seguridad de la Villa 21-24, en Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Como muchos otros, sufrieron el hostigamiento de los agentes y la estigmatización que condena diariamente a cientos de chicos cuyas voces son desestimadas por las agendas mediáticas. A pesar de su invisibilización, la violencia institucional es una realidad cotidiana, que se ha incrementado a partir de la militarización de los barrios más vulnerables.
Ezequiel Villanueva Moya tiene 15 años y vive en la Villa 21 del barrio de Barracas. El sábado 24 de septiembre, volvía de visitar a su abuela cuando fue detenido por cinco agentes de la Policía Federal, a las once de la noche. Como suele suceder, la requisa fue aleatoria y operó sobre la base de una clasificación estigmatizante. “Vos no podés tener esa campera”, le dijeron. La misma acusación recayó sobre Iván Navarro, de 21 años, que al ver la situación, se había acercado para ver lo que sucedía con su amigo. Los dos fueron atacados violentamente contra la pared de la Casa Cultural, para luego ser interceptados por tres móviles pertenecientes a Prefectura.
Primero fueron llevados por la fuerza a una garita, en donde continuaron los golpes y los insultos. Después de un rato, la tortura siguió en una fábrica en la vera del Riachuelo. Más de diez prefectos se encargaron de pegarles salvajemente con palos y puños, mientras los dos chicos se encontraban esposados. “Matémoslos, total nadie los va a reclamar”, escuchó Iván.
Primero fueron llevados por la fuerza a una garita, en donde continuaron los golpes y los insultos. Después de un rato, la tortura siguió en una fábrica en la vera del Riachuelo. Más de diez prefectos se encargaron de pegarles salvajemente con palos y puños, mientras los dos chicos se encontraban esposados. “Matémoslos, total nadie los va a reclamar”, escuchó Iván.
Amenazándolos con cuchillos y armas de fuego, los obligaron a hacer ejercicios físicos, los quemaron con cigarrillos y hasta simularon un fusilamiento. En el fondo, uno de los prefectos puso música. Finalmente, los dejaron ir, luego de haberles robado sus pertenencias. “Me dijeron que rezara para que no me maten”, recordó Iván en su testimonio para La Garganta Poderosa.
Foto: quedigital.com.ar
Al día siguiente, Iván y Ezequiel se presentaron en la Fiscalía de Pompeya para realizar la denuncia y allí reconocieron al prefecto Leandro Antúnez, uno de los responsables. Luego de haber sido identificado, fue detenido por orden del fiscal Marcelo Munilla Lacasa. Cabe recordar que Lacasa estuvo al frente del caso Carrera, conocido por las múltiples irregularidades que rodearon el proceso de la denominada Masacre de Pompeya, en 2005. También fue el fiscal encargado del caso de Kevin Molina, asesinado en 2013 en una zona liberada por Prefectura, y de la represión de la murga de Bajo Flores, en la que varios agentes atacaron con armas de fuego a hombres, mujeres y chicos en la villa 1-11-14. En ambos casos, Lacasa decidió priorizar la versión de las fuerzas de seguridad.
Además de Antúnez, otros seis prefectos fueron detenidos gracias a las denuncias e insistencias de La Garganta Poderosa y de múltiples referentes de los Derechos Humanos. Sin embargo, Iván y Ezequiel continúan siendo amedrentados diariamente.
Además de Antúnez, otros seis prefectos fueron detenidos gracias a las denuncias e insistencias de La Garganta Poderosa y de múltiples referentes de los Derechos Humanos. Sin embargo, Iván y Ezequiel continúan siendo amedrentados diariamente, especialmente luego de que Iván contara lo ocurrido en el canal C5N, el pasado 5 de octubre. A pesar de la trascendencia que obtuvo el caso, el Ministerio de Seguridad no se ha pronunciado al respecto, lo cual pone de manifiesto, una vez más, el aval de la política represiva.
El foco de infección
La violencia institucional hacia los jóvenes de los sectores populares es una constante ejercida con impunidad por parte de las fuerzas de seguridad en todos los gobiernos democráticos. Esta tendencia ha recrudecido en los últimos meses. En diálogo con el programa radial Otras Voces, Otras Propuestas de La Retaguardia, un integrante de La Garganta Poderosa afirmó: «El armado de causa, el verdugueo, el allanamiento sin orden, la liberación de zona, que requisen para llevarse drogas, todo eso que siempre sucedió, ahora sucede peor que nunca. Con un nivel de anarquía que no lo es, es organización”.
Amparados por los procedimientos formales de “averiguación de identidad”, las fuerzas de seguridad cometen una serie de abusos que son naturalizados como parte del orden y realidad habituales.
De acuerdo a lo declarado por el Ministerio de Seguridad, en los primeros tres meses de aplicación de los denominados Operativos de Control Poblacional iniciados en mayo, se interceptaron alrededor de 150 mil personas, de las cuales 450 fueron detenidas “por distintos motivos, en su mayoría evadidos de la Justicia que portaban documentación falsa y que tenían estupefacientes”. Así, amparados por los procedimientos formales de “averiguación de identidad”, las fuerzas de seguridad cometen una serie de abusos que son naturalizados como parte del orden y realidad habituales, tal y como evidencian los casos denunciados por varios organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Aunque los prefectos responsables de las torturas a Iván y Ezequiel hayan sido detenidos y separados de sus cargos, el caso es uno más al interior de un mecanismo rutinario que se reitera y tiene su base en prácticas arraigadas al interior de las fuerzas de seguridad y en los barrios populares. Es parte de un disciplinamiento que, bajo la forma de un procedimiento integral, busca engrosar una estadística mediática que demuestre que «se están haciendo cosas». Un curso de acción para atacar el foco infeccioso de la inseguridad, o lo que parece ser lo mismo para el Gobierno Nacional y los grandes medios: a los chicos de las villas.
