La política represiva del gobierno de Mauricio Macri está lejos de presentar un panorama favorable hacia los sectores populares. No sólo los números que caen detrás de los casos de gatillo fácil, desapariciones, torturas y muerte están lejos de descender, sino que durante todo el 2016 se conocieron testimonios, que aumentan semana a semana, destacando un puntual envalentonamiento del accionar represivo y un especial ensañamiento con los sectores más pobres.
La persistencia de las prácticas represivas en las fuerzas de “seguridad” se ha hecho carne en la institución estatal. A 40 años de la última dictadura cívico-militar, la impunidad que se vivió en democracia, sumado a la injusticia que viven los sectores populares respecto al trato que reciben del aparato de fuerza estatal, permite que acciones tales como la tortura, la desaparición y la muerte se mantengan hacia ellos de forma cotidiana.
La impunidad que se vivió en democracia, sumado a la injusticia que viven los sectores populares respecto al trato que reciben del aparato de fuerza estatal, permite que acciones tales como la tortura, la desaparición y la muerte se mantengan hacia ellos de forma cotidiana.
La violencia institucional como hábito
Esta semana se han denunciado distintos hechos con nula repercusión por parte de los medios de comunicación más concentrados. Todos con la misma cara: la violencia institucional hacia los jóvenes pobres.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunció: “Entre el 16 de septiembre y el 24 de septiembre, hubo 7 fusilamientos y muertes en comisarías. La cifra habla por sí sola: una víctima del aparato represivo estatal cada 27 horas, en sólo 8 días”. Estos casos que sucedieron en distintas provincias del país, son muertes que se invisibilizan pero tienen en común que detrás de todas ellas está el brazo armado del Estado. Si bien el número es impactante, sigue en una clara continuidad con todos los gobiernos democráticos.
Estos hechos están lejos de ser casos aislados y no son más que ejemplos de un accionar cotidiano de las fuerzas de seguridad, en un contexto en el que la justicia pocas veces está del lado de las víctimas.
Además, dos jóvenes de 15 y 18 años, pertenecientes al colectivo de La Garganta Poderosa, fueron detenidos por la Policía Federal y luego torturados por agentes de Prefectura en la Villa 21, Barracas. Estos hechos fueron condenados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su comunicado: “Lo ocurrido muestra la persistencia de las peores prácticas de las fuerzas de seguridad y los efectos de las políticas centradas en el control poblacional con un enfoque discriminatorio”.
Foto: La Garganta Poderosa
Sin embargo, la realidad demuestra que estos hechos están lejos de ser casos aislados y no son más que ejemplos de un accionar cotidiano de las fuerzas de seguridad, en un contexto en el que la justicia pocas veces está del lado de las víctimas.
La lucha contra un crimen de Estado
El escenario no presenta muchas alternativas. Sólo una justicia que esclarezca hechos, señale a los responsables y colabore en erradicar de fondo estas prácticas represivas, puede empezar a cambiar la realidad que viven los sectores más vulnerables. Hasta el momento, sólo la organización y la lucha de las familias de las víctimas y los movimientos populares han logrado generar un poco de justicia.
Sumado a esto, las políticas económicas y sociales que se han tomado en este año no siguen otro camino que el beneficio para unos pocos. El gobierno de Mauricio Macri, en casi diez meses, ha dado muestras bastante evidentes de su posición frente a los sectores más poderosos, pero también frente a los más vulnerados: la continuación de la represión como política de Estado.
