El conflicto educativo en México: reformas escritas con sangre

El secuestro y la desaparición forzada de los 43 estudiantes mexicanos en Ayotzinapa, estado de Guerrero, México, fue producto de una política represiva y persecutoria ante las protestas de maestros y estudiantes que reclaman desde hace años por sus derechos vulnerados. La criminalización de las movilizaciones es uno de los ejes mediante los cuales se busca aplicar la reforma educativa y el abandono de una pedagogía crítica. El conflicto y los orígenes de la precarización de las escuelas normales rurales, detallados en la siguiente nota.

En septiembre del año 2013, el presidente Enrique Peña Nieto impulsó una reforma educativa en el marco de los acuerdos del Pacto por México. La aprobación se realizó en la Cámara de diputados y senadores sin consulta previa a los ciudadanos. Los maestros de todo el país sostienen que se trata de un paquete de medidas en su mayoría de carácter laboral y administrativo más que pedagógico, que conlleva la flexibilización docente y la privatización de la educación. Desde entonces se han producido cientos de manifestaciones en todo el país que han sido objeto de persecuciones y represiones brutales, como sucedió por ejemplo en el estado de Oaxaca, cuando en una manifestación fueron asesinadas ocho personas.

Los maestros de todo el país sostienen que se trata de un paquete de medidas en su mayoría de carácter laboral y administrativo más que pedagógico, que conlleva la flexibilización docente y la privatización de la educación. Desde entonces se han producido cientos de manifestaciones en todo el país que han sido objeto de persecuciones y represiones brutales.

Entre los principales reclamos se encuentran el recorte presupuestario y el régimen de evaluaciones docentes que, de no aprobarse, implica la exclusión del sistema educativo y un veto de entre tres a seis años que prohíbe a los afectados ejercer en el sector público. De acuerdo a los maestros, se tratan de evaluaciones punitivas, que conducen a una precarización laboral y que no contemplan el contexto y las diversas condiciones sociales y económicas en donde trabajan. Además, la reforma introduce la denominada “autonomía de gestión”, según la cual los padres serán los responsables de obtener el presupuesto para mantenimiento y materiales para las escuelas de sus hijos. Esto es particularmente problemático para las familias de campesinos que con, sueldos muy bajos, no pueden hacerse cargo de tal disposición.

Foto: vozlibredgo.com.mx

Las escuelas normales también se ven perjudicadas. Además de buscar establecer evaluaciones similares a las mencionadas para la educación básica, el proyecto de reforma apunta a reducir los planes de estudios a dos licenciaturas, generando una limitación de las matrículas y el desplazamiento de muchos docentes. Los maestros señalan que estas medidas tienen como objetivo la creación de programas estandarizados que intentan encorsetar a las normales en una burocracia educativa, desechando la formación integral que las caracterizó históricamente.

Los maestros señalan que estas medidas tienen como objetivo la creación de programas estandarizados que intentan encorsetar a las normales en una burocracia educativa, desechando la formación integral que las caracterizó históricamente.

Desde sus inicios, las escuelas normalistas, y particularmente las rurales, han estado fuertemente vinculadas a educar desde el compromiso social, otorgando oportunidades a las comunidades más pobres de México para acceder a una educación fuertemente involucrada con la transformación de la realidad. Nacidas del proyecto de reforma educativa de los gobiernos posrevolucionarios de México, estas escuelas traen consigo una tradición de resistencia ante sucesivos intentos de privatización del sistema educativo. Esto generó el rechazo de los sectores más conservadores que conciben a las escuelas como «entidades beligerantes», criminalizando las formas de protesta.

Foto: César Martínez López

En México existen 245 escuelas normales públicas, 17 de las cuales son rurales. Luego del gobierno de Lázaro Cárdenas en la década del ’40, las escuelas perdieron el apoyo del gobierno. Esto ha traído, como consecuencia, el recorte presupuestario, la falta de recursos, la pérdida de matrícula y, en muchos casos, el cierre y la desaparición. Ante el abandono, los alumnos y docentes de las normales rurales deben exigir todos los años a las Secretarías de Educación estatales que se abra la convocatoria para el ingreso de estudiantes. Si esto no sucede, la escuela corre el riesgo de declararse desierta y cerrar definitivamente sus puertas.

Aquel era el reclamo de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y es la exigencia de cientos de docentes y alumnos de todo México que luchan por el derecho a la educación pública, pero también por entablar un diálogo, lejos de las políticas represivas y persecutorias que recrudecen la crisis de derechos humanos mexicana.