La semana pasada entró en funcionamiento un centro de detención para el “traslado y la custodia” de inmigrantes en la Ciudad de Buenos Aires. La medida, creada para “combatir la irregularidad migratoria”, representa no sólo la profundización de una política expulsiva, sino también un cambio radical de paradigma que modifica rotundamente la postura de Argentina respecto de la materia.
En Pasaje Colmo 3860, ubicado en el barrio de Barracas de la Ciudad de Buenos Aires, una cárcel para extranjeros abrió sus puertas el día 2 de septiembre. Hacía poco menos de un mes, el director nacional de Migraciones, Horacio García y los ministros de Seguridad nacional y porteño, Patricia Bullrich y Martín Ocampo, habían firmado un acuerdo para la entrega del inmueble. De acuerdo al primer comunicado oficial, el establecimiento será utilizado para retener a quienes cometan “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”.
De acuerdo al primer comunicado oficial, el establecimiento será utilizado para retener a quienes cometan “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”.
La medida, que entraña un mecanismo persecutorio, entra en contradicción con la política migratoria argentina, cuya legislación enfatiza la importancia de la regularización de los extranjeros presentes en el país. Al derecho de residencia legal de los habitantes de los Estados parte del Mercosur, firmado por Argentina en 2002, se suma la Ley de Migraciones, promulgada en 2004 y reglamentada en 2010. Reconocida a nivel internacional por organismos de derechos humanos, la normativa prevé la obligación de ayudar a los inmigrantes a regularizar su situación en lugar de denunciarlos por la falta de documentaciones necesarias.
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Además, la ley establece que la detención y expulsión de los inmigrantes puede ser factible ante delitos y con una previa orden judicial, pero nunca por las “irregularidades” que el primer comunicado oficial de la Dirección Nacional de Migraciones planteaba. Ese caso sólo es contemplado ante la posibilidad de que se hubieren agotado todas las instancias necesarias para que el migrante regularice su situación legal en el país y con el correspondiente aval de un juez. La creación de la cárcel implica entonces un giro hacia una política de expulsión sistemática que criminaliza y concibe a la inmigración como un problema de seguridad.
Una política de detención que priva de la libertad y fomenta una vinculación causal entre migración y delito conlleva fines disuasorios, que por otro lado se alinean con otras medidas implementadas en el último tiempo.
Una política de detención que priva de la libertad y fomenta una vinculación causal entre migración y delito conlleva fines disuasorios, que por otro lado se alinean con otras medidas implementadas en el último tiempo. Es el caso, por ejemplo, del aumento de los aranceles de los trámites migratorios en un 200%, estipulado por la Dirección Nacional de Migraciones en el mes de agosto, y que representa un obstáculo para la regularización. Algo similar puede decirse del cierre del programa «Abordaje Territorial», que, mediante un recorrido por diversas localidades, implicaba la difusión de los derechos de los migrantes al facilitar información útil para tramitar la documentación requerida.
La apertura del centro de detención del Pasaje Colmo representa un cambio de paradigma de las políticas migratorias argentinas que tiende a dejar de lado derechos garantizados por la legislación vigente y por los acuerdos firmados con los países vecinos, desvinculando el acompañamiento necesario del Estado para la regularización. Un control que puede tender peligrosamente a la expulsión como vía prioritaria.
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