Frente a la causa por la represión de los trabajadores y pacientes del Hospital Borda ocurrida en el año 2013, la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional confirmó los sobreseimientos de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodriguez Larreta y de los ex ministros de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro y de Salud, Graciela Reybaud. El fallo dictaminó también que los jefes de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez y Enrique Pedace, continúen siendo investigados. Los detalles de un caso que ya lleva más de tres años y en donde toda responsabilidad política parece querer anularse, a continuación. (Foto de portada: El Destape)
La semana pasada, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal reafirmó la decisión de sobreseer a los autoridades políticas que se encontraban al frente del gobierno porteño en el momento de la brutal represión acontecida en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda el 26 de abril de 2013. Los argumentos esgrimidos para ratificar el fallo fueron la “inexistencia de elementos mínimos objetivos, concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación en el suceso«. El tribunal consideró además que “aún cuando estos funcionarios estuvieran al tanto de los acontecimientos, ello no los vincula o compromete con los excesos de un efectivo policial en el operativo…”.
Las responsabilidades políticas de una de las represiones más brutales ocurridas durante la gestión de Mauricio Macri en el Gobierno de la Ciudad parecen anularse completamente. Por el otro lado, luego de tres años seis trabajadores del hospital siguen procesados por “atentado y resistencia a la autoridad”.
Daniel Chain, ex ministro de Desarrollo Urbano, es el único funcionario que continúa siendo investigado por cuestiones administrativas pertinentes a la destrucción del taller en el Borda, epicentro del conflicto. Sin embargo, las responsabilidades políticas de una de las represiones más brutales ocurridas durante la gestión de Mauricio Macri en el Gobierno de la Ciudad parecen anularse completamente. Por el otro lado, luego de tres años seis trabajadores del hospital siguen procesados por “atentado y resistencia a la autoridad”.
Los hechos
La mañana del 26 de abril del año 2013, más de 400 efectivos de la Policía Metropolitana, armados con escopetas y gases lacrimógenos, ingresaron al Hospital Borda por el portón trasero del establecimiento, junto a operarios y maquinaria de demolición. El fondo del lugar fue entonces cercado por las fuerzas de seguridad para garantizar el derrumbe del Taller Protegido N°19, en el que 20 pacientes solían trabajar en tareas de herrería, carpintería y pintura. A pesar de que una medida cautelar suspendía el proceso licitatorio para destruir las instalaciones y llevar adelante la construcción de un Centro Cívico, se procedió con las obras.
Como resultado, 30 personas fueron detenidas y alrededor de 50 fueron heridas, incluidos también periodistas y legisladores que habían concurrido al lugar para intentar establecer un diálogo con las fuerzas de seguridad y detener los ataques.
Médicos, empleados y pacientes del hospital se concentraron en las inmediaciones para oponerse a la demolición. El enfrentamiento terminó en una brutal represión por parte de los agentes de la policía, que comenzaron a disparar balas de goma a mansalva y a utilizar los gases lacrimógenos. Como resultado, 30 personas fueron detenidas y alrededor de 50 fueron heridas, incluidos también periodistas y legisladores que habían concurrido al lugar para intentar establecer un diálogo con las fuerzas de seguridad y detener los ataques. La situación afectó también emocionalmente a cientos de los pacientes internados.
Foto: cta.org.ar
La represión duró casi un día entero, lo que hace que difícilmente los hechos puedan atribuirse exclusivamente a “excesos” aislados de la policía. Desde una conferencia de prensa, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, llamaban a “la calma y a la reflexión” y justificaron en un principio el accionar de la efectivos, calificando a los trabajadores y pacientes de “violentos” , que no dejaban actuar en una obra que supuestamente contaba con un aval judicial que en realidad no estaba plenamente vigente. De hecho, la Justicia porteña impuso una multa de 20 mil pesos por cabeza a Macri, Daniel Chaín, y al procurador general Gerardo Conte Grand.
El conflicto
El Taller Protegido N°19 era un espacio intra hospitalario en el que los pacientes fabricaban muebles para diversos hospitales de la Ciudad. Las tareas productivas los ayudaban a recuperar su autonomía mediante una resocialización que fortalecía los vínculos y contribuía a su tratamiento terapéutico. En septiembre de 2011, con la intención de urbanizar los terrenos del barrio de Barracas, Macri y Chaín anunciaron el proyecto de construcción de un Centro Cívico, una construcción que permitiría trasladar la Jefatura de Gobierno y cinco ministerios. El espacio previsto para la realización de las obras abarca el fondo de los terrenos pertenecientes al Borda, en donde se encontraba el Taller N°19.
Con el desmantelamiento del Taller N°19, los pacientes perdieron el espacio, lo que de acuerdo a Marcelo Frondizi, delegado de la comisión interna del Borda, generó un claro efecto negativo y contraproducente en los pacientes que vieron interrumpidas sus tareas para su recuperación.
La Asociación de Trabajadores del Estado y la Asociación de Profesionales rechazaron el proyecto y lo consideraron el inicio de un plan de desmantelamiento del hospital. En consecuencia, realizaron una presentación a la Defensoría del Pueblo para intervenir y detener la construcción del centro, al haber sido planeada sobre un espacio considerado Patrimonio Histórico Cultural de la Nación desde 1999. El recurso obtuvo un fallo favorable de primera instancia que que paralizó la licitación y que, al momento de la demolición, se encontraba vigente, al igual que otra presentación que impedía construir por el daño que representaría la obra para los pacientes.
Foto: telam.com.ar
Mientras tanto, desde agosto de 2012 ya se había comenzado a realizar el desmantelamiento del Taller 19 para reubicarlo en una nueva instalación construida a la vuelta del hospital, que, sin embargo, nunca fue habilitada, ni siquiera cuando se procedió a la demolición del antiguo taller. Desde ese momento, los pacientes perdieron el espacio, lo que de acuerdo a Marcelo Frondizi, delegado de la comisión interna del Borda, generó un claro efecto negativo y contraproducente en los pacientes que vieron interrumpidas sus tareas para su recuperación.
Según Ernesto Balbiano y Gustavo Fernandez Ferro, ex operadores del taller N° 19, el nuevo espacio tuvo que ser refaccionado, puesto que no contaba con requisitos indispensables para el tratamiento, como por ejemplo una adecuada insonorización o medidas de seguridad contra incendios. Las obras tardaron un año y medio en realizarse, en cuyo período sólo dos pacientes de los veinte pudieron reincorporarse a otro taller.
A tres años de la brutal represión en el Hospital Borda, no sólo se observan la falta de responsabilidades políticas y de las fuerzas de seguridad, que aún no han sido claramente establecidas, sino también un contexto en el que las política de salud mental parecen estar lejos de contemplar la reinserción de los pacientes entre sus prioridades.
