La semana pasada, el Tribunal Oral Federal I de La Plata decidió otorgar el arresto domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz, principal sospechoso en la desaparición de Jorge Julio López en 2006 y condenado por múltiples delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La resolución no se hará inmediatamente efectiva, en tanto el represor permanece en prisión rigurosa por otras tres causas en las que se rechazó el otorgamiento de aquel beneficio. Sin embargo, la decisión lleva a interrogarse por el camino que seguirá el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en un contexto de deslegitimación creciente de los Derechos Humanos.
El viernes 19 de agosto, la justicia federal de La Plata le otorgó a Miguel Etchecolatz el arresto domiciliario por las dos causas que investigan los crímenes en Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield, dos centros clandestinos de detención que integraron lo que se conoce como Circuito Camps, en donde se mantuvieron aprisionadas alrededor de 422 víctimas durante la dictadura cívico-militar. En los próximos días, el mismo Tribunal deberá también expedirse en la causa por los crímenes en la ex Brigada de Investigaciones de San Justo en el que se secuestraron a 81 personas entre 1976 y 1978.
La decisión de otorgar el arresto domiciliario fue tomada a pesar de que los peritos médicos confirmaron que Etchecolatz está en condiciones de cumplir su condena en una cárcel común y ser tratado en el Hospital Penitenciario de Ezeiza.
La decisión fue tomada a pesar de que los peritos médicos confirmaron que Etchecolatz está en condiciones de cumplir su condena en una cárcel común y ser tratado en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. La doctora y directora académica de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses, Virginia Creimer, que realizó una de las revisiones físicas de Etchecolatz en representación del Ministerio Público Fiscal, afirmó para Radio Télam que “no reunía las condiciones para ser enviado a su domicilio ya que las patologías que se habían presentado en su defensa técnica se no fueron encontradas al momento de hacer este examen […]. Con lo cual se encontraba en buen estado y podía permanecer en una cárcel común».
Foto: infobaires24.com.ar
De acuerdo al testimonio de Creimer, el perito oficial de la Corte Suprema de la Nación, el del Ministerio Público de Defensa y el de parte de Etchecolatz, Mariano Castex, se negaron a realizar la revisión física, necesaria para elaborar un informe completo determinante en la decisión de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria. El examen fue entonces llevado adelante por Creimer y dos peritos del Hospital Ramos Mejía, designados por pedido el tribunal, que además advirtieron que Etchecolatz simulaba una situación de mayor gravedad a la efectivamente padecida.
De acuerdo al testimonio de Creimer, el perito oficial de la Corte Suprema de la Nación, el del Ministerio Público de Defensa y el de parte de Etchecolatz, Mariano Castex, se negaron a realizar la revisión física, necesaria para elaborar un informe completo determinante en la decisión de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria.
En un intento de amedrentar a la doctora, Etchecolatz denunció a Creimer por supuestas torturas cometidas durante el examen, lo cual fue desestimado rápidamente por el tribunal. El hecho representa una amenaza que busca obstaculizar a todo aquel que se interponga con el pedido de prisión domiciliaria y se suma la gran cantidad de intimidaciones que Creimer ha recibido a lo largo de su trayectoria en los casos de Derechos Humanos. A fines de 2015, un cuchillo ensangrentado apareció en la puerta de su casa, luego de declarar en el juicio en contra del ex comisario bonaerense Luis Abelardo Patti, por el asesinato de dos militantes en 1983.
¿Quién es Etchecolatz?
Mano derecha de Ramón Camps, Miguel Etchecolatz fue jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense entre 1976 y 1977. Estuvo a cargo de los 21 centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia y fue uno de los responsables de “La Noche de los Lápices”. Primer miembro de la dictadura que enfrentó un juicio oral y público, fue condenado a prisión perpetua en septiembre de 2006, luego de tres años de haber sido derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El Tribunal lo encontró culpable de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía de seis personas y por la privación ilegítima de la libertad de Nilda Eloy y Jorge Julio López, querellante y testigo clave en el caso. López desapareció luego de dar testimonio, hace ya casi diez años.
El Tribunal lo encontró culpable de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía de seis personas y por la privación ilegítima de la libertad de Nilda Eloy y Jorge Julio López, querellante y testigo clave en el caso. López desapareció luego de dar testimonio, hace ya casi diez años.
En octubre de 2014, el represor fue condenado junto a otros quince policías, civiles y militares por los crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como “La Cacha”. En la etapa final de la sentencia, con claras intenciones provocadoras e intimidantes, Etchecolatz intentó entregarle al Tribunal un papel en el que escribió “Jorge Julio López” junto al verbo “secuestrar”. La desaparición de López, continúa, aún hoy, sin resolverse.
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Mensaje que Etchecolatz escribió en la sentencia de 2014. Foto: infojusnoticias.gov.ar
El pasado 22 de julio, El Tribunal Oral Federal de La Plata resolvió otorgar la prisión domiciliaria también por la causa de La Cacha, bajo los mismos fundamentos con los que se procedió hace unos días por los crímenes de Pozo Quilmes y Pozo Banfield. Sin embargo, el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, negó el beneficio basándose en los dictámenes del Cuerpo Médico Forense y de la Dirección General de de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Los exámenes determinaron una vez más que Etchecolatz no reúne todos los requisitos del artículo 32 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad y que está en condiciones de cumplir la condena en prisión, en donde puede recibir los cuidados necesarios y ser efectivamente supervisado.
El porcentaje de prisiones domiciliarias en los juicios por delitos de lesa humanidad es alto desde hace tiempo. De acuerdo a la agrupación H.I.J.O.S de La Plata, el promedio de represores condenados a arresto domiciliario desde el año 2012 es del 40%. Sin embargo, las querellas y los organismos de Derechos Humanos señalan en los últimos meses un aumento progresivo de esta tendencia que responde a un contexto en el que se propicia un descrédito del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
Etchecolatz, que acumula ya seis condenas por delitos de lesa humanidad y genocidio, muchas de las cuales están siendo analizadas por distintos tribunales, representa un caso significativo, por la cantidad de causas y crímenes en las que está involucrado, pero también por la información que posee respecto a la apropiación de bebés y a la desaparición de Julio López.
Etchecolatz, que acumula ya seis condenas por delitos de lesa humanidad y genocidio, muchas de las cuales están siendo analizadas por distintos tribunales, representa un caso significativo, por la cantidad de causas y crímenes en las que está involucrado, pero también por la información que posee respecto a la apropiación de bebés y a la desaparición de Julio López. Conceder el arresto domiciliario implicaría un precedente que podría aumentar los fallos en esta dirección, además de garantizar una vez más la impunidad.
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