La semana pasada se conocieron las sentencias del juicio por las cinco muertes ocurridas durante la represión del 20 de diciembre de 2001. Hubo nueve condenados y sólo uno de ellos representa a las autoridades políticas. Luego de quince años de búsqueda de justicia, el fallo lleva a cuestionarnos qué tipo de sanción buscamos frente a los crímenes del Estado.
El helicóptero de De La Rúa, los gritos que rogaban «que se vayan todos» y el centro de la ciudad en su versión más caótica convirtieron al 20 de diciembre de 2001 en un día inolvidable. No como los recuerdos de un viaje, sino como la definición más fría del diccionario: «aquello que no puede olvidarse». Las imágenes que se generaron durante ese día se aferraron a la memoria colectiva argentina como recuerdo de aquello a lo que no se quiere volver. Pero más allá de esas imágenes, el 20 de diciembre de 2001 debe ser recordado por la brutal represión policial que terminó con 39 muertos y cientos de heridos en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, cinco personas fueron asesinadas y hubo otros cuatro intentos de homicidio, sumados a los 227 heridos por la acción de la Policía, según informa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La sentencia
El pasado lunes 23 de mayo, quince años después de esta trágica jornada, la Justicia finalmente emitió una sentencia contra los responsables de la represión. La definición no alcanzó las expectativas de quienes hace tantos años venían reclamando justicia por sus familiares y amigos asesinados: de un total de 17 acusados, el Tribunal Oral Federal 6 sólo condenó a 9 personas de los cuales sólo uno corresponde a una autoridad política: Enrique Mathov, secretario de Seguridad del gobierno de De La Rúa, fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión como máximo responsable del operativo y del control de las fuerzas policiales.
La definición no alcanzó las expectativas de quienes hace tantos años venían reclamando justicia por sus familiares y amigos asesinados: de un total de 17 acusados, el Tribunal Oral Federal 6 sólo condenó a 9 personas. De esos 9 condenados, sólo uno corresponde a una autoridad política.
Los otros 8 condenados pertenecen a la Policía: las mayores penas (aunque mínimas según la defensa de las víctimas) fueron para Carlos José López (6 años) y Roberto Juárez (4 años y 6 meses), quienes fueron encontrados culpables de asesinar a Alberto Márquez, baleado en las inmediaciones del Obelisco desde un auto particular. Hubo también dos condenados pertenecientes a la cúpula policial, Rubén Santos (ex jefe de la Policía Federal) y Norberto Gaudiero (ex jefe de Operaciones), aunque con penas menores acompañadas por inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. A pesar de haber escuchado a más de 600 testigos y corroborado las heridas de los damnificados, los jueces decidieron absolver a 8 de los 17 acusados. Los fundamentos serán presentados el 4 de agosto.
El ex presidente Fernando De La Rúa, máximo responsable político por las decisiones tomadas, ya había sido sobreseído por la Corte Suprema de Justicia, que entendió que él era ajeno a los hechos que sucedían en las calles. Otro de los potenciales responsables, Ramón Mestre, jefe de Mathov, falleció en 2003 y nunca fue juzgado en el caso.
Un fallo histórico para el futuro
A pesar de que las penas fueron fuertemente criticadas por los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, es importante recordar que nunca en la historia de la Justicia argentina los responsables políticos de la represión policial habían sido llevados al banquillo. En la misma semana que se conoció la sentencia contra los responsables del Plan Cóndor en las dictaduras de América Latina, la Justicia dio una pequeña esperanza sobre el futuro de los juicios de derechos humanos en el país.
A pesar de que las penas fueron fuertemente criticadas por los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, es importante recordar que nunca en la historia de la Justicia argentina habían sido llevados al banquillo a los responsables políticos de la represión policial.
En el contexto político actual en el que se plantean protocolos «anti-piquetes» y una Policía que cierra la Plaza de Mayo para que continúe un festejo de pocos, es importante que estos fallos se den a conocer masivamente. La Justicia no es sólo de las víctimas, es de todos. Que esas imágenes del 2001 que guardamos en el recuerdo nos impulsen a interesarnos por sus resoluciones, por más de que tarden demasiado en llegar. Y que los responsables no sean sólo los que disparan contra los inocentes, sino también quienes manejan, más de cerca de lo que parece, las vidas de los ciudadanos.
