Extenso diálogo con el periodista y co fundador de la Coalición por una Comunicación Democrática sobre el futuro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en el actual escenario político. Piccone denuncia las medidas aplicadas como resultado de «una visión de la comunicación que es meramente empresarial y multinacional» y considera que «lo más doloroso de todo es que no haya ningún tipo de diálogo». Su trabajo al interior de la Coalición, la defensa de la comunicación, el rol de la LSCA, sus virtudes y las críticas a su aplicación en la siguiente entrevista.
Néstor Piccone es periodista y licenciado en Psicología. Llevó adelante la comunicación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) desde su nacimiento hasta 1999. Fue Gerente de Noticias en Radio Nacional y Director argentino de TeleSUR en Caracas, Venezuela. Es co fundador de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, nacida en el año 2003 y que hoy lleva el nombre de Coalición por una Comunicación Democrática, organización que milita por la aplicación definitiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Es profesor en el Instituto Mariano Etchegaray de Ciudad Evita, La Matanza. En el 2015, publicó su primer libro, La inconclusa ley de medios. La historia menos contada.
— ¿Cuáles son los pasos que se proponen al interior de la Coalición para defender la democratización de la comunicación en el contexto actual?
— Estuvimos trabajando mucho el año pasado con el tema de la sostenibilidad, porque veíamos que había cosas de la ley de medios que no se habían tenido en cuenta, como por ejemplo la forma en que se iba a financiar el derecho a tener medios otorgado a las organizaciones sociales, comunitarias, cooperativas, PyMES. Esa es la discusión central que tuvimos en los últimos dos años. Cuando pocos días antes de la asunción de Macri escuchamos a Aguad decir que iban a derogar la ley, se nos pusieron los pelos de punta y desde ese momento hasta el día de hoy nos reunimos todos los martes. Cuando aún no se sabía lo que iba a pasar con el gobierno, todos coincidimos en hacer un Congreso, porque entendíamos que había muchas cosas que habían quedado sin discutir desde el 2009, como es la sostenibilidad y la integración para que haya un sistema de regulación, tanto para las telefónicas como para los medios audiovisuales, para Internet y para muchas otras cosas que fueron creciendo al costado de la ley, la mayoría de ellas por culpa de las grandes empresas para las cuales la mejor ley es la que no existe.
— ¿Cómo califica los cambios que se hicieron a las entidades regulatorias y la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)?
— Con el Enacom uno no tendría que enojarse, si se hubiera hecho bien, porque es necesario que se discuta todo en forma conjunta. No puede existir una cosa que maneje la telefonía por un lado y otra que maneje lo audiovisual. De hecho, había contradicciones entre la Aftic y la Afsca y cuestiones que había que ir resolviendo, pero lo que nosotros pretendíamos era que utilizaran los mecanismos que planteamos, no porque sean nuestros, sino por lo integradores que son. Abogamos por un sistema de debate lo más amplio posible y eso dio buen resultado. Con el gobierno anterior, habíamos trabajado con la posibilidad de hacer un Ministerio de Comunicación, porque la comunicación estaba ya en un nivel de discusión y de debate que no se podía ordenar sólo con la Afsca y la Aftic. Uno no puede negarse al planteo de integración, pero sí a la metodología y a los DNU, que son inconstitucionales y que se hicieron de apuro para darle rápidamente Nextel rápidamente a Clarín, lo que significa más concentración por fuera de la ley, porque ni siquiera funciona el Enacom y aún así van entregando igual. Se comenta también que la Turner va a comprar Telefé. Se está manejando una visión de la comunicación que es meramente empresarial y multinacional.
Uno no puede negarse al planteo de integración, pero sí a la metodología y a los DNU, que son inconstitucionales y que se hicieron de apuro para darle Nextel rápidamente a Clarín, lo que significa más concentración por fuera de la ley, porque ni siquiera funciona el Enacom y aún así van entregando igual. Se comenta también que la Turner va a comprar Telefé. Son avances que se hacen desde una visión de la comunicación que es meramente empresarial y multinacional.
— ¿Se podría decir que son avances que se realizan desde una concepción de la comunicación distinta a la contemplada por la LSCA?
— Claro, solo está pensado desde el sector empresario. El presidente responde al interés económico de las empresas que buscan ganar cada vez más y él sabe que son multinacionales que se van carcomiendo unas a otras. Ahora, ¿dónde queda la gente, el pueblo, las universidades, dónde queda todo? Nunca se han sentado a hablar. No nos han convocado a discutir y a escuchar nuestras razones. Directamente hubo decretos. Por eso fuimos a Washington y vamos a ir a todos los lugares a los que podamos, a las Naciones Unidas, a verlo al Papa, o a quien sea para que llamen la atención y se tenga que abrir una negociación. Lo que está pasando no se puede hacer. Es como si la educación se la dieran solo a empresas privadas o a las religiosas, es una locura.
— ¿Cuál es su opinión respecto de que, de acuerdo a las propias declaraciones de Aguad, las medidas prioricen la convergencia tecnológica, pero que no se haya mencionado como preocupación la democratización de las voces?
— Nosotros estamos de acuerdo en que hay que regular la convergencia, pero considerarla desde una posición clasista – y esto no es sólo un problema de Aguad – es creer que la comunicación es privada y si es así el que más tecnología y recursos económicos tiene, es quien la lleva adelante. En el mundo, las grandes empresas como Direct Tv, la Turner, Facebook, Google, pujan por el manejo de la comunicación. Pero los estados tienen que regular la situación y esto es algo que plantean tanto las Naciones Unidas como la Organización de los Estados Americanos (OEA). Por eso se dio también este compromiso que le obligamos a hacer a la OEA con el gobierno, que dice que lo que está pasando no se puede hacer, porque rompe con los estándares. El Estado no puede jugar para las grandes empresas multinacionales. La consigna principal de los nuevos 21 puntos del 3 de marzo es que, más allá del formato, del soporte, tiene que haber derecho a la información y libertad de expresión. La gente tiene que tener derecho a recibir la información y a poder participar con sus propias voces y el Estado tiene que ser garante de eso. No puede ser que cuatro empresas se queden con todo, porque eso es un atentando a la democracia. Lo distintivo de este gobierno es que el presidente es representante de una multinacional, por eso la mentalidad es poner empresarios.
Fuente: rosario3.com
— Cuando se decretaron los cambios de la LSCA, Aguad manifestó que eran parte de un proceso frente a un país “anormal”. ¿Qué piensa al respecto?
— Eso es una mentira para justificar lo injustificable. De hecho, los DNU están y no los llevaron al Congreso. Se priorizó el tema de los fondos buitres y otras cosas. Toda la política tiene un gran desconocimiento de la comunicación. A nosotros nos cuesta mucho dialogar, porque el tema de la comunicación no se entiende. Está todavía en disputa en la cabeza de los propios estados, gobernantes y demás. Aguad no tiene nada que ver con la comunicación. Él dice que ahora se puede operar, pero hace años que se puede operar con gran tecnología, ese no es el problema. El tema es que no sólo el gobierno tiene que tener derecho a hablar como tal, sino que también tienen que tener derecho a hablar los trabajadores, los pobre y además, a recibir información que sea amplia, no sesgada. La ley de medios no es más que eso. El Estado tiene que estar presente en la regulación, asegurando que el más grande no se coma al chico y que los más grandes no se maten entre ellos. Tiene que haber una ley antitrust, anti-monopólica. Ahora estamos recorriendo muchos lugares con los nuevos 21 puntos. Si el PRO nos atendiera, también iríamos hablar con ellos.
Toda la política tiene un gran desconocimiento de la comunicación. A nosotros nos cuesta mucho dialogar, porque el tema de la comunicación no se entiende. Está todavía en disputa en la cabeza de los propios estados, gobernantes y demás
— ¿No tuvieron respuesta?
— No hemos logrado obtener respuesta porque hay una ceguera o una negación muy importante. Tal vez algunos se han manejado mal, creyéndose que nosotros levantamos la bandera del sabatellismo. La Coalición es mucho más amplia, no es una herramienta del kirchnerismo, no es de un solo sector. Para muchos, la comunicación es algo extraño. Tiene una complejidad muy grande y el sistema de comunicación monopólico se monta sobre la base de producir cada vez más desconocimiento, alejamiento y extrañamiento de la gente sobre cómo funciona el sistema de medios.
— ¿Cree que el desconocimiento sobre la ley tenga relación directa con la escasa crítica social y política sobre los DNU?
— Hay muy poca gente que en verdad comprende el asunto, incluido el kirchnerismo, que no aplicó bien la ley. Creo que eso fue en parte por la falta de comprensión sobre qué era lo que había que hacer con semejante ley. La multiplicidad de medios es compleja de llevar adelante. He estado quince o veinte días en el canal mapuche debido a un conflicto en calidad de mediador, explicándoles lo que era la ley y cuáles eran los derechos que tenían. La ley no decía que el canal mapuche recibiría determinada cantidad de dinero por mes, pero ellos creían que sí. Pero por otro lado, el estado tampoco capacitó en gestión y en lugar de eso, les llevaban cámaras y equipos. Eso me costó muchísimo hablar con los funcionarios. El canal sigue funcionando, pero no puede desarrollarse. Al no ser comercial, es muy limitada la posibilidad de tener recursos económicos y esto nadie se sentó a discutir.
— ¿Faltó un trabajo más profundo a partir del basamento legal?
—Es una mala aplicación que se hace por desconocimiento, pero tampoco puedo cargar la tinta a la política. También es un problema nuestro de no haber sido lo suficientemente claros, o de no haber tenido la suficiente masa crítica como para que esto tenga más arraigo, penetración, gente que se haga cargo, más difusión, debate. Yo recorro mucho el interior y en esos viajes me han dicho: “Ustedes los porteños se creen que esta es la pelea con Clarín y acá no tenemos Clarín, no llega. Nosotros tenemos que hacer las radios, necesitamos licencias”. Al haberse focalizado tanto alrededor de un grupo mediático, se tomaron en realidad muy pocas cosas de la ley, por eso el 90% de los artículos no fueron tocados por los decretos, pero tampoco fueron puestos en vigencia con la celeridad que eso correspondía. Como parte de la Coalición, he ido a hablar con funcionarios nuevos que no sabían absolutamente nada y nos ofrecimos a ser asesores gratuitos para que entendieran de qué se trataba la ley.
Recorro mucho el interior y en esos viajes me han dicho: ‘Ustedes los porteños se creen que esta es la pelea con Clarín y acá no tenemos Clarín, no llega. Nosotros tenemos que hacer las radios, necesitamos licencias’.
— ¿Y cuál fue la respuesta en ese caso?
— Negativa, porque ellos creían que la pelea era con Clarín. La pelea es contra Clarín, pero también contra la Turner, con la concentración. No sólo hay que entender eso, sino que además hay que comprender que el grupo Vila Manzano, el grupo Indalo o el grupo Spolszki no son distintos porque sean favorables políticamente. Todo depende de su esquema comercial y de los humores que tengan con el gobierno.
— ¿Se podría decir descuidaron otros aspectos de la ley como el plan técnico frecuencias de administración del espectro radioeléctrico?
— Según la ley, el plan técnico tenía que ser realizado en 180 días. Cada vez que íbamos al Afsca, les pedíamos que lo hicieran. Era simplemente determinar cuántas avenidas y calles hay en el sistema radioeléctrico. No se metieron con Clarín y tampoco con las redes nacionales que repetían radios de Buenos Aires, que hasta el día de hoy siguen retransmitiéndose cuando la ley dice que no se puede. No sirve tener una computadora con una radio de gran alcance porque se le dio una licencia, si la radio de la provincia o del pueblo en definitiva no existe.
— En ese sentido hubo declaraciones de parte del kirchnerismo de que la judicialización que implicó el enfrentamiento con Clarín obstaculizó la posibilidad de llevar adelante el resto de la ley.
— Creo que en realidad no supieron cómo hacer las dos cosas a la vez. La ley se sostiene sobre dos pilares: desmonopolización y multiplicidad de voces. La primera se entiende, pero no nos ponemos de acuerdo en cuál es la guerra, porque yo también quiero desmonopolizar, pero en mi opinión eso se lleva a cabo apelando a resortes económicos y no a resortes simbólicos o judiciales. Lo que no se entiende es la multiplicidad de voces. En el Afsca me han dicho: “Armamos un concurso en Tucumán y no se presentó nadie”. Y es lógico que eso pasara, porque hay que ir radio por radio. Armar cooperativas es un laburo impresionante y la gente necesita abogados, contadores, conocimiento. Eso lo tiene que poner el Estado. Ellos creían que la multiplicidad de voces se hace desde el mercado y no es así.
La ley se sostiene sobre dos pilares: desmonopolización y multiplicidad de voces. La primera se entiende, pero no nos ponemos de acuerdo en cuál es la guerra, porque yo también quiero desmonopolizar, pero en mi opinión eso se lleva a cabo apelando a resortes económicos y no a resortes simbólicos o judiciales.
— ¿Se podría decir entonces que hubo una suerte de desconexión entre la teoría y la práctica?
— Claro. La Coalición logró hacer una integración de muchos sectores con los cuales hay que trabajar para hacer posible la aplicación. No se hicieron las cosas con los actores, que es lo fundamental. Si se hubiera traído a la gente, se hubiera avanzado mucho más. Una de las mejores instituciones que logramos meter fue la Defensoría del Público, que logró cosas porque convocaba a la gente y a las empresas. Se hicieron, por ejemplo, encuentros con periodistas de todos los medios y con personas con discapacidad y con problemas de salud mental, de los cuales resultaron manuales de estilo brillantes.
— Un proceso conjunto.
— Es cultural, es un modelo de estado con participación de la gente. Si la ley se hizo así, ¿por qué no va a aplicarse con ese sistema? Cristina acompañó hasta acá, pero cuando puso los funcionarios que puso, ninguno quiso esto. Ahora la próxima etapa es seguir explicando. El otro día fuimos a hablar con una diputada radical de Cambiemos que trabajó con la OEA el acceso a la información pública, que es uno de los nuevos 21 puntos. Ahí tenemos un punto de enganche. El trabajo es hacer estas conexiones, que llevan tiempo requieren y reconocimiento del otro para que escuche.
Fuente: agenciapacourondo.com.ar
— ¿Cómo augura este escenario a futuro?
— El trabajo que tenemos es mucho más grande. A mí, personalmente, no me asusta. Pero si antes peleábamos integración, ahora peleamos porque no rompan el negocio completo, el bazar. Uno tiene que jugar con la realidad y tratar de que la gente vaya tomando consciencia de que la comunicación es un derecho humano y de que existe la libertad de expresión y el derecho a la información. Si eso cala, tarde o temprano el gobierno que fuere lo va a tener que respetar. Además hay que tener en cuenta que Macri no derogó la ley de medios, derogó una parte. El 90% de los artículos están todavía vivos. Por desinformación, se terminan diciendo cosas equivocadas. Todavía hay mucho. Logramos incluir en la ley el 33% de reserva del espectro para las entidades sin fines de lucro y eso no se va a perder, porque ya hay muchas organizaciones que han ocupado su lugar, que antes eran ilegales y clausuradas por la policía. Pero estos organismos deben saber que este es un derecho que ya tienen adquirido, que pueden defender. Yo no estoy mal en la medida en que haya gente que escuche. Por eso espero la audiencia del 8 de abril, porque se va a plantear todo esto.
El trabajo que tenemos es mucho más grande. A mí, personalmente, no me asusta. Pero si antes peleábamos integración, ahora peleamos porque no rompan el negocio completo, el bazar. Uno tiene que jugar con la realidad y tratar de que la gente vaya tomando consciencia de que la comunicación es un derecho humano y de que existe la libertad de expresión y el derecho a la información. Si eso cala, tarde o temprano el gobierno que fuere lo va a tener que respetar.
— ¿Cuáles son sus expectativas?
— Probablemente ellos van a decir que defendemos al kirchnerismo. Pero la comisión de la OEA depende de los estados, que tomaron conciencia de la libertad de expresión y algo van a plantear les van a decir, porque si no, no se hubiera hecho la audiencia. Nosotros pedimos que cuando vengan a la Argentina se sienten a discutir. Si escucharan, hay muchas cosas que son posibles de llevar adelante. Para mí el retroceso y lo más doloroso de todo es que no hay ningún tipo de diálogo. Pero si se puede sostener lo que hay y permitir que esto siga creciendo, después habrá más gente va a avanzar sobre el monopolio, que a su vez entra en contradicción. Quiero ver la pelea de la Turner contra Clarín, porque va a ser una lucha de monstruos. Y si la Turner lo llega a manejar todo, cuando se quieran tener noticias de Argentina, no habrá ninguna.
— En ese sentido, ¿cómo interpreta la salida de Argentina de Telesur?
— Fui director de Telesur un año. Había que llevar a discutir a Venezuela un cuadro político y de la comunicación y hacer un canal latinoamericano respetando a cada uno de los países. Fueron discusiones muy arduas en las que hice el manual de estilo en conjunto con varios representantes de distintos lugares, debatiendo qué era un canal estatal. Pero en esa primera etapa, el kirchnerismo actuó casi simbólicamente, porque el que dirigía el tema de la comunicación era Alberto Fernández, que nunca peleó para que Telesur se viera en las pantallas argentinas. Ahora perdimos la elección, ganó la derecha. Si se quiere que Macri mande a alguien a trabajar en Telesur, el resultado va a ser tener una CNN adentro de Telesur. En ese sentido está bien que se vaya. Yo no quiero que Macri se meta en Telesur y que los neoliberales estén en la misma mesa discutiendo un manual de estilo. Pero esto también abre la discusión sobre qué hacer para tener un canal popular. No puede ser sólo estatal, sino que debe ser del gobierno con la sociedad civil adentro de la dirección, como la ley propone. Entonces, cuando viene un gobierno de derecha, la sociedad civil está integrada y ya hay un empate. No hay gente empoderada discutiendo Telesur, sino que es una cuestión de cúpulas estatales. Desde lo estructural, faltó debate y desarrollo, pero sí pienso que Telesur tiene que estar en la grilla, aunque no esté el gobierno argentino. Esta derrota no me lleva a llorar, sino a ver cómo lo hacemos para la próxima, cómo se resuelve algo cuando un estado cambia la línea política ideológica y voltea todo, por no tener arraigo social.
