Brasil atraviesa en estos momentos una de las crisis políticas más grandes de su historia. En el día de ayer, el Congreso votó a favor del inicio de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en el medio de un escándalo de corrupción que sacude al país entero. Claves para entender un conflicto crítico para el futuro de América Latina.
En Marzo de 2014, Brasil se preparaba para ser el centro de las miradas por organizar la Copa Mundial de Fútbol cuando un escándalo de dimensiones impredecibles llegó a la tapa de todos los diarios: la policía descubrió una red de lavado de dinero que involucraba a Petrobras, la empresa estatal más importante de Latinoamérica, y a importantes políticos y empresarios locales. En una operación conocida como Lava Jato, la policía hizo pública una investigación que probaba la existencia de un sistema que lavaba dinero a través de lavanderías y estaciones de servicio en Brasil. Se calcula que a través de esa red pasaron más de 10 mil millones de reales. La denuncia involucraba contratos millonarios de empresas constructoras con Petrobras, sobornos y coimas pagadas a las autoridades, entre ellas a Pablo Costa, ex-director de la petrolera estatal, quien fue uno de los primeros condenados a prisión. Entre la nómina de millonarios condenados, se encuentra el empresario Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años por entregar más de 30 millones de dólares de sobornos a Petrobras. Este escándalo de corrupción fue conocido mundialmente bajo el nombre de Petrolão.
En una operación conocida como Lava Jato, la policía hizo pública una investigación que probaba la existencia de un sistema que lavaba dinero a través de lavanderías y estaciones de servicio en Brasil. Se calcula que a través de esa red pasaron más de 10 mil millones de reales. La denuncia involucraba contratos millonarios de empresas constructoras con Petrobras, sobornos y coimas pagadas a las autoridades.
A pesar de haber sido desde sus inicios un caso sin precedentes en la historia de Brasil, de a poco fue creciendo al incorporar a funcionarios del gobierno de Dilma Rousseff entre los cómplices y beneficiados por esta red de lavado de dinero. Dilma Rousseff fue reelecta en Octubre de 2014 con una ajustada victoria frente a Aécio Neves, otorgándole al Partido de los Trabajadores (PT) su cuarto mandato consecutivo al poder, luego de 2 mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva. Pero la recesión económica y la fuerte devaluación del real durante el 2015 contribuyeron a debilitar el poder de la presidente, sumado a que el escándalo de corrupción continuó escalando hasta las más altas esferas del gobierno del PT. En Octubre de 2015, el Congreso rechazó el pedido de juicio político contra la presidente Dilma, conocido popularmente como impeachment. En 1992, el Estado brasilero enfrentó un proceso similar, que terminó con la renuncia del presidente Fernando Collar de Melo.
La situación no mejoró durante el 2016 y se sucedieron distintas movilizaciones populares a favor y en contra de su gobierno. La consigna Fora Dilma se popularizó en las redes sociales y se convirtió en una bandera de los opositores a su gobierno. Del otro lado, los seguidores del partido denuncian que estas movilizaciones buscan desestabilizar un gobierno democrático que fue electo para tomar decisiones hasta el 2018. Más allá de los apoyos recibidos, el gobierno del PT perdió mucho poder político y se fue debilitando progresivamente.
La consigna Fora Dilma se popularizó en las redes sociales y se convirtió en una bandera de los opositores a su gobierno. Del otro lado, los seguidores del partido denuncian que estas movilizaciones buscan desestabilizar un gobierno democrático que fue electo para tomar decisiones hasta el 2018.
El tema volvió a las tapas de todos los diarios esta semana cuando el ex-presidente Lula da Silva fue llamado a declarar en el marco de la causa de lavado de dinero. En una extraña movida política, Dilma Rousseff propuso a Lula da Silva ser Jefe de Gabinete de su gobierno luego de que se conociera la citación de la justicia, lo que le daría al ex-presidente inmunidad frente a las denuncias. El ex-presidente asumió pero sólo por 10 horas, ya que su designación fue frenada por la Justicia. El gobierno de Dilma anunció que apelará a la medida.
Por otro lado, esta semana se aprobó finalmente el proceso de jucio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Durante 10 sesiones, Dilma tendrá posibilidades de plantear su defensa frente a las acusaciones, y luego la comisión formada para el impeachment deberá tomar una decisión. Hoy mismo comienza la primera jornada de un proceso que los opositores quieren acelerar lo más posible. Frente a esta situación, Dilma puede elegir renunciar a su puesto o enfrentar la decisión que tome la comisión que analiza su caso. Es un momento político muy complicado, ya que incluso quienes apoyan al Partido de los Trabajadores consideran que Dilma ya no tiene poder para gobernar a Brasil.
Durante 10 sesiones, Dilma tendrá posibilidades de plantear su defensa frente a las acusaciones, y luego la comisión formada para el impeachment deberá tomar una decisión. Hoy mismo comienza la primera jornada de un proceso que los opositores quieren acelerar lo más posible. Frente a esta situación, Dilma puede elegir renunciar a su puesto o enfrentar la decisión que tome la comisión que analiza su caso.
Las movilizaciones populares no han dejado de aumentar desde que se conocieron estas noticias. Quienes se oponen a este proceso afirman que el juicio político es anti-democrático y destituyente, y que sólo apoyaría al aumento del poder de la derecha en Latinoamérica, ya que el debilitado Partido de los Trabajadores no tendría poder para enfrentarse al candidato opositor Aécio Neves. Otros consideran que esta situación no tiene retorno y que sólo podría revertirse con un cambio necesario y radical. A cada hora se pone en juego el futuro político de nuestro país vecino. Sólo resta esperar para ver las consecuencias.