A menos de un mes del lanzamiento del protocolo denominado “antipiquetes”, la relación entre seguridad y represión se tensó de forma inquietante. En un contexto de creciente violencia social y política, las respuestas del gobierno de Mauricio Macri no permiten una mirada optimista sobre la cuestión y las suposiciones frente a las consecuencias que estas situaciones tendrán sobre el derecho a la protesta y la libertad de expresión, son más que evidentes. ¿Qué implica la aplicación de estas medidas frente a los despidos y las políticas económicas que son un grave golpe para los sectores más vulnerables?
El “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” presentado en el mes de febrero por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no tuvo una buena bienvenida. Tomando como puntapié la historia de las luchas sociales y de la represión en el país, esta medida puso en estado de alerta a las organizaciones populares y de derechos humanos. Rápidamente, estos actores, salieron a su enfrentamiento para evitar la instalación de una propuesta que impone una clara violación a derechos amparados por la Constitución Nacional.
En un evidente mensaje por preservar el orden público por encima de otras libertades, el protocolo fue acompañado por frases de la propia Patricia Bullrich con tono amenazante, tales como: «Les vamos a dar 5 o 10 minutos a los manifestantes, si no se van, los sacamos», e intentó establecer un modo de funcionamiento que debía ser acatado en lo inmediato. Luego de varias semanas, y debido al fuerte rechazo, desde el Ministerio afirmaron que la aplicación del protocolo está en un proceso de análisis y buscarán crear una guía que sea compartida por la sociedad para que «de acá a cuatro años» se avance paso a paso en la erradicación de los cortes de calle en todas las manifestaciones.
La letra no tan chica de la represión
En concreto, este protocolo ejerce una restricción al derecho a la protesta, limitando y segmentando las marchas que adquieran el estatuto de ser legitimadas por el Estado y las que no, dado que se dividirán entre las programadas y las espontáneas. En caso que las mismas sean de forma emergente, como lo son la mayoría, se procederá a tratar de diluirlas. De tal forma como señala el documento: “Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, (…) se procederá a intervenir y disolver la manifestación». Este tipo de afirmaciones, sin un modo de procedimiento específico, no son claras y prestan a confusiones debido a la ambigüedad que pueden ocasionar en aquellos que estén a cargo de cada operación.
Este protocolo ejerce una restricción al derecho a la protesta, limitando y segmentando las marchas que adquieran el estatuto de ser legitimadas por el Estado y las que no, dado que se dividirán entre las programadas y las espontáneas. En caso que las mismas sean de forma emergente, como lo son la mayoría, se procederá a tratar de diluirlas.
Además, algunas cuestiones que se mencionan aparecen relativizadas y otras directamente ni siquiera se mencionan. Teniendo en cuenta que se pone de manifiesto como más importante la necesidad de poder circular libremente por la calle más que cualquier otro tipo de derecho ciudadano, la pregunta es cómo se intervendrá y se disolverá una manifestación sin atentar contra la vida de las personas sí, por ejemplo, el mismo protocolo no niega la utilización de balas de goma para dispersar la protesta y peor aún, las de armas de fuego –prohibición que se había logrado en 2004, tal como manifestaron desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
El problema es, entonces, que al tener tantos vacíos, como ambigüedades y falta de aclaraciones, se presta de forma fácil a que muchas otras libertades sean ultrajadas y, en este sentido, tomando como base toda la historia argentina, la represión promete estar a la orden del día.
Siguiendo la misma dirección, y en caso de aplicarse su funcionamiento, la libertad de prensa también estará coartada, tal como se puede leer: «La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento«. La pregunta que habría que hacer es hasta qué punto esa protección al trabajo de la prensa va a estar mediado por su bienestar y no por conveniencia del poder, es decir, ¿en qué lugar ubicarán a la prensa en una situación de represión policial a una protesta? Si es la misma institución represora la que decide, no es muy difícil pensar la respuesta.
Foto: La Izquierda Diario
Las consecuencias sociales de un contexto teñido de venganza
Desde hace varios días se vive en un ambiente de venganza política frente al gobierno anterior y todo lo vinculado con el kirchnerismo, el cual permite recordar las épocas de proscripción del peronismo, y la violencia social parecería ganar batalla. Militantes heridos con balas de plomo, locales políticos baleados y un rebrote del nazismo como ejemplo de los peores símbolos de la derecha, frente al escaso repudio oficial, se empiezan a visibilizar como situación cotidiana.
El silencio cómplice (de los medios) por conveniencia frente al cambio de gobierno y la instalación de un discurso que demoniza la militancia en cualquier vertiente, señala a los trabajadores del estado como vagos y ñoquis, e instala como verdad una situación de destrucción estatal producto del anterior gobierno, permite generar un terreno fértil para poder avasallar -con apoyo social- cualquier derecho conseguido en los últimos años.
Mientras, los medios más poderosos juegan su papel de siempre. El silencio cómplice por conveniencia frente al cambio de gobierno y la instalación de un discurso que demoniza la militancia en cualquier vertiente, señala a los trabajadores del estado como vagos y ñoquis, e instala como verdad una situación de destrucción estatal producto del anterior gobierno, permite generar un terreno fértil para poder avasallar -con apoyo social- cualquier derecho conseguido en los últimos años. Del otro lado, los dirigentes de Cambiemos y el equipo de Mauricio Macri contribuyen en apañar y fomentar una visión negativa frente a su oposición y a todo lo que sea anterior a su llegada al poder.
Sumado a esto, el lanzamiento del protocolo se da en un contexto de emergencia en seguridad como excusa para combatir el narcotráfico y como promesa a un sector que se encandila frente a estos conceptos pero que en la realidad siempre termina afectando al mismo sector social: el más vulnerable. De esta forma, es difícil no pensar en las consecuencias sociales concretas que tendrá el protocolo en un entorno con ajuste, despidos y manifestaciones, y con un gobierno que desoye a los trabajadores. Frente a tanta urgencia económica en los sectores más populares, sólo con represión cierra el proyecto de Mauricio Macri.
¿Qué se puede esperar?
En esta situación, el odio no hace más que asentarse y la venganza política parecería reencarnar, recordando épocas nefastas de la historia argentina.
El gobierno entiende a estos conflictos sociales como un problema de seguridad: esta forma de encararlos no sólo profundiza la desigualdad social existente, sino que también acrecienta la incertidumbre de los despidos y la desconfianza frente a políticas que ya se han padecido crudamente.
La emergencia de este protocolo se produce en dicha trama social y la realidad es que solo apunta a solucionar por una vía superficial cuestiones que se deberían coordinar por un canal de escucha jurídico y no represivo, porque después de todo se trata del reclamo de derechos legítimos. Sin embargo, el gobierno entiende a estos conflictos sociales como un problema de seguridad: esta forma de encararlos no sólo profundiza la desigualdad social existente, sino que también acrecienta la incertidumbre de los despidos y la desconfianza frente a políticas que ya se han padecido crudamente.
Este protocolo que pretende coordinar la actuación del aparato de fuerza del Estado y restringir la forma en que se producen las manifestaciones y los reclamos por derechos vulnerados, aún no se aplicó con toda vehemencia. Pero, qué se puede esperar dada la historia de la institución policial, en un ambiente y con un gobierno que da el visto bueno en que ejerzan su poder represivo con total libertad. En este sentido, la única respuesta es la unión de los movimientos sociales, organizaciones y defensores de los derechos humanos que para enfrentar estas medidas deben defender como bandera que la movilización es un derecho popular.
