Ayer, en Plaza de Mayo, cientos de personas se congregaron con motivo del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género. Los carteles y las consignas evocaron el recuerdo de #NiUnaMenos, la multitudinaria marcha del 3 de junio que comenzó como una campaña en las redes sociales y que tuvo una amplia repercusión en la agenda de los medios, reforzando la visibilidad de una problemática social que no es nueva. Muchos fueron en ese momento los reclamos alrededor de un tema que tiene sus raíces en circunstancias más profundas. (Foto de portada: www.lavoz.com.ar).
Lo recorrido
Las políticas públicas para enfrentar la violencia de género han avanzado considerablemente en los últimos años. Uno de los pasos más importantes fue la sanción y reglamentación en 2009 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, una normativa integral que abarca las distintas manifestaciones de violencia, no sólo la familiar y la doméstica y se propone coordinar iniciativas de capacitación, generación de información y asistencia. A partir de la ley, “quedan establecidos como tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica, las cuales se pueden dar en los ámbitos doméstico, institucional, mediático, laboral, y obstétrico y contra la libertad reproductiva”.
Uno de los pasos más importantes fue la sanción y reglamentación en 2009 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, una normativa integral que abarca las distintas manifestaciones de violencia, no sólo la familiar y la doméstica y se propone coordinar iniciativas de capacitación, generación de información y asistencia.
De este modo, se sentó un basamento legal que antes era endeble y se abrió el terreno para una serie de iniciativas fundamentales como la implementación de atención telefónica unificada en todo el país para las víctimas de violencia de género a través de la línea 144, la incorporación de la figura de femicidio al Código Penal, la realización de campañas de concientización, la creación de organismos y programas destinados a la asistencia y recolección de información y la sanción de una serie de leyes esenciales para afrontar la problemática como La Ley de Identidad de Género, la Ley de Prevención y Sanción contra la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y la Ley de Parto Humanizado
Sin ir más lejos, en el día de la fecha fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial la Ley de Asistencia Legal Gratuita para las Víctimas de Violencia de Género, sancionada el 4 de noviembre pasado. La norma prevé la creación de un cuerpo de abogados especialmente dedicados a brindar ayuda y garantizar así el acceso a la justicia, además de la coordinación y la cooperación con otros organismos dependientes del Poder Ejecutivo, Judicial y del Ministerio Público de la Defensa y Fiscal. La ley también busca fomentar la producción de informes e investigaciones para tener datos estadísticos certeros, uno de los requerimientos más importantes a la hora de planificar políticas públicas.
Lo que falta
Las normativas sancionadas y los organismos creados son fundamentales para contar con un respaldo legal y material que permita tener los recursos necesarios para afrontar la violencia de género. Sin embargo, mucho de lo previsto aún no ha sido plenamente desarrollado y la disparidad que se registra entre las distintas regiones del país en la aplicación de las acciones pone de manifiesto la falta de recursos y su distribución poco equitativa.
Según un informe elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, organización sin fines de lucro fundada en 2003, aún no se cuenta con información sistematizada a nivel nacional. La parcialización de los registros estadísticos, la falta de encuestas y la escasa y hasta a veces nula difusión de los resultados de los programas y organismos no permite dar cuenta del verdadero alcance de las políticas y servicios implementados. La investigación destaca la necesidad de un Plan Nacional de Violencia que pueda ser monitoreado públicamente y que si bien fue elaborado y validado entre el 2011 y el 2012, su contenido aún se desconoce.
La parcialización de los registros estadísticos, la falta de encuestas y la escasa y hasta a veces nula difusión de los resultados de los programas y organismos no permite dar cuenta del verdadero alcance de las políticas y servicios implementados.
Mientras tanto, en Capital
Una de las preocupaciones expresadas por muchas de las personas que marcharon en el día de ayer fue el curso que tendrán las políticas relacionadas con la violencia de género a nivel nacional a partir del recambio presidencial, considerando que la gestión del PRO en el Gobierno de la Ciudad ha traído como consecuencia un retroceso en la materia. Los recortes presupuestarios y el vaciamiento de personal implicaron una reducción de la capacidad de los organismos para enfrentar la violencia de género y para asistir a las víctimas.
Los recortes presupuestarios y el vaciamiento de personal implicaron una reducción de la capacidad de los organismos para enfrentar la violencia de género y para asistir a las víctimas.
Para nombrar sólo algunas de las tantas decisiones políticas que afectaron a la lucha contra la violencia de género en el ámbito porteño, se ha registrado que, en los últimos ocho años, la Dirección General de la Mujer sufrió una reducción de su presupuesto del 50% y una disminución de más de cien trabajadores entre el 2009 y el 2012. Según un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo recibe uno de los porcentajes más bajos del total asignado por el Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente en la actualidad al 1,6%.
Por otro lado, se quitaron recursos del Programa de Atención a Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual y la falta de personal se replica en el programa Noviazgos Violentos. La cantidad de consultas mostró una disminución, lo que también se corresponde con una falta de difusión adecuada de los servicios. Desde el 2003, no se han aumentado el número de Centros Integrales de la Mujer, que no alcanzan a cubrir la totalidad de las comunas porteñas. La Ciudad carece además de un servicio de emergencias propio que permita complementar la línea 144 implementada por el estado nacional.
Debajo de la superficie
Según un informe elaborado por la Asociación Civil, La Casa del Encuentro, desde enero hasta octubre de 2015, se han registrado 233 femicidios en la Argentina que se suman a los 1808 contabilizados entre el 2008 y el 2014. Los números muestran una realidad aberrante que requiere de esfuerzos coordinados que permitan materializar las normativas y los basamentos legales en logros concretos.
Los femicidios y todas las manifestaciones de violencia de género son el último eslabón de una cadena de estereotipos y discriminación naturalizada en lo más profundo del discurso cotidiano, que comienza por juzgar a las víctimas por sus vestimenta, hábitos y relaciones. Un discurso que se reinstala constantemente entre las pantallas de televisión, las hojas del diario y las conversaciones de café, que está presente desde el momento en que la mujer es estigmatizada por aquello por lo que el hombre es aplaudido y a partir del instante en que se la considera desigual y se la transforma en objeto de maltrato. Porque no cabe duda de que la violencia cosifica, como sucedió con todas aquellas mujeres encontradas en bolsas de consorcio, entre cartones y alcantarillas. Y después cosifica de nuevo, cuando se criminaliza a las víctimas con total impunidad.
Los femicidios y todas las manifestaciones de violencia de género son el último eslabón de una cadena de estereotipos y discriminación naturalizada en lo más profundo del discurso cotidiano, que comienza por juzgar a las víctimas por sus vestimenta, hábitos y relaciones.
Además de las medidas y los planes de acción a seguir para afrontar esta problemática, es necesario tomar consciencia de que los femicidios y cualquier forma de violencia, ya sea física, verbal o simbólica, están sustentados por relaciones de dominación profundamente arraigadas en la sociedad que es necesario identificar si queremos que la lucha no quede encasillada al interior de un hashtag.
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