La provincia de Córdoba vive hace años envuelta en controversias que se despiertan a raíz del accionar policial, tanto en lo referido a casos de violencia, torturas e incluso asesinatos en su conocida modalidad del «gatillo fácil», como así también en torno a las detenciones ilegales. Hasta aquí, nada que la distinga mucho del resto de las provincias del país, gobernadas por dirigentes de distintos signos políticos. Sin embargo, Córdoba se caracteriza por contar con un marco legal que ampara y arbitra este tipo de detenciones cuyos resultados no son más que la constante persecución de un sector delimitado de jóvenes de la sociedad. En este contexto, se está sustanciando en este momento un juicio en el que por primera vez se tiene como acusado a un ex comisario que evaluaba el desempeño de sus oficiales por medio de «puntos» que se obtenían de acuerdo a la cantidad de detenciones realizadas por mes, y que pone al desnudo la maquinaria a través de la cual se ejecuta este tipo de política de seguridad.
Un Código sin códigos
El Código de Faltas, sancionado en 1994, durante el gobierno de Eduardo Angeloz e implementado con mayor dureza a partir del primer mandato de José Manuel de la Sota, es una ley provincial que tiene como supuesto propósito tipificar infracciones que no figuran en el Código Penal y que perjudicarían la convivencia cotidiana de los cordobeses. El problema es que incluye algunas conductas completamente inocuas o que están otorgadas como derechos en la Constitución Nacional. Una de ellas, y la de mayor discusión, es la conocida figura del «merodeo». Dicta la norma: «Serán sancionados con (…) arresto de hasta cinco (5) días, los que merodearen edificios o vehículos, (…) o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos.”
Una de las principales críticas proviene de esta parte, ya que por un lado la ley atenta contra el derecho constitucional a transitar libremente, y por otro, la ambigua definición de merodeo deja a al subjetivo criterio de cada policía (o comisario, o quien dé la orden) la interpretación de la misma. El resultado termina siendo siempre el mismo: los afectados son los jóvenes que responden a ciertos rasgos físicos, como el color de piel, la vestimenta, el corte de pelo, todos ellos ajustados a estereotipos social y culturalmente validados. Se sabe que al menos la mitad de las detenciones realizadas por la policía de la Provincia son por esta confusa figura y por otras igualmente vagas como «escándalo en la vía pública».
Otra gran crítica tiene que ver con la cuestión procedimental. Estas se refieren especialmente a que se estaría violando el legítimo derecho a la defensa y el acceso a la justicia, ya que el Código valida que los detenidos sean acusados, juzgados y condenados por la misma policía y sin intervención de un abogado.
Un comisario más
Foto: El Argentino Córdoba
Pablo Márquez era un comisario más que trabajaba comandando las acciones del CAP (Comando de Acción Preventiva) N° 8. «Aunque no pase nada, yo quiero detenidos en todas las guardias», solía decirles a sus subordinados. Cuando esto no sucedía, los hacía quedar horas extras, no pagas, para alcanzar los objetivos impuestos. No conforme con esta modalidad, instauró un sistema de premios y castigos con puntos: a cada agente asignaba 3 puntos por cada detención realizada en el marco del Código de Faltas, 2 por delitos y medio punto por secuestro de vehículos. A fin de cada mes, se hacían las cuentas y los uniformados con mayor cantidad de puntos eran premiados y los otros castigados. Los premios y castigos tenían que ver con lo económico y con las horas de trabajo, aunque los castigos también solían incluir sanciones y hostigaciones.
Dejó de ser un comisario más el día en que una oficial de su dependencia decidió denunciarlo ante la justicia por esta práctica, a lo que el fiscal comenzó a tomar declaraciones a otros compañeros afectados por la misma modalidad, corroborando las acusaciones. Todos los policías que «cantaron» fueron castigados con traslados, sanciones administrativas y maltratos en la fuerza, tanto por parte de superiores como por otros subordinados, pero pese a ello, el caso no sólo logró ser elevado a juicio contando con alrededor de catorce testigos que ratifican las acusaciones, sino que además, a instancias de lo avanzado en las declaraciones, se le agregaron imputaciones (a las de detenciones arbitrarias e ilegales se le añadieron las de abuso de autoridad agravado y coacción), complicando aún más la situación del acusado, cuya condena ahora podría llegar a los 20 años de prisión.
¿Caso aislado o modus operandi?
Foto: Traslasierra Noticias
Si bien nadie les va a devolver el tiempo ni la dignidad perdidas a las quien sabe cuántas personas detenidas en esa comisaría, ni se les va a pedir disculpas -como si de algo sirvieran- por los daños de todo tipo ocasionados (horas perdidas, ausencias laborales, problemas familiares, humillación pública, antecedentes policiales, etc.), que se esté llevando a cabo el juicio contra el ex comisario reviste una importancia jurídica, institucional y social que no se puede desconocer, ya que en el mencionado contexto de una ley criticada por inconstitucional y arbitraria es la primera vez que se juzga a alguien por este tipo de acusaciones. Sin embargo, resulta difícil no sospechar que el caso juzgado no sea un caso puntual, y que en realidad constituya el resultado de una bajada de línea institucional proveniente a su vez de decisiones políticas tomadas de manera deliberada.
Resulta difícil no sospechar que el caso juzgado no sea un caso puntual, y que en realidad constituya el resultado de una bajada de línea institucional proveniente a su vez de decisiones políticas tomadas de manera deliberada.
Uno de los elementos que invitan a pensar de ese modo es el «premio» recibido por el comisario, ya que al poco tiempo de haber sido denunciado y trasladado a un puesto de menor importancia y responsabilidades, una vez apaciguado el revuelo mediático fue ascendido a un puesto administrativo de relativa relevancia en la central de policía de la Provincia, para luego ser finalmente dado de baja ante la inminencia del juicio con el seguimiento de los medios que implicaría.
Otro elemento que apunta en esa dirección es el inalterable discurso público del gobernador De la Sota, de su sucesor, Juan Schiaretti, de los sucesivos jefes de la Policía y ministros de seguridad, y de todo el círculo duro perteneciente al delasotismo, en el cual constantemente se avala la aplicación del Código de Faltas, con énfasis en la figura del merodeo, según ellos la herramienta más útil para la prevención del delito, a pesar de que las estadísticas muestren lo contrario (Córdoba cuenta con una cantidad desproporcionada de policías, 611 cada 100 mil habitantes, cuando lo recomendado por la ONU es 280, y tiene una tasa delictiva más alta que la misma Buenos Aires o Santa Fe en lo que respecta a hurtos y robos). Por otra parte, la Policía se niega hace años a brindar estadísticas que incluyan las acciones preventivas y represivas realizadas en el marco de lo establecido por el Código de Faltas, lo cual, más allá de enturbiar el panorama y la credibilidad, señala que la apuesta del gobierno cordobés en este terreno va en dirección de fortalecer la «sensación» de seguridad en la gente -no sin el apoyo de los grandes monopolios mediáticos que son casualmente los que mayor dinero en concepto de pauta publicitaria oficial reciben- mediante la saturación exagerada y visible de uniformados, a lo que en el último año se le añadió la modalidad de las «razias» o redadas en los barrios más pobres, en los que la Policía actúa de manera autónoma, en muchos casos sin órdenes de detención ni de allanamiento, reteniendo a cientos de personas por contravenciones al Código de Faltas, y sólo un escaso porcentaje por la imputación de algún delito tipificado en el Código Penal.
Córdoba cuenta con una cantidad desproporcionada de policías, 611 cada 100 mil habitantes, cuando lo recomendado por la ONU es 280, y tiene una tasa delictiva más alta que la misma Buenos Aires o Santa Fe en lo que respecta a hurtos y robos.
En este sentido, cabe recalcar que desde los organismos se calcula que, siguiendo la misma tendencia (desde 2012 la Policía se niega a hacer públicas las estadísticas),se realizan alrededor de 200 detenciones diarias, lo que arroja un total anual de 73 mil. Haciendo otro cálculo, el resultado es alarmante: cada 7 minutos un joven es detenido por la policía.
Cabe recalcar que desde los organismos se calcula que, siguiendo la misma tendencia (desde 2012 la Policía se niega a hacer públicas las estadísticas),se realizan alrededor de 200 detenciones diarias, lo que arroja un total anual de 73 mil. Haciendo otro cálculo, el resultado es alarmante: cada 7 minutos un joven es detenido por la policía.
En resumen, todo nos lleva por la senda de creer que el juicio contra el ex comisario Pablo Márquez no se trata de un caso aislado, sino de un proceso que juzga hechos que no se alejan mucho de la tarea cotidiana en cualquier comisaría, un «modus operandi», en su propia jerga, sólo que en este caso hubo una mujer cansada de los malos tratos y las injusticias laborales recibidas que se animó a denunciar los hechos, seguida de más de una docena de compañeros que se animaron a ratificar sus acusaciones a pesar de lo que ello conlleva en una fuerza de estructura verticalista y sin la necesaria reestructuración post dictadura como es la Policía de Córdoba.
Resistiendo con gorra
A estos datos, se vienen sumando hechos igualmente alarmantes, como los numerosos casos de gatillo fácil, algunos de ellos con uniformados imputados; las casi cotidianas denuncias de violencia policial en las más variadas formas; y la desaparición de personas en las que se sospecha algún grado de participación, ya sea por acción u omisión, de la fuerza policial.
En este contexto, el horizonte de lucha viene dado por numerosas organizaciones que resisten, articuladas desde los distintos espacios políticos, partidarios y apartidarios, y que encuentra su punto culmine en la Marcha de la Gorra, convocada por el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, en la que participan decenas de organizaciones y que en su última edición tuvo una convocatoria de más de 20 mil personas que, a contrapelo de lo que dictan las urnas y los medios masivos cordobeses, copan por un día las calles y los espacios céntricos que habitualmente le son vedados a los jóvenes mediante las prácticas arbitrarias a las que el Código de Faltas da lugar, exigiendo su derogación, el cese de la brutalidad policial, el esclarecimiento de los casos de gatillo fácil y las desapariciones en democracia, y la reestructuración de una policía manchada por estas salvajes prácticas y por el famoso «narcoescándalo», tema con mucha tela para cortar en otra oportunidad.
La novena edición de la Marcha de la Gorra se realizará este año el viernes 20 de noviembre a las 18 horas, partiendo de la clásica esquina de Colón y Cañada, y se espera superar la convocatoria de años anteriores.
