En México los derechos humanos están atravesando una crisis que ha tenido un profundo impacto en la libertad de expresión y de protesta. En los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil han registrado un aumento de la violencia que abarca desde agresiones y detenciones ilegales hasta torturas, homicidios y desapariciones. En un escenario marcado por la impunidad y la negligencia de las autoridades estatales, las víctimas aumentan y engrosan estadísticas que se naturalizan y no permiten cuestionar sus causas estructurales.
Por Laura Verdile y Giuliana Sordo
100.000 asesinatos, más de 25.000 desapariciones. Sería difícil encontrar el momento determinado en que la espiral de violencia se salió de control hasta desencadenar lo que muchos países latinoamericanos denominan como la crisis humanitaria mexicana. La corrupción, la represión, el crimen organizado y la impunidad se convirtieron en una realidad cotidiana que persiste ante una multiplicidad de incansables denuncias que son silenciadas a fuerza de golpes a la libertad de expresión y de protesta que evitan indagar en problemáticas más profundas.
Una lectura por numerosos portales de noticias deja al descubierto múltiples agresiones que pasan a formar parte de un incontable número de violaciones contra los derechos humanos. El caso de los estudiantes mexicanos desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, fue la gota que hizo explotar una situación latente en el país: la fuerte represión a la protesta, a la expresión y a la difusión de información, debido a las múltiples reformas estructurales que el estado imprimió, siguiendo a rajatabla las medidas impuestas por un neoliberalismo que sigue rigiendo la agenda pública y las necesidades a escala planetaria.
Foto: Reporte Indigo
La «guerra contra el narcotráfico»: el origen de la violencia
Actualmente, México es el primer mercado de consumo de drogas en el mundo y los carteles de narcotraficantes hacen de la violencia un código de disciplinamiento. La brutalidad de sus actos se ha convertido en una sello distintivo que con cada nuevo crimen deja huellas imborrables en el espacio público. En diciembre de 2006 y a menos de dos semanas de haber asumido la presidencia, el ex mandatario, Felipe Calderón declaró la denominada “guerra contra el narcotráfico”, a través de un operativo en el que alrededor de 5.000 soldados y policías recibieron la orden de enfrentarse con el crimen organizado, comenzando por el estado de Michoacán, lugar de tránsito estratégico para el narcotráfico.
Se estima que fueron asesinadas alrededor de 100.000 personas, entre ellos, jóvenes, niños y periodistas que murieron durante enfrentamientos armados o en ataques directos. Se registraron además miles de desapariciones, secuestros, violaciones y torturas.
A casi nueve años del día en que Calderón lanzó la “Operación Conjunta Michoacán”, se estima que fueron asesinadas alrededor de 100.000 personas, entre ellos, jóvenes, niños y periodistas que murieron durante enfrentamientos armados o en ataques directos. Se registraron además miles de desapariciones, secuestros, violaciones y torturas. En las calles del país latinoamericano patrullan tropas, pero también grupos paramilitares y sicarios que multiplican las situaciones de violencia. Sin embargo, las cifras totales aún no son parte de una base de datos pública, lo cual constituye un reclamo de numerosas organizaciones civiles para facilitar las investigaciones.
El escenario planteado se sostiene mediante pilares débiles. Las autoridades judiciales sólo han conseguido procesar a un porcentaje ínfimo del total de detenidos en la cruzada contra el narcotráfico. La situación parece irrefrenable, a tal punto que de forma paralela han surgido grupos de autodefensa y milicias civiles que acrecientan la escalada de la violencia, en lugar de aplacarla. Numerosos funcionarios locales y federales son acusados de vinculaciones con el crimen organizado y, en este marco, los planteos de defensa del país proclamados por el Estado se vuelven cada vez más dudosos y se perciben como un velo que encubre una realidad difusa que aparenta estar lejos de aclararse.
“El violento oficio de escribir”
“No se mata la verdad matando periodistas”. La frase se lee en banderas, afiches y remeras. Entre dibujos de papeles rotos, lapiceras ensangrentadas y cámaras fotográficas cubiertas de rosas blancas. En Veracruz, en Oaxaca, en Guanajuato, en el Distrito Federal. Se repite incansablemente en todo el país y se gritó en las calles al menos siete veces durante el 2015. La protesta más reciente fue por Rubén Espinosa Becerril, fotoreportero asesinado el pasado 31 de julio en la colonia de Narvarte junto a otras cuatro mujeres. “El trabajo que desempeñamos carece de total garantía en cuestión de seguridad personal y laboral”, declaró Rubén en una entrevista . Su caso sigue aún sin resolver y se suma a una extensa lista de ataques a la libertad de expresión, que están lejos de resolverse.
Si bien la responsabilidad de los ataques se atribuyen a las organizaciones de narcotráfico que buscan silenciar las denuncias, existen múltiples intimidaciones por parte de las autoridades federales y estatales que no sólo no llevan adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los crímenes, sino que en muchos casos buscan evitar la difusión de informaciones relacionadas con hechos de violencia.
La situación no es nueva. Hace ya años que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. De acuerdo a los informes de “Periodistas sin fronteras”, alrededor de 88 periodistas han sido asesinados en la última década y al menos 17 han desaparecido. Según la organización internacional Artículo 19, en el primer semestre de 2015 se registraron 227 agresiones contra la prensa, la mayoría de ellas ocurridas en Guerrero, con 38 ataques y en el Distrito Federal, con 33. Por su parte, el estado de Veracruz, hogar natal de Rubén Espinosa, Regina Martínez y muchos otros periodistas asesinados, es considerada una de las regiones más peligrosas de Latinoamérica para la libertad de expresión. Desde el 2010, se registran catorce asesinatos, cuatro desapariciones y más de veinte exiliados que se vieron obligados abandonar el lugar por amenazas de muerte. Amnistía, una organización internacional que trabaja en defensa de los derechos humanos en todo el mundo, manifestó en su informe 2014/2015: “Numerosos defensores de los derechos humanos y periodistas sufrieron ataques, amenazas o fueron víctima de homicidio como represalia por desempeñar su legítima tarea (…). La impunidad generalizada alimentó el clima de inseguridad en el que desarrollaban su labor.”
Infografía – Artículo 19
Si bien la responsabilidad de los ataques se atribuyen a las organizaciones de narcotráfico que buscan silenciar las denuncias, existen múltiples intimidaciones por parte de las autoridades federales y estatales que no sólo no llevan adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los crímenes, sino que en muchos casos buscan evitar la difusión de informaciones relacionadas con hechos de violencia. En otras palabras, el estado es responsable de esta situación por acción u omisión. Según Artículo 19, se estima que el 48% de los casos de agresiones a periodistas fueron incitadas por funcionarios públicos. La situación se ve agravada por la negativa de las autoridades a reconocer, la mayor parte de las veces, que la relación de los crímenes con la profesión periodística. Y al negar, se oculta lo que esto implica por detrás.
Un informe del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia registra que, durante los primeros meses de la asunción del actual presiedente Enrique Peña Nieto, los medios de comunicación disminuyeron notablemente la cobertura sobre los hechos de violencia y de crimen organizado, tendencia visible tanto en las portadas como en las principales noticias de los medios gráficos y audiovisuales. De esta forma, se vuelve cada vez más evidente los vínculos entre el encubrimiento, la omisión y la violación a los derechos humanos. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, alrededor de un 90% de los crímenes vinculados a la libertad de expresión siguen impunes. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión no avanzó en la investigación de muchos de los casos por no contar con la autorización de los funcionarios del estado.
Los medios de comunicación disminuyeron notablemente la cobertura sobre los hechos de violencia y de crimen organizado. De esta forma, se vuelve cada vez más evidente los vínculos entre el encubrimiento, la omisión y la violación a los derechos humanos.
El marco jurídico es otra cuestión a analizar y que intensifica la situación de auto-censura frente a la violencia vivida. Según el Informe de la organización “Freedom House”, aún siguen existiendo leyes contra la difamación en los códigos penales de 12 de los 32 estados del país, lo cual no sólo es utilizado como un instrumento para intimidar a los periodistas sino que se vuelve una herramienta fundamental a la hora de criminalizar la libertad de expresión. El mismo procedimiento se repite recurriendo a las figuras legales de injurias y calumnias.
Foto: Enrique Villaseñor – Facción Latina
La protesta social: desapariciones forzadas, criminalización y ocultamiento
El caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, que ha cumplido un año el pasado 26 de septiembre, representa la cara visible de una situación aún más aberrante. A partir de este hecho, las investigaciones revelaron la existencia de varias fosas comunes y un vertedero que contenía restos humanos. Los estudiantes normalistas son un ejemplo junto a muchos periodistas y defensores de los derechos humanos de los tantos casos que se manifiestan contra las reformas estructurales que imponen la reducción y el desmantelamiento del Estado que el régimen de Enrique Peña Nieto ha perpetrado en estos tres años que lleva al frente del gobierno mexicano.
Foto: Franco Trovato Fuoco – Facción Latina
Según Amnistía Internacional en el informe 2014/2015 que recorre “La situación de los DD.HH. en todo el mundo”, las distintas reformas legislativas que el gobierno mexicano comenzó a imponer en temáticas como la energía, las telecomunicaciones y la organización política, no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos y suponen una amenaza para la libertad de expresión y de protesta. Tales cambios implican, entre otras cosas, el uso de fuerza legítimo por funcionarios encargados de mantener el orden durante distintas manifestaciones.
Los estudiantes normalistas son un ejemplo junto a muchos periodistas y defensores de los derechos humanos de los tantos casos que se manifiestan contra las reformas estructurales que imponen la reducción y el desmantelamiento del Estado que el régimen de Enrique Peña Nieto ha perpetrado en estos tres años que lleva al frente del gobierno mexicano.
Frente a estas reformas, la protesta social fue en aumento y la respuesta fue su criminalización, el silencio y la represión brutal. La organización Amnistía afirma que desde 2007 un promedio de 11 personas por día son sujeto de desaparición forzada, sumando a la fecha más de 25.000. En la mayoría de los casos el paradero de las víctimas sigue sin ser descubierto. Además, varios activistas se enfrentaron a procesos judiciales por cargos penales que parecían obedecer a motivos políticos en represalia por participar en manifestaciones o desempeñar sus actividades legítimas, como sucede en el caso de los trabajadores de la prensa.
En agosto de 2014, el gobierno de Peña Nieto reconoció que al momento se encontraban desaparecidas 22.611 personas, de las cuales 9.790 desaparecieron durante el actual gobierno y 12.821 durante la gestión del ex mandatario Felipe Calderón (2006-2012). Sin embargo, el gobierno no hizo pública la metodología empleada para obtener esas cifras. En términos judiciales, sólo se dictaron siete condenas por el delito de desaparición forzada, todas ellas entre 2005 y 2010. En todos estos casos, la impunidad se convirtió en la norma.
En un país pluricultural como lo es México, al restringir la protesta social frente a reformas que no benefician a la mayoría de la población, las demandas de los sectores más vulnerables se invisibilizan y se desoyen hasta quedar perdidas en el silencio. Sin embargo, el caso de Ayotzinapa permitió reproducir con más fuerza las manifestaciones sociales contra el estado y visibilizar una problemática latente en el país, dando cuenta de que los vínculos entre el gobierno y los funcionarios mexicanos, las fuerzas militares, los carteles de narcotraficantes y los poderes económicos más concentrados ya no pueden ser ocultados.
Foto: Sofía González – Conectas
En búsqueda de explicaciones más profundas
La respuesta al tema de los derechos humanos en México quizás sea la misma que se puede encontrar en las múltiples situaciones de desigualdad en todas las partes del mundo, en esa brecha existente entre ricos y pobres que cada vez se agiganta más en cualquier parte de los denominados primer o tercer mundo. Distintos organismos internacionales, aún respondiendo a los intereses de los estados más poderosos, siguen multiplicando las denuncias que “critican” la deficiente -o nula- distribución de la riqueza en la mayoría de los países.
La respuesta al tema derechos humanos en México, quizás sea la misma que se puede encontrar en las múltiples situaciones de desigualdad en todas las partes del mundo, en esa brecha existente entre ricos y pobres que cada vez se agiganta más.
Cuando el capital se hace presente con más fuerza buscando imponer su visión totalizadora de la realidad basada en el libre juego entre oferta y demanda del mercado y negando la existencia de la concentración de poder, se produce con más intensidad un choque de intereses entre todos los sectores de la sociedad. En paralelo, se suceden las resistencias sociales, las protestas y los reclamos de aquellos que rechazan la exclusión y las formas que el neoliberalismo ha adoptado en las últimas décadas, no sólo en México, sino en otros países del sur del continente y, que, frente a la condena social, no tiene otra alternativa que perpetuar sus transformaciones políticas, sociales y económicas mediante una represión feroz.
La situación mexicana debe circunscribirse a la realidad de un capitalismo que por más expresión humana que tenga, siempre sobrevivirá mediante la explotación, la desigualdad y la miseria de la mayoría de la población. En el país latinoamericano en cuestión la violencia está a la orden del día cruda y explícitamente porque hay un sistema por detrás que permite que se sucedan múltiples violaciones a los derechos humanos sin indagar de forma profunda en las causas e intereses que las atraviesan.
Foto: i.sdpnoticias.com
