En noviembre del 2014, Teresa Parodi, actual Ministra de Cultura, presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley Federal de Culturas. La iniciativa se realizó en forma conjunta con el Frente de Artistas y de Trabajadores de la Cultura atendiendo a la necesidad de descentralizar las políticas culturales y lograr considerar a la cultura como un derecho humano universal. Después de un debate en el que participaron alrededor de 12 mil personas en 46 foros organizados alrededor del país, el anteproyecto terminó de definirse en el mes de mayo. Ahora sólo falta que sea presentado ante el Ejecutivo para su sanción. (Foto: cultura.gob.ar)
Cuando a fines del año 2014 Teresa Parodi presentó en el Teatro Nacional Cervantes la propuesta de elaboración colectiva de la Ley Federal de Culturas, se dio impulso a un aporte sustancial para el desarrollo de una dimensión que en el último tiempo ha comenzado a cobrar más visibilidad en la agenda pública. Un claro ejemplo de esa situación es la Ley de Centros Culturales, sancionada el 18 de diciembre de 2014 que, en defensa de la producción cultural local, cooperativa y comunitaria funciona como un marco legal para proteger a los espacios autogestivos de las múltiples clausuras llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad. Siguiendo esta línea, la Ley Federal de Culturas, implica el fomento de la diversidad y la descentralización de recursos simbólicos y materiales.
Delinear un marco legal es un primer paso para quebrar la lógica multitudinaria de lo masivo, que reproduce la presencia excluyente de los artistas de renombre y no ofrece espacio a la expresión local
En un contexto en el que predomina la política de los grandes eventos protagonizados por estrellas centrales y sponsors de marcas multinacionales, una de las propuestas de la ley es servir como un sustento que permita dar mayores posibilidades de participación activa a los pequeños productores, dando así lugar a las voces invisibilizadas. Delinear un marco legal es un primer paso para quebrar la lógica multitudinaria de lo masivo, que reproduce la presencia excluyente de los artistas de renombre y no ofrece espacio a la expresión local. La ley, no sólo permitirá definir un proyecto de cultura de nación sino que, de sancionarse, representará un cambio sustancial en la situación de todos los artistas y gestores culturales que de acuerdo a lo propuesto en el anteproyecto serán definidos por su condición de trabajadores de culturas.
Si bien el borrador del proyecto presenta varias especificaciones, se pueden destacar al menos dos ejes principales. En primer lugar la dimensión presupuestaria, que implicaría destinar al menos un 1% del presupuesto nacional a políticas públicas culturales. En segundo término, la promoción de la institucionalidad cultural, de espacios de debate y encuentro que al incluir la voz de los propios creadores, generen nuevas formas de interlocución entre la sociedad y el Estado. Es por esto que la ley contempla la posibilidad de que existan observatorios regionales, autárquicos y radicados en universidades públicas con el propósito de lograr un seguimiento y una evaluación sistemática de las políticas culturales.
En un contexto en el que predomina la política de los grandes eventos protagonizados por estrellas centrales, una de las propuestas de la ley es servir como un sustento que permita dar mayores posibilidades de participación activa a los pequeños productores, dando lugar a las voces invisibilizadas.
Aunque la Ley Federal de Culturas aún tiene mucho camino por recorrer, representa un primer paso para la canalización de demandas latentes de sectores que fueron postergadas durante años. Es un marco para un proceso más amplio que busca fomentar la pluralidad y valorizar el circuito de trabajadores de la cultura a nivel local, regional y nacional. Quizás el desafío sea profundizar el trabajo de esta iniciativa para lograr desarrollar la diversidad, sin que la propuesta quede encasillada entre pujas partidarias. En definitiva, la cultura, en tanto derecho humano, nos involucra a todos.
