Los medios de comunicación nos han acostumbrado a presentar los resultados de las encuestas electorales como datos irrefutables, pero los números de las últimas elecciones porteñas demostraron que el margen de error puede convertirse en un abismo entre construcción y realidad. ¿Qué dice la ley sobre las encuestadoras? ¿Cuál es el rol de los medios al difundir los datos que proveen?
La discusión alrededor del rol de las encuestadoras en la arena política no es nuevo, pero se reavivó luego de que varias de ellas predijeran a Horacio Rodríguez Larreta (PRO) como un cómodo ganador del ballotage porteño en el que se enfrentó con Martín Lousteau (ECO). El portal de El Cronista Comercial tituló “Según una encuesta, Larreta ganaría el ballotage por 12 puntos”, el portal de Perfil.com publicó que “Larreta le ganaría a Lousteau por trece puntos” y el de La Política Online afirmó que “Según Aragón, Larreta se impone por 11 puntos en el ballotage”. Finalmente, los resultados en las urnas mostraron un panorama muy diferente: un escenario parejo en el que Larreta se consagró como ganador por apenas 3.2% de los votos.
La discusión alrededor del rol de las encuestadoras en la arena política no es nuevo, pero se reavivó luego de que varias de ellas predijeran a Horacio Rodríguez Larreta (PRO) como un cómodo ganador del ballotage porteño en el que se enfrentó con Martín Lousteau (ECO).
Las encuestadoras tienen un lugar muy importante en el proceso electoral y cada vez ocupan un mayor espacio en los medios de comunicación: ya no sorprende que los invitados a un panel televisivo sean los encuestadores en lugar de los políticos. Los números que se presentan normalmente no son acompañados por el contexto correspondiente, impidiendo al público conocer cómo fue construida esa encuesta, a quiénes se realizó, cuántas personas fueron consultadas y, sobre todo, cuál fue la fuente de financiamiento. No es un secreto que los partidos políticos encargan la realización de encuestas que favorezcan su perfil frente a la opinión pública, pero esa información no es compartida con la ciudadanía.
Las encuestadoras tienen un lugar muy importante en el proceso electoral y cada vez ocupan un mayor espacio en los medios de comunicación: ya no sorprende que los invitados a un panel televisivo sean los encuestadores en lugar de los políticos.
Por suerte, existen reparos legales ante esta situación. La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos promulgada en 2006 (Ley n° 26.215) afirma en su capítulo titulado “De las encuestas y sondeos de opinión” que todas las empresas que deseen publicar encuestas de opinión deben estar inscriptas en el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión. A su vez, las encuestadoras deben presentar toda la información sobre cómo fue realizada la encuesta para que estos sean de libre acceso a la ciudadanía a través del sitio web de la Cámara Nacional Electoral. Los medios de comunicación masiva, por su parte, deben siempre «citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del trabajo realizado».
Durante la semana pasada, la Cámara Nacional Electoral exigió que las empresas encuestadoras presenten la información técnica correspondiente a los resultados que se están difundiendo en los medios de comunicación. Afirman que de 35 empresas registradas, sólo 8 han presentado el detalle que exige la ley. A su vez, es importante destacar que los datos de estas encuestas sólo pueden ser difundidos por los medios de comunicación hasta 8 días antes de las elecciones. En un panorama político en el que las sonrisas y las emociones de los candidatos aparecen más en sus spots de campaña que sus plataformas políticas, las encuestas parecen situarse como las únicas que marcan el futuro electoral. Como ciudadanos tenemos el derecho de elegir utilizando información confiable y de no dejarnos llevar por los números vacíos de las encuestas. Es hora de empezar a cuestionarlos.
