Hace unos días, finalmente se confirmó una de las noticias más esperadas: el envío del proyecto de legalización del aborto al Congreso por parte del Ejecutivo, un paso esencial para volver a dar inicio al debate. A pocas semanas para el cierre de la agenda parlamentaria y la apertura de las sesiones extraordinarias, vuelven a delinearse estrategias y proyecciones en un momento clave para la aprobación de la ley. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? (Foto: Nadia Díaz)
“Quiero comunicar, es oficial, el presidente va a enviar en el curso del mes de noviembre el proyecto de ley y va a ser incorporado al temario de extraordinarias para ser tratado”, informó Vilma Ibarra en una entrevista para C5N e IP Noticias. Así, una de las noticias más esperadas de los últimos meses para los movimientos feministas fue ratificada por la Secretaria de Legal y Técnica, el pasado 9 de noviembre. Después de numerosos reclamos y acciones por parte de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito – la más reciente la caravana verde desde Plaza de Mayo hacia el Congreso – la afirmación de Ibarra viene a echar luz sobre la recta final de la agenda parlamentaria. Aunque ya está confirmada la realización de futuras sesiones extraordinarias luego del 30 de noviembre, las comisiones tienen tiempo para dictaminar hasta el 20, poco más de una semana.
Teniendo en cuenta que el próximo año se llevan adelante las elecciones legislativas y cambia la composición de ambas cámaras – siempre con riesgos a un desplazamiento hacia la derecha del espectro político -, este período se presenta como una oportunidad clave para dar curso a la legalización del aborto.
Teniendo en cuenta que el próximo año se llevan adelante las elecciones legislativas y cambia la composición de ambas cámaras – siempre con riesgos a un desplazamiento hacia la derecha del espectro político -, este período se presenta como una oportunidad clave para dar curso a la legalización del aborto. Cabe destacar que, además del que enviará el Ejecutivo, el proyecto de la Campaña, presentado por octava vez consecutiva en mayo de 2019, aún tiene estado parlamentario y también sería tratado entre las iniciativas. Aunque aún no está definido el giro a las comisiones, el camino a seguir sería similar al del 2018, con cuatro comisiones en vista: Legislación General, presidida por Cecilia Moreau; Legislación Penal, por Carolina Gaillard; Acción Social y Salud Pública, encabezada por Pablo Yedlin y Mujeres y Diversidad, a cuyo frente se encuentra Mónica Macha. A diferencia de la última vez, estos cuatro diputados y diputadas que encabezan las comisiones están a favor de la legalización.
Aunque el texto del proyecto del Gobierno, elaborado en conjunto entre el Ministerio de Salud y el de Mujeres, Géneros y Diversidades, aún no es conocido, Vilma Ibarra confirmó que recupera los consensos surgidos del debate de 2018 y que contempla el tema como un eje de la salud pública. De acuerdo a la Secretaria de Legal y Técnica, la iniciativa busca prevenir “las muertes evitables” por abortos clandestinos y permitir el acceso a métodos anticonceptivos e información para disminuir la cantidad de embarazos no intencionales. Además de destacar la necesidad de una política de educación sexual integral, reiteró también que el proyecto se enviará junto al Plan de los 1000 días, que establece la asistencia estatal a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y a sus hijos e hijas durante sus primeros tres años de vida. Según Ibarra, la idea no será realizar audiencias de la misma extensión que las que tuvieron lugar en 2018, sino escuchar algunas voces representativas a favor y en contra en plenario de comisiones para emitir dictamen y tratar en recinto en el curso de pocas semanas.
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Foto: Nadia Díaz
¿Cuáles son las proyecciones para la votación?
A partir de esta semana, legisladoras y activistas a favor de la legalización del aborto comenzarán a reunirse formalmente en una comisión especial junto a integrantes de la Campaña para discutir sobre estrategias parlamentarias. Las reuniones, sin embargo, vienen sucediendo hace ya un tiempo, encabezadas por Mónica Macha (Frente de Todos) y Silvia Lospennato (Juntos por el Cambio). Ambas formaron parte del grupo de diputadas conocido como “Las Sororas”, que en 2018 protagonizó una experiencia de articulación política y transversal entre bloques del oficialismo y la oposición, que permitió, minuto a minuto de aquel 13 al 14 de junio, conseguir los votos necesarios de una jornada histórica. Cabildeo, operaciones de prensa, alianzas con activistas y trabajadoras del Congreso fueron ejes de una estrategia inédita, junto a la articulación con la marea verde de las calles, factor de presión esencial. Hoy, ante la virtualidad en el contexto de pandemia surge también el interrogante y el desafío de cómo se realizará ese proceso de coordinación donde poner el cuerpo fue también clave.
El porcentaje de diputados que están a favor ha disminuido de 50% a 45% respecto al 2018. Sin embargo, siguen representando un porcentaje mayor que los que votarían en contra: los datos registran 116 diputados a favor, 108 en contra y 33 indefinidos o sin dato
Que desde el Ejecutivo se haya marcado una posición clara respecto al tema y es también un factor en juego a la hora de traccionar votos al interior del oficialismo. De acuerdo a un reciente relevamiento entre Economía Femini(s)ta y Red/Acción, el porcentaje de diputados que están a favor ha disminuido de 50% a 45% respecto al 2018. Sin embargo, siguen representando un porcentaje mayor que los que votarían en contra: los datos registran 116 diputados a favor, 108 en contra y 33 indefinidos o sin datos. Al igual que la última vez, los mayores obstáculos se presentan en Senadores, con 32 a favor, 36 en contra y 4 indefinidos o sin datos. En la Cámara Alta, estos últimos serían Edgardo Kueider (Frente de Todos – Entre Ríos), Lucila Crexell (Juntos por el Cambio – Neuquén), Stella Olalla de Moreira (Juntos por el Cambio – Entre Ríos) y Roberto Mario Mirabella (PJ – Santa Fe).
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Foto: Nadia Díaz
¿Qué dice el proyecto?
Aunque los detalles del proyecto enviado por el Ejecutivo aun no son conocidos, sí se pueden mencionar los puntos básicos del texto presentado por la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, enriquecido también por los debates del 2018. En su primer artículo garantiza el acceso al aborto a mujeres y personas con capacidad de gestar de manera voluntaria hasta la semana 14 de gestación, en un plazo de cinco días desde que lo requiere ante el sistema de salud, sin que sea necesario ningún tipo de autorización judicial. Está también la posibilidad de recibir una asesoría, pero no obligación. El único requisito es la firma de un consentimiento informado. Además, garantiza el acceso a la información, “la cual debe ser pertinente, precisa, laica, actualizada y científica” y establece el acceso a la práctica en todas las obras sociales, sistemas de salud y prepagas deberán garantizar la práctica de manera gratuita y obligatoria.
En su primer artículo garantiza el acceso al aborto a mujeres y personas con capacidad de gestar de manera voluntaria hasta la semana 14 de gestación, en un plazo de cinco días desde que lo requiere ante el sistema de salud, sin que sea necesario ningún tipo de autorización judicial.
Un punto también importante es el referido al Código Penal. En el proyecto de la Campaña se determina la eliminación de cualquier pena a la mujer o persona gestante que se realice un aborto. Luego de la semana 14, se mantienen las causales para interrumpir un embarazo (violación, riesgo de vida y/o salud), pero la pena se establece únicamente para quien realizara un aborto sin consentimiento, eliminando toda clase de sanción para la mujer o persona gestante y para quien lo practicara con el debido consentimiento. También se destaca lo referido a las personas con discapacidad, que deben firman el consentimiento informado, dejando en claro que ninguna persona puede ser reemplazada en el ejercicio del derecho a decidir. Respecto al aborto de niñas, niñes y adolescentes, y se determina que “en todos los casos tiene que prevalecer el interés superior del niñx”.
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Foto: Nadia Díaz
¿Por qué es una demanda urgente?
Tal y como se reiteró durante todo el debate del 2018 y como han dejado en claro los movimientos feministas desde hace años, la legalización del aborto es una deuda de la democracia: de acuerdo a los registros oficiales, desde 1983 hasta 2016, alrededor de 3040 mujeres murieron por abortos inseguros en Argentina. Esto representa un 30% del total de fallecimiento de mujeres gestantes en este período. Se calcula que, cada año, se realizan entre 350 mil y 500 mil abortos, lo que se traduce en alrededor de 1300 por día, 54 por hora. La ilegalidad deja desprotegidas a miles de mujeres y personas gestantes que ponen su vida en riesgo con procedimientos inseguros y que son criminalizadas y perseguidas por las instituciones estatales. Mientras tanto, la desigualdad se profundiza y la clandestinidad continúa generando lucro. Entre 2015 y 2019, el precio del Misoprostol, – medicamento utilizado como método recomendado para abortar por la Organización Mundial de la Salud – aumentó un 1280%.
Se calcula que, cada año, se realizan entre 350 mil y 500 mil abortos, lo que se traduce en alrededor de 1300 por día, 54 por hora. La ilegalidad deja desprotegidas a miles de mujeres y personas gestantes que ponen su vida en riesgo con procedimientos inseguros y que son criminalizadas y perseguidas por las instituciones estatales.
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La pandemia por Covid-19 ha también evidenciado esta realidad: durante la cuarentena, las consultas a la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud para acceder a abortos legales crecieron más del 500%. Un informe reciente del Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos destaca: “De acuerdo con cálculos oficiales, la legalización conllevaría una reducción de un 98 por ciento de estas internaciones en hospitales. La evidencia demuestra que esta produce una disminución inmediata de la mortalidad y morbilidad maternas asociadas al aborto inseguro. Estas cifras advierten que la legalización redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID 19”.
A pesar de las particularidades de este año frente a la emergencia sanitaria, las próximas semanas se presentan como una oportunidad y una ventana que se abre en la recta final de la agenda parlamentaria. El debate y la ruptura del tabú que marcaba al aborto, dejó en claro que la despenalización y la legalización son una necesidad fundamental para terminar con muertes evitables, para garantizar la libertad de decisión y reivindicar el deseo de las mujeres y personas gestantes. Si algo es seguro, es que en 2018 algo cambió en la sociedad, ahora es el Estado el que debe acompañar con políticas a la altura de las circunstancias.
