Mauricio Macri y Patricia Bullrich se han convertido en los principales responsables de una gestión política que batió todos los récords para convertirse en el Gobierno que produjo más muertes en nuestra reciente historia democrática. Si bien la represión estatal no culminó con el fin de la dictadura cívico-militar, el aval del accionar asesino que otorgó Cambiemos a sus fuerzas de seguridad se concreta en la muerte de una persona cada 21 horas (Foto: China Díaz).
Por Giuliana Sordo y Lucía De Dominicis
Como mencionamos repetidamente en La Primera Piedra, desde 1983 a la actualidad la represión fue política de control y seguridad estatal en todos los gobiernos constitucionales. Cada uno de ellos fue responsable de continuar una historia de violencia en la que la sangre derramada siempre fue la del pueblo. Sin embargo, la gestión actual rompió con todas las estadísticas, convirtiendo la represión en una política nacional que se defendió públicamente desde los discursos oficiales y las declaraciones mediáticas de sus representantes.
La gestión actual rompió con todas las estadísticas, convirtiendo la represión en una política nacional que se defendió públicamente desde los discursos oficiales y las declaraciones mediáticas de sus representantes.
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La Alianza Cambiemos, actual gobernante, es responsable de la cifra que revela su cara más cruel y violenta: durante su gestión han asesinado a una persona cada 21 horas. Este número, evidenciado por la Coordinadora contra la Represión Estatal e Institucional (CORREPI), demuestra un récord histórico para la democracia argentina, sobre el que Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad y Mauricio Macri como presidente de la Nación, deben rendir cuentas ante la ciudadanía.
Represión como política de Estado
Desde el retorno de la democracia a la fecha, el Estado argentino asesinó a 6.564 personas mediante las fuerzas represivas estatales. Desde diciembre de 2015 a febrero de 2019, el gobierno de Cambiemos asesinó a 1.303 personas en 1.159 días, según el Informe de la Situación Represiva Nacional del 2018 de CORREPI. De esta forma, la evidencia demuestra que las fuerzas represivas bajo esta gestión llegaron a asesinar a más de una persona por día -es necesario tener en cuenta que aún no están los números de este último año de gestión-, superando en este promedio largamente a sus antecesores.
Desde diciembre de 2015 a febrero de 2019, el gobierno de Cambiemos asesinó a 1.303 personas en 1.159 días, según el Informe de la Situación Represiva Nacional del 2018 de CORREPI.
La mayoría de estas muertes, como a lo largo de toda la democracia, se llevan la vida de varones jóvenes, de hasta 35 años. También, en relación a la tradición represiva, estar en cárceles, comisarías y patrulleros, como caminar por barrios vulnerables son las principales razones que las personas que integran las fuerzas encuentran para asesinar, a pesar de que luego se utilicen las excusas del enfrentamiento o defensa propia que -muchas veces- son derribadas por la investigación de organizaciones y/o el Poder Judicial.
Durante esta gestión y bajo la gobernación de la provincia de Buenos Aires, como ejemplo de estos números, se sucedieron dos masacres en contextos de encierro que terminaron con la vida de 17 personas. En marzo de 2017, se produjo un terrible incendio en la Comisaría 1º de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, en el cual la Policía Bonaerense nunca intentó salvar a los detenidos. Esa masacre se llevó la vida de siete personas. En noviembre de 2018, se produjo la mayor tragedia en una comisaría bonaerense: diez detenidos murieron en la Comisaría 3° de Esteban Echeverría quemados por reclamar una mejora en las condiciones deplorables en las que se encontraba el establecimiento, inhabilitado desde 2011 para alojar personas detenidas. “Fue una masacre de la que el Estado es su máximo responsable porque se inscribe en una larga secuencia de decisiones y omisiones políticas”, señaló en un informe la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El accionar represivo que tras su primer año de gobierno había aumentado de una muerte cada 28 horas a una muerte cada 25 horas ya auguraba que la historia no iba a cambiar durante toda su gestión, sino que iría profundizándose. Esa represión que golpeaba – y golpea – cotidianamente en los sectores vulnerados, iba a dar un nuevo salto de calidad tras la represión ilegal en la Comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen que culminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Allí, lo que era evidente para organizaciones y los sectores que más sufrían la represión, tomó estado público. También, desde ese momento, el Gobierno Nacional y, principalmente, Patricia Bullrich defendió una y otra vez el accionar asesino con el que cargan sus fuerzas represivas.
El accionar represivo que tras su primer año de gobierno había aumentado de una muerte cada 28 horas a una muerte cada 25 horas ya auguraba que la historia no iba a cambiar durante toda su gestión, sino que iría profundizándose.
A partir de aquel entonces sucedieron diferentes hechos que pusieron en evidencia a esta gestión y su accionar represivo sin tapujos. En noviembre de 2017, la Prefectura Naval mediante su grupo Albatros reprimió en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, allí asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. Esa muerte que demostró un accionar asesino e ilegal aún más evidente fue avalado, celebrado y apoyado por el Presidente de la Nación, por Gabriela Michetti como Vicepresidenta de la Nación y por la ministra de Seguridad. Tal es así que el agente que fue imputado por la muerte del joven sigue en libertad, tras haber sido detenido por un breve lapso de tiempo.
En el mes de diciembre de 2017, el Congreso decidió sesionar el proyecto de ley que realizaba una reforma previsional que impactaba, en medio de un brutal contexto de ajuste, a las personas que recibían una jubilación y/o pensión del Estado. Para ello, decidieron vallar el centro político y económico del país y reprimieron brutalmente a las miles de personas que se encontraban allí para repudiar una medida tan regresiva. Las balas de plomo y los gases se volvieron una imagen recurrente de esas jornadas junto a las cientos de detenciones arbitrarias que se sucedieron. Este accionar casi inédito – que trajó rememoraciones a diciembre de 2001 – en el centro porteño fue avalado por funcionarios y funcionarias de este Gobierno.
Rodolfo Orellana fue asesinado en un contexto de toma de tierras y protesta social en noviembre de 2018, en mayo de este año cuatro jóvenes fueron masacrados en San Miguel del Monte, Diego Cagliero fue asesinado a manos de la Policía Bonaerense, Iago Avalos, Leonel Sotelo, Damián Gómez y Facundo Ferreira de tan sólo 12 años de edad, entre muchísimos más, son algunos de los nombres que señalan el poder asesino y la decisión política de matar del gobierno de Cambiemos.
Estos hechos se pueden ver en relación a la multiplicación de las personas detenidas con prisiones preventivas y/o por detenciones arbitrarias, evidenciando el ataque sistemático a la protesta social y generando en muchos de estos casos una persecución judicial que genera presos y presas políticas en toda la Argentina. Tal es así que, por ejemplo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó una denuncia penal contra Patricia Bullrich y las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación por la presunción de “la existencia de un plan criminal ejecutado – especialmente – contra las comunidades mapuches con el objetivo de llevar adelante un accionar represivo premeditado que intenta reducir el derecho a ejercer la protesta”.
El aval discursivo al accionar asesino
“La versión de las fuerzas es versión de verdad”, “No voy a tirar a un Gendarme por la ventana”, “En cualquier país civilizado, el Estado lo que hace es darle la presunción de inocencia a su Policía, no al revés”. Estas son sólo algunas de las frases que se escucharon en estos últimos años por parte de diferentes integrantes del Gobierno. Así, no solo demuestran el aval al accionar represivo de los y las agentes sino que apoyan discursivamente la matanza. A partir de estos comentarios en la esfera pública, el ejercicio asesino de las fuerzas logró envalentonarse, hecho que, como vimos, tomó cada vez más fuerza a partir de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
El caso de Luis Chocobar, policía bonaerense que asesinó a un joven de un disparo en la espalda estando fuera de servicio, fue tan solo un ejemplo de este apoyo estatal a la muerte. En enero de 2018, Mauricio Macri y Patricia Bullrich recibieron al agente para felicitarlo públicamente. El caso tomó notoriedad pública debido a que el presidente de la Nación le comunicó el “orgullo” por su accionar y, mucho antes del fallo judicial, le recomendó que se quede tranquilo ya que había hecho “lo que hay que hacer”. Esto sucedió a pesar de que el policía actuó de forma no solo abusiva sino que también ilegal.
A partir de allí, Patricia Bullrich reivindicó en cada momento esta nueva doctrina bajo su mandato que se consagró con la resolución en la que habilitó el fusilamiento por la espalda y el aval al gatillo fácil. La Resolución 956/2018, publicada el en diciembre de 2018 en el Boletín Oficial, oficializa y legaliza todas las doctrinas que han estado defendiendo desde su llegada al poder.
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A partir del 1 de agosto de 2019, a dos años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, se inauguró la última propuesta de la ministra: el Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de la Gendarmería Nacional. La fuerza que es responsable de la muerte de cientos de personas en democracia, fue señalada como la institución modelo del Estado, aún más que la “educación pública”. Esta institución, con esta medida, estaría a cargo de formar y cuidar a jóvenes de entre 16 y 20 años. “La intención oficial tiene el fin de adoctrinar a las nuevas generaciones, principalmente a aquellas que pertenecen a las capas más pobres de la sociedad, además de fortalecer el brazo armado, decisiones que perpetúan un sistema de explotación y desigualdad que siempre condena a los mismos sectores”, señaló la APDH en repudio a la nueva avanzada de Cambiemos en materia de aval al accionar represivo de sus fuerzas.
El gobierno es el asesino
Lo que se intentó señalar a lo largo de estos párrafos es que el récord represivo de la Alianza Cambiemos en toda la democracia argentina no responde exclusivamente a los aumentos en los números que señalan a un Estado que está cargado de sangre, sino que el podio del Gobierno más represivo es producto de sus discursos que nunca antes avalaron tanto la matanza de forma tan pública y premeditada.
La impunidad con la que apañan el asesinato, la persecución y la represión de miles de personas es necesario exponerla y recordarla: Mauricio Macri y Patricia Bullrich son los principales responsables de una gestión que decidió salir a matar sin ningún tipo de congoja. Si bien es evidente que el Estado nunca dejó de matar, ni ningún Gobierno se alejó de este accionar, los nombres que representan a Cambiemos están manchados con demasiada sangre y así deberán ser juzgados.
