En los últimos años, el continente latinoamericano ha sufrido una rápida transformación ideológica en el rumbo de los principales países de la región. A pesar de las diferentes realidades que se viven al interior de cada país, las últimas elecciones celebradas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú otorgaron la victoria a candidatos alineados hacia la derecha. Políticas económicas neoliberales, endeudamiento externo, fortalecimiento de las fuerzas represivas y desestabilización de los sectores trabajadores son constantes que se extienden más allá de las fronteras nacionales y que se alinean, a su vez, con las directrices de Estados Unidos.
Por Lucía de Dominicis y Laura Verdile
La elección de Mauricio Macri en Argentina fue, sin grandes anuncios, el inicio de una nueva era en la región latinoamericana. En los años siguientes, la derecha volvería a tomar el poder y a esparcirse por las principales potencias del continente como no sucedía desde las últimas dictaduras militares. Cada gobierno expone sus características específicas, pero los une un modelo liberal que pretende achicar al Estado, equilibrar las cuentas bajando el gasto para promover las inversiones e impulsar la creación de empleo en alianza con el sector privado. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú se encuentran hermanados en esta nueva política, custodiada de cerca por Estados Unidos. ¿Cuáles son las realidades que atraviesa cada una de estas naciones?
Brasil: Bolsonaro y la derecha explícita
Brasil es un caso emblemático del ascenso de la derecha en el continente latinoamericano. Tras 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (primero bajo el mandato de Lula da Silva y, luego, de Dilma Rousseff), el cambio de fuerza política se dio, en un primer momento, a partir de un golpe institucional que retiró del poder a la presidenta Rousseff. El proceso de impeachment que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff fue muy criticado a nivel nacional e internacional ya que las acusaciones que enfrentó la ex-presidenta no parecían de la gravedad necesaria para ser retirada del cargo. Sin embargo, el debilitamiento de la imagen del Partido de los Trabajadores tras los escándalos de corrupción facilitó el proceso, ya que carecían del apoyo popular que los había llevado al poder en 4 oportunidades.
Tras el impeachment asumió como presidente Michel Temer, quien a pesar de haber sido vicepresidente de Rousseff, no compartía sus mismos ideales políticos. Bajo su mandato se aprobó la militarización de la ciudad de Río de Janeiro, fueron privatizadas más de 50 empresas de servicios públicos y se disminuyeron las partidas presupuestarias para financiar proyectos sociales. De esa forma, allanó el camino para un futuro gobierno de derecha que se palpitaba en Brasil. Al llegar el momento de las nuevas elecciones presidenciales en 2018, el escenario político era muy diferente al de 4 años atrás. El Partido de los Trabajadores, a pesar de su debilitamiento, apoyaba la reelección del ex-presidente Lula da Silva, quien fue apresado por una acusación de corrupción en el momento justo para evitar su candidatura. Su representante en las urnas, Fernando Haddad, no logró la confianza suficiente de los votantes y perdió las elecciones contra el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro.
Desde el momento de su campaña electoral apoyó la tenencia de armas, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la privatización de la economía y la aplicación de medidas neoliberales que apunten a la desregulación de los mercados y el recorte del gasto público.
Bolsonaro representa todos los intereses de la derecha en una misma persona. Desde el momento de su campaña electoral apoyó la tenencia de armas, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la privatización de la economía y la aplicación de medidas neoliberales que apunten a la desregulación de los mercados y el recorte del gasto público. A 100 días del comienzo de su mandato, se enorgullece del nuevo rumbo al que se encamina Brasil y exige un cambio de paradigma en términos de valores de la familia y la religión: «Brasil encima de todo, Dios encima de todos» es el lema que cargará durante los próximos 4 años de mandato, como un recordatorio constante del rumbo que busca en sus políticas económicas y sociales.
Chile: «Las reformas planteadas por Piñera son restauradoras del status quo»
En 2010, Sebastián Piñera sucedió a Michelle Bachelet en lo que fue la primera victoria de la derecha por elecciones populares en 52 años. Años después, el escenario volvió a repetirse, consolidándose un viraje político en la región: el empresario llegó nuevamente al poder por el partido conservador Chile Vamos, en 2018, con el 54.5 % de los votos. “Creo que la derecha ha logrado crecer en sectores nuevos, lo que se constata de en los municipios sobre los cuales hoy tiene el poder. Se tratan de clases medias que tienen acceso a una serie de beneficios a partir del endeudamiento, que les resulta atractivo el discurso de la derecha, que habla de ‘libertades para todo el mundo’, pero donde la solidaridad pierde sentido”, reflexiona para La Primera Piedra la historiadora y profesora chilena, Isabel Dujisin. “Tampoco es menor que, en las últimas elecciones, la Coalición no haya sido capaz de llevar un candidato de peso, es una expresión de la atomización del partido de Bachelet”, agrega.
En 2010, Sebastián Piñera sucedió a Michelle Bachelet en lo que fue la primera victoria de la derecha por elecciones populares en 52 años. Años después, el escenario volvió a repetirse, consolidándose un viraje político en la región: el empresario llegó nuevamente al poder por el partido conservador Chile Vamos, en 2018, con el 54.5 % de los votos.
Como otros de sus pares en la región, al asumir, Piñera exaltó en sus discursos la necesidad de “unidad nacional” y criticó las medidas de su predecesora, que durante su mandato propuso reformar un modelo político, económico y social vigente durante décadas. Su programa se concentró en tres grandes ejes: la modificación de la Constitución, una reforma educativa y una tributaria, esta última para financiar la segunda. Con la Ley de Inclusión Escolar, la presidenta buscaba terminar con el lucro, eliminando el copago que las familias realizaban en los colegios subvencionados y aumentando los aportes estatales a los establecimientos, de forma tal que, progresivamente, esto permitiera la plena gratuidad en la educación. Por otro lado, planteaba también reemplazar la selectividad en el sistema de admisión escolar: todos los postulantes serían admitidos hasta completar las vacantes y, en caso de sobrepasar el número, la admisión se realizaría con un sistema arbitrario.
“Las reformas llevadas a cabo por Bachelet son progresivas y progresistas, mientras que las planteadas por Piñera son restauradoras del status quo”, afirma para la Primera Piedra el periodista chileno Jaime Ensignia. “Esto se se refiere a dos proyectos: uno tiene que ver con la rebaja al impuesto de las grandes empresas y de los sectores más ricos de la sociedad, en desmedro de la mayoría de la población. Segundo, está el tema educacional, donde se vuelve a fortalecer la educación privada en detrimento de la pública”, relata Ensignia. En este sentido, Piñera, que se refirió a la educación como una “industria” introdujo en el Congreso el proyecto de Admisión Justa, que reestablece para determinados liceos la posibilidad de seleccionar a su alumnado basándose en méritos, de acuerdo a protocolos aplicados por cada escuela. Además, abrió nuevamente la puerta al copago, permitiendo que “padres y apoderados puedan hacer aportes para mejorar la calidad de educación de sus hijos”.
Además de la reforma tributaria, otra de las medidas con las que Piñera busca beneficiar al empresariado es el proyecto de reforma laboral, que implementaría la flexibilización del horario, la modificación del sistema de indemnizaciones y grupos de negociación colectiva paralelos a los sindicatos que debilitarían la organización gremial. Esta clase de reformas también se alinean con políticas similares a las aplicadas por otros países de la región. “Hoy tenemos una derecha mucho más empoderada, que defiende un modelo económico y social con menos libertades, asociadas también al tema de la seguridad/ inseguridad, con el que justifican la toma de medidas más controladoras”, dice Dujisin. “También hay una mirada más nacionalista frente a la migración, se dice que son los ‘responsables de la droga’ cuando en realidad el porcentaje de extranjeros vinculados no es significativo”, cuenta Dujisin.
“La llegada de Bolsonaro ha sido un factor importante, porque, al irse más a la derecha, los deja a todos los líderes de la región con un margen de acción mayor: pueden decir cosas en esa dirección sabiendo que hay alguien más a la derecha que ellos»
“Es una cosa propia de la derecha, encuentra acogida con un discurso que busca relevar aquellos aspectos que no son ciertos pero que se encuentran en el sentido común de una sociedad permanentemente azotada por los medios de comunicación que, dicho sea de paso, son de derecha”, expresa la historiadora. “En este contexto, todas las medidas represivas son bienvenidas, porque estamos en una supuesta situación de riesgo. Todo se da en un clima favorable, al haberse instalado el miedo al extranjero, dice Dujisin. Y agrega: “Estamos ante una derecha mucho más segura de sí misma que hoy está defendiendo la detención por sospecha a menores de 14 años, así como todas las prácticas de mayor control”. En el mes de marzo, Piñera envió al Congreso un proyecto de ley para el “control preventivo de identidad” que fija dicho límite de edad, lo cual no haría otra cosa que agravar la vulneración de derechos.
Tampoco se pueden dejar de lado las fuertes relaciones que Chile mantiene con Estados Unidos desde la asunción de Piñera. “Hay apego a políticas norteamericanas, lo que traerá consecuencias bastante serias para la economía chilena, ya que China es uno de los mercados más importantes de las exportaciones chilenas”, afirma Ensignia. Respecto a la creación de un polo de derecha en toda la región, Dujisin señala: “La llegada de Bolsonaro ha sido un factor importante, porque, al irse más a la derecha, los deja a todos los líderes de la región con un margen de acción mayor: pueden decir cosas en esa dirección sabiendo que hay alguien más a la derecha que ellos. Se corrió la línea y creo que es una cosa muy complicada porque son países que están viviendo una crisis de sus propias izquierdas. En Chile hay una izquierda fragmentada, buscando liderazgo”.
Paraguay: «Todo lo que marca la agenda norteamericana se cumplió al pie de la letra»
Al igual que ocurrió en Brasil, el giro hacia la derecha en Paraguay comenzó con un golpe parlamentario: el 22 de junio de 2012 el congreso determinó el fin del gobierno de Fernando Lugo, quien había sido elegido democráticamente en las elecciones del año 2008. Acusado de «mal desempeño de sus funciones» y responsabilizado políticamente por la masacre de Curugaty, Lugo debió dejar el poder y la presidencia fue tomada temporalmente por Federico Franco. «El golpe a Fernando Lugo fue más que nada preventivo para que esa izquierda, que fue pequeña durante su gobierno, no avance», comentó a La Primera Piedra el periodista paraguayo Osvaldo Zayas. A pesar de que el gobierno de Lugo no fue abiertamente de izquierda, sí fue apoyado por organizaciones sociales y pequeños partidos opositores que veían en él un líder interesado en las luchas populares y las reivindicaciones de derechos de los sectores más vulnerables.
«El golpe a Fernando Lugo fue más que nada preventivo para que esa izquierda, que fue pequeña durante su gobierno, no avance»
Tras el golpe parlamentario y sin ningún representante de Lugo en las urnas, las elecciones democráticas dieron como ganador al empresario tabacalero Horacio Cartes, candidato por el tradicionalmente conservador Partido Colorado. Impulsado por su triunfo en las urnas, Cartes comenzó rápidamente a aplicar las medidas neoliberales que consolidarían el giro a la derecha del país. «Cuando Horacio Cartes llegó en el año 2013 trajo consigo un paquete de leyes que fueron aprobadas en tiempo récord: una de ellas era la ley de responsabilidad fiscal que ataba el presupuesto público a unos límites que impedían aumentar el gasto social, ya sea en salud, educación o salario de empleados públicos», afirmó Zayas. «También hizo aprobar una ley de militarización que le daba facultades plenas para poder militarizar amplias zonas del país bajo la excusa de una supuesta guerrilla que opera en el norte del Paraguay y además aprobó una ley de alianza público-privada que en el fondo es una ley de privatizaciones».
En 2018, tras un intento de reformar la Constitución para que Fernando Lugo vuelva a ser candidato, triunfa en las elecciones otro representante del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez. Benítez también proviene de una familia empresaria y ha heredado una millonaria fortuna, pero las mayores críticas de la oposición se centran en su relación con la dictadura militar paraguaya: su padre, también llamado Mario Benítez, fue el secretario privado del dictador Alfredo Stroessner y el actual presidente no ha ocultado su simpatía por las medidas tomadas por ese gobierno, aunque distanciándose de los asesinatos, torturas y desapariciones de la época. A nivel económico, sus políticas continuaron el movimiento iniciado por Cartes y, según Osvaldo Zayas, «han afectado fuertemente a las mayorías empobrecidas y además han tomado un camino de endeudamiento acelerado a través del cual se ha triplicado la deuda externa con la colocación de bonos del tesoro paraguayo en el mercado internacional desde el año 2013 a esta parte».
Las medidas neoliberales tomadas por los gobiernos que sucedieron a Lugo no son aisladas, sino que se encuadran en la lógica que maneja el continente latinoamericano, alineada con los intereses de Estados Unidos. «Todo lo que la agenda norteamericana marca es cumplido al pie de la letra, por ejemplo, el traslado de la embajada paraguaya a Jerusalem, el rompimiento de relaciones con el gobierno de Venezuela y el recibimiento de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos después de 53 años», afirmó Zayas. Paraguay también ha firmado el ingreso al Prosur, la nueva alianza regional de la que forman parte los países de derecha que intentan reemplazar a la Unasur, la organización que alineaba a sus países en tiempos de Kirchner, Chávez y Lula da Silva.
(Leer nota relacionada: Prosur: un bloque regional de derecha con la mirada en el norte)
Perú: «Lo que predomina en el sentido común de las élites es una visión neoliberal del desarrollo del país»
La asunción de Martín Vizcarra se produjo en marzo de 2018, en un contexto conflictivo, tras la renuncia del anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, luego de fuertes presiones de la oposición. A diferencia de otros países en donde los nuevos gobiernos representaron un viraje rotundo respecto de las políticas que se venían implementando en los últimos años, en Perú, existe una cierta continuidad con el modelo neoliberal. “Desde 1990, es decir, desde el colapso nacional producido producido por las políticas proteccionistas que llevaron a la hiperinflación y a la bancarrota del Estado, lo que predomina en el sentido común de la gente y las élites es una visión neoliberal del desarrollo del país”, afirma, para La Primera Piedra, el sociólogo Sandro Venturo Schultz. “El gobierno de Vizcarra, como los cuatro anteriores, sigue ese consenso. “Uno puede ser oposición del otro pero todos impulsan, a fin de cuentas, la misma visión programática”, agrega.
“Vizcarra no parece tener temple reformista. Mucho menos tiene interés en revolucionar la relación entre el estado y los ciudadanos”.
Al igual que sucedió en otros países, en un escenario convulso, Vizcarra encontró en la lucha contra la corrupción un discurso con el cual fortalecerse. “Se inició sin propuesta política, ni expectativa electoral, con una agenda en blanco, pero pronto encontró un asunto popular: el enfrentamiento con la clase política acusada de corrupción y negligencia (Odebrecht, Club de la construcción, Fujimori, Humala, Toledo, García, etc.). Esto le permitió proponer algunas reformas públicas (judicial, institucional, etc.) que la ciudadanía venía reclamando intensamente pero que él no llevará hasta el final, probablemente, porque a fin de cuentas se trata de un gobierno débil (sin partido y sin alianzas políticas)”, cuenta Venturo Schultz. Y aclara: “Vizcarra no parece tener temple reformista. Mucho menos tiene interés en revolucionar la relación entre el estado y los ciudadanos”.
En este sentido, a fines de 2018, el gobierno de Vizcarra ha encabezado medidas de ajuste como la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que flexibiliza los derechos laborales al proponer contratos con menor estabilidad, facilitar los despidos arbitrarios sin indemnización y establecer límites a los reclamos y a las huelgas. A su vez, el Ejecutivo aprobó los Decretos 1442 y 1450, que omitían la negociación colectiva con el Estado en materia salarial, implementando la Planilla Única de Pago, mediante la cual los aumentos se suponía que sería revisados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, luego de un paro y de la protesta de trabajadores y trabajadoras, se derogaron los decretos y se aprobó una Ley de Negociación Colectiva para el sector público.
Ecuador: «El mandato de Lenín Moreno está partiendo de un desmantelamiento absoluto del Estado»
Lenín Moreno ocupa la presidencia desde mayo de 2017, cuando ganó las elecciones por el partido Alianza País, gracias al respaldo de Rafael Correa, mandatario de Ecuador durante diez años e impulsor del movimiento que denominó como Revolución Ciudadana. Proponiendo la continuidad de las políticas de Correa, Moreno ganó la contienda ante el empresario Guillermo Lasso, quien representaba en ese momento el ala conservadora. Sin embargo, meses después de asumir el cargo, el actual presidente se alejó de las propuestas que lo llevaron al poder, dando un giro hacia la derecha con el que dividió Alianza País, profundizó la crisis política y económica y reposicionó a Ecuador junto al resto de los gobiernos neoliberales del continente. Actualmente, su gestión se enmarca en un contexto conocido para la región: ajuste, endeudamiento y cercanía con el empresariado.
“El mandato de Lenín Moreno está partiendo del desmantelamiento absoluto del Estado inaugurado por el correísmo”, afirma a La Primera Piedra Carlos Pazmiño, sociólogo ecuatoriano y co editor general de Revista Crisis. “Lo que ha hecho el gobierno es promover una crisis auto inducida en términos económicos en un momento en que el barril de petróleo estaba aumentando, se aumentó de precio, firmó la Ley de Fomento Productivo – que es, básicamente, un recorte de las áreas claves del Estado – , perdonó 4800 millones de dólares a los sectores que estaban debiendo al servicio de rentas internas, acaba de firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional que solicita el recorte de la inversión estatal en servicios públicos: hace un par de semanas tuvimos 15 mil trabajadores del sector público despedidos”, relata.
El actual presidente se alejó de las propuestas que lo llevaron al poder, dando un giro hacia la derecha con el que dividió Alianza País, profundizó la crisis política y económica y reposicionó a Ecuador junto al resto de los gobiernos neoliberales del continente.
El pasado mes de febrero, Moreno cerró con el FMI un acuerdo por 4200 millones de dólares. Además, recibirá 6.000 millones de dólares del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Latinoamericano de Reservas y de la Agencia Francesa de Desarrollo. A mediados de 2018, y a tono con esta medida, el presidente ecuatoriano había anunciado el aumento del precio de nafta y un plan de ajuste que implicó el cierre de varias carteras ministeriales. Esto luego se profundizó con el nuevo presupuesto, que disminuyó los fondos destinados a la educación universitaria, por nombrar solo un ejemplo. Con un discurso ya conocido en Argentina, Moreno reiteró en varias oportunidades la necesidad de políticas que enfrenten la herencia de un “país quebrado”, y la necesidad de “recuperar la confianza” de los países extranjeros para el aumento de las inversiones.
“Si prestas atención a los discursos de Mauricio Macri, puedes entender mucho de la línea comunicacional que ha estado desarrollando esta gestión y, evidentemente, la pugna ideológica resultante de este proceso, donde se ha consolidado una imagen de que de este es un gobierno en contra de la corrupción, que no le gusta el conflicto, que dialoga con todo el mundo. Bastaría decir que Jaime Durán Barba ha asesorado al gobierno de Lenín Moreno”, dice Pazmiño. “Este no es un fenómeno aislado, sino que está muy bien pensado, organizado y orquestado. Hay evidentemente una alianza con Estados Unidos bajo el influjo de esta ola conservadora, fascista y neoliberal que se encuentra en el continente y que se enmarca dentro de un proceso geopolítico de pugna entre los países de occidente y oriente: en EEUU quieren también frenar la influencia que tienen Rusia, China e Irán en la región”, agrega el sociólogo.
Desde que Moreno llegó al poder, Ecuador renovó sus relaciones con el país comandado por Donald Trump, dialogando la cooperación en materia de inversiones, seguridad, economía y narcotráfico. Entre las negociaciones, se encuentran la firma de un Tratado de Libre Comercio, convenios que dejan parte de la seguridad nacional en manos del Comando Sur de Estados Unidos, entrega de equipos para la inteligencia militar y el permiso a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y al Departamento de Inmigración estadounidense para trabajar en Ecuador. Pazmiño también destaca la creación de Prosur como otra punta de lanza para el aumento de la influencia norteamericana en la región. De hecho, parte de la relación entre el país y Estados Unidos gira también en torno a la situación política de Venezuela.
Desde que Moreno llegó al poder, Ecuador renovó sus relaciones con el país comandado por Donald Trump, dialogando la cooperación en materia de inversiones, seguridad, economía y narcotráfico.
¿Cómo fue entonces que, después de diez años de un modelo económico y político contrario, se estén implementando ahora las recetas de una agenda neoliberal? Las razones son mucho más complejas de las que se puedan detallar en esta nota. “Al inicio de la Revolución Ciudadana convergieron muchas fuerzas sociales, producto de más de una década de lucha de mucha movilización, que luego llegan a un límite. Cuando Correa asume la presidencia, empieza un proceso en donde esos movimientos sociales no sabían cómo actuar respecto del Estado y se produce una lógica, que al parecer es parte de esta fatalidad histórica que significa el Estado como aparato de dominación de clases, en la que se empiezan a desmantelar organizaciones sociales, e incluso a se llega a su persecución”, cuenta Pazmiño.
“Hablar de correísmo es un término demasiado ambiguo y simplista para definir un período conflictivo de la historia de nuestro país, donde ese correísmo tuvo que dialogar con algunos sectores de la burguesía y del extranjero para tener gobernabilidad, entre los cuales estaba la presencia de una importante fracción de derecha”, agrega. “Apostó a construir una Estado interventor fuerte y creía que la acción lateral de ese Estado era la única acción legítima. Pero, al mismo tiempo, la Revolución Ciudadana ha sido el proceso de mayor envergadura y que ha podido solucionar muchísimas de las carencias de la sociedad ecuatoriana y que ha podido incorporar muchas de las agendas de la izquierda revolucionaria de siempre en la historia de este país, entonces es un proceso bastante contradictorio”, concluye el sociólogo y periodista.
Colombia: «Existe una idea fiel al neoliberalismo, se cree que el impulso de la economía debe estar en mano de los grandes propietarios»
Luego de cuatros años en el Senado, Iván Duque llegó a la presidencia en agosto de 2018 por el Partido Centro Democrático, organización fundada por Álvaro Uribe Vélez, quien ocupó el Poder Ejecutivo entre 2002 y 2010 y sobre cuya figura pesan numerosas acusaciones de violación a los derechos humanos. Sin otro cargo de elección popular más que su banca en el Congreso, la carrera política de Duque pasó principalmente por su asesoría en el Ministerio de Hacienda y su lugar como consejero en el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 2001 y 2013. “Decimos que se trata de un presidente de derecha, no únicamente por su pertenencia partidaria, sino fundamentalmente por lo que ha sido el enorme hiato entre lo que fueron sus propuestas de campaña y lo que ha sido su gestión en estos pocos meses”, afirma, para La Primera Piedra, Gina Rodríguez, politóloga colombiana y Doctora en Ciencias Sociales.
Al igual que sucedió en Argentina con la plataforma electoral de Macri, que pregonaba los tan recordados “Pobreza Cero”, descenso de la inflación o generación de empleo, Iván Duque también comenzó su mandato en dirección contraria a sus promesas. De acuerdo a Rodríguez, se pueden señalar cinco banderas principales con las que llevó adelante su candidatura. “La primera tuvo que ver con una baja generalizada de los impuestos. Aunque en tiempos de campaña hablaba de lo excesivos que eran, una vez llegado al poder, Duque encubrió una reforma tributaria con otro nombre legislativo, para gravar todos los productos de la canasta básica, libros, periódicos, revistas y útiles escolares, al mismo tiempo que se reducen los impuestos para las empresas”, cuenta la politóloga. “Existe una idea fiel al neoliberalismo: se cree que el impulso de la economía debe estar a cargo de los grandes propietarios y que, el efecto derrame se produciría posteriormente sobre las demás clases”, agrega.
Al igual que sucedió en Argentina con la plataforma electoral de Macri, que pregonaba los tan recordados “Pobreza Cero”, descenso de la inflación o generación de empleo, Iván Duque también comenzó su mandato en dirección contraria a sus promesas.
Otro de los pilares de la campaña de Duque fue la anticorrupción y, si bien se basó en las acusaciones contra su predecesor, Juan Manuel Santos, de acuerdo a politóloga, sus primeros meses de mandato no se caracterizaron por seguir adelante esa lucha: basta mencionar el nombramiento de funcionarios cuestionados por escandalosos casos de corrupción, como el ex procurador Alejandro Ordóñez o el actual ministro de Economía, Alberto Carrasquilla. Rodríguez también menciona las políticas respecto del fracking, una técnica de extracción de gas y petróleo de graves consecuencias ambientales, que Duque decía rechazar, pero que ahora se propone desde el Ministerio de Minas y Energía como uno de los motores de la economía nacional.
El desfinanciamiento de la educación pública, que en Argentina ha sido una de las principales avanzadas del gobierno de Cambiemos, tampoco es ajeno al contexto colombiano. Desde la asunción de Duque, estudiantes y docentes han exigido, en cuatro marchas masivas y con un paro indefinido, dinero y recursos para la subsistencia de 32 universidades. Sin embargo, el presidente, que durante su campaña sostenía la importancia del conocimiento, la cultura y las economías creativas, ni siquiera los ha recibido. En la misma línea, su gestión suscribe a la idea de un Estado austero que elimine cargos considerados “burocráticos o excesivos”. A pesar de esto, Rodríguez señala no solo la continuidad de cargos con enormes gastos suntuarios, sino también la existencia de “demostraciones de un despilfarro del erario público, como por ejemplo la visita de la comitiva presidencial al Vaticano en tiempos recientes”.
En estos últimos meses, las fórmulas neoliberales probaron, una vez más, perjudicar las necesidades populares. “Tenemos una tasa de desocupación que, para enero de 2019, alcanzó el 12.8 por ciento, siendo una de las más altas en los últimos 20 años”, señala Rodríguez. “En tiempos de campaña, Duque enfatizó el apoyo a la empresa privada y dejó en claro su fe en actividades que provienen del intelecto y la creatividad, la llamada ‘Economía Naranja’, concepto acuñado por el británico John Hawkins”, explica la politóloga. El mandatario colombiano incluso promovió una ley que adhiere a esta idea, que parece lejos de cumplir las expectativas. “Si bien hay una serie de desideratums acerca de lo que debería hacerse, no aclara las fuentes de financiación que impulsarían estas actividades, ni tampoco se señala su impacto fiscal. En ninguna parte se habla de la responsabilidad del Estado en la promoción de estos emprendedores de la economía”, agrega Rodríguez.
A estas políticas se suma además lo que constituye una de las principales rupturas respecto de la gestión anterior: las decisiones sobre la guerrilla y el proceso de paz. Según la politóloga, existe una falta de voluntad para implementar lo negociado por Santos. “El Plan Nacional de Desarrollo propuesto por Duque es contrario a lo estipulado en los acuerdos. Quizás el punto más neurálgico tiene que ver con las objeciones del presidente a la jurisdicción especial para la paz, instrumento que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Esta negativa es consistente con la nueva política de seguridad y defensa del Estado, que implica una militarización de los territorios y una participación de los ciudadanos en actividades de seguridad, tema que remonta a los años más oscuros del paramilitarismo en Colombia”, destaca Rodríguez. Los acuerdos de paz son además fundamentales para evitar el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“Tenemos una tasa de desocupación que, para enero de 2019, alcanzó el 12.8 por ciento, siendo una de las más altas en los últimos 20 años”, señala Rodríguez
Estas son solo algunas de las líneas que claramente inscriben al gobierno de Duque en el contexto de ascenso de las derechas en la región latinoamericana. En este sentido, la agenda y los intereses del actual presidente colombiano encuentran distintos escenarios de convergencia con sus pares en otros países del continente. Además de la alianza Prosur – de la que Duque ha sido uno de los principales impulsores – se encuentra la estrecha relación con la gestión de Donald Trump, en Estados Unidos. “Al igual que otros gobiernos de derecha de la región, el actual mandatario ha sido claro en su apoyo a la política de Trump. Ha realizado ya dos visitas en las que no solo ha conversado con las autoridades estadounideneses, sino también con el Legislativo de ese país, con la academia y con el mercado de valores”, afirma Rodríguez. “Esto no representa una novedad, sabemos que Colombia ha sido históricamente un país cuyos gobiernos han apoyado la política norteamericana”, afirma Rodríguez.
Desde este ángulo, tampoco se puede dejar de mencionar la relación del gobierno de Duque con Venezuela, que se alinea con la de los otros gobiernos de la derecha latinoamericana. “Desde antes de que fuera presidente Duque, el Partido Centro Democrático y su líder histórico, Álvaro Uribe Vélez, han visto primero al gobierno de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, como una amenaza para Colombia y han incluido un discurso del miedo que ha logrado una enorme polarización entre los colombianos”, cuenta la politóloga. “En honor a esto, una vez que llegó al poder, Duque se ha encargado de ser uno de los principales promotores de lo que él llama un cerco diplomático contra el gobierno de Maduro y así lo ha manifestado, por ejemplo, en el Grupo de Lima, donde hizo un llamado para que las fuerzas militares venezolanas ‘se ubicaran del lado correcto de la historia’”.
