La Legislatura de la provincia de Tucumán dio otro paso en la fuerte avanzada contra los derechos de las mujeres y las personas gestantes: introdujo un proyecto de ley que busca eliminar la violación como causal para el aborto no punible. Alegando la «defensa del niño por nacer», este proyecto hace caso omiso de los meses de debate y las necesidades sociales que se evidenciaron durante el último tiempo, institucionalizando la criminalización y persecución. (Foto: Nadia Díaz)
A principios del mes de agosto, pocos días antes de que el proyecto por el aborto legal fuera discutido en la Cámara de Senadores, la Legislatura tucumana aprobó una resolución mediante la cual se declaró a la provincia como «pro vida», exhortando a sus representantes a votar en contra de la ley. Tucumán se encuentra entre las jurisdicciones que aún no adhirieron al Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo y es la única que no acató el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, sancionado en 2002. El pasado 9 de noviembre dio otro paso contra la salud de las mujeres y personas gestantes con un proyecto de ley que, en contradicción con el artículo 86 del Código Penal y el fallo F.A.L, pretende eliminar la violación como causal de aborto no punible.
La legislatura tucumana dio otro paso contra la salud de las mujeres y personas gestantes con un proyecto de ley que, en contradicción con el artículo 86 del Código Penal y el fallo F.A.L, pretende eliminar la violación como causal de aborto no punible.
La propuesta, presentada por Marcelo Caponio (FPV), ya había sido introducida en la conformación anterior de la Cámara, pero había perdido estado parlamentario. Esta vez, fue apoyada por 29 de los 49 legisladores – incluyendo a la presidenta de la comisión de Derechos de la Mujer, Graciela Medina, y a la presidenta de la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad, Sara Alejandra Assán -, lo que implica que, si llega a recinto, cuenta con los votos necesarios para su aprobación. En su artículo 4 establece la prohibición de «la discriminación al niño por nacer gestado a causa de violación». Además, bajo la categoría de «declaración falsa», habilita al personal de salud a dudar de la mujer y a denunciarla, siendo único factor necesario “la sospecha de la inexistencia de delito contra la integridad sexual”.
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Legisladores de Tucumán. Foto: CEDOC
El proyecto se suma al avance y envalentonamiento de los sectores conservadores luego de que el Senado rechazara la legalización del aborto: las acciones para lograr el retroceso de los derechos conquistados son cada vez más fuertes. Basta ver la campaña contra la Educación Sexual Integral o las decisiones estatales, como el fallo del Tribunal porteño que pone en peligro el actual protocolo de aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires. «Esta iniciativa evidencia un absoluto desconocimiento del derecho y en especial, del orden constitucional y republicano vigente en nuestro país que impide que desde las provincias se modifiquen los códigos de fondo», expresan en un comunicado de repudio agrupaciones y organizaciones de derechos humanos.
El proyecto se suma al avance y envalentonamiento de los sectores conservadores luego de que el Senado rechazara la legalización del aborto: las acciones para lograr el retroceso de los derechos conquistados son cada vez más fuertes
Es precisamente por esto que el comunicado afirma que el proyecto carece de valor jurídico y que es «parte de estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía e imponer un mensaje acorde con una moral sexual restrictiva -propia de sectores fundamentalistas- que se oponen a la secularización de los planes de vida auto-gobernados y a la construcción de una ciudadanía plena para todas las personas. Y contribuyen al mismo tiempo a que los efectores de la salud denieguen ilegalmente abortos que son legales». Es decir que la fuerte adhesión de los legisladores tucumanos implica fortalecer la complicidad con una red de salud que de por sí ha sido siempre reticente a garantizar los derechos de las mujeres, sumando nuevos instrumentos para obstaculizar el acceso al aborto no punible.
El proyecto refuerza de esta forma la criminalización y persecución de las mujeres, pero también de los trabajadores y trabajadoras de la salud que, siguiendo el fallo FAL, garanticen la realización de un aborto no punible. El artículo 7 establece, por ejemplo, que se trata de «violencia contra la mujer» «toda interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a la mujer embarazada a la práctica de un aborto».
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Foto: Nadia Díaz
Tal como advierten referentes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, dicho encuadre condena la sola garantía de información, en tanto derecho esencial de las mujeres y personas gestantes para tomar sus propias decisiones. Asimismo, se prevé la convocatoria de una «red de voluntarios» como parte de una serie de medidas de «apoyo» al «derecho a la vida», lo que implica reforzar e institucionalizar la condena social a la interrupción del embarazo. Este punto se suma a una serie de artículos que proponen también realizar «campañas de concientización del valor de la vida» y otorgar subenciones y convenios a fundaciones o asociaciones sin fines de lucro «que se comprometan a ofrecer apoyo y asistencia para el cumplimiento de la ley».
Asimismo, se prevé la convocatoria de una «red de voluntarios» como parte de una serie de medidas de «apoyo» al «derecho a la vida», lo que implica reforzar e institucionalizar la condena social a la interrupción del embarazo.
La provincia de Tucumán es un caso paradigmático en lo que se refiere a la obstaculización de los derechos de mujeres y personas gestantes. Esto fue especialmente notorio en el caso de Belén, la joven que estuvo presa alrededor de 900 días y condenada por homicidio luego de sufrir un aborto espontáneo. Sin embargo, es parte de un movimiento más grande que puede constatarse a nivel nacional: el avance cada vez mayor de un sector que busca no solo obstaculizar las luchas actuales del feminismo, sino retroceder en los derechos ya adquiridos hace tiempo.
