Desde la asunción del gobierno de la alianza Cambiemos en diciembre de 2015, se viene señalando la falta de respuestas sociales del Estado frente al ajuste, los tarifazos y el hambre en aumento. Frente a ello, la única acción estatal y con apoyo gubernamental fue la represión en la protesta social y el aumento del ejercicio represivo en los barrios más vulnerables. Sin embargo, las consecuencias sociales que conlleva la desaparición del Estado en todos los frentes destruye igual, o más, que cualquier bala.
El 3 de septiembre de 2018, el Gobierno nacional anunció el cierre de diversos ministerios para pasar a ser secretarías o dependencias de otros espacios. Salud. Trabajo. Energía. Ciencia. Tecnología. Cultura. Todos áreas fundamentales para el desarrollo social y la producción fueron reducidas con el fin de eliminar el gasto público, el déficit fiscal y cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI). En medio de aumentos de precios, derivados de la suba del dólar, esta medida denunció un punto crucial en el ajuste y achicamiento de un Estado que, una vez más en la historia argentina, retrocede y desaparece de aquellos lugares en los que debería respetar, proteger y garantizar derechos.
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El mismo día del anuncio, un joven de 13 años, Ismael Ramírez, fue asesinado en una manifestación en reclamo de comida frente a un supermercado en Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco. Si bien las versiones oficiales hablaron de un intento de saqueo, familiares y vecinos desmintieron esto, afirmando que los habitantes del barrio se encontraban concentrados frente a las puertas del supermercado, lugar en el que solían retirar una tarjeta de alimentos, pero que en aquel momento se las estaban reteniendo por los aumentos de precios que se estaban dando en esos días. Las distintas versiones que señalan a la fuerza «de seguridad» local como principal responsable del asesinato.
Este hecho que parecería aislado de los anuncios oficiales del gobierno de Mauricio Macri es, por un lado, una de las respuestas de los sectores populares al hambre al que están siendo condenados en un sistema económico que desde hace más de 40 años mantiene la exclusión y, que en un contexto de ajuste, con políticas estatales eliminadas, se acrecienta de manera violenta y brutal. Por otro lado, como en el 2001, con casos muy similares a este hecho represivo, las principales víctimas de este sistema siempre fueron y son los sectores vulnerables.
Casi 10 días después de este asesinato, en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, secuestraron en la calle a Corina de Bonis, docente del Centro de Educación Complementaria N° 801 de la localidad. La subieron a un auto y la torturaron: le pusieron una bolsa en la cabeza, la golpearon y le escribieron el abdomen con un punzón. El mensaje señalaba que la práctica que venían ejerciendo, la de realizar ollas populares para alimentar a niños y niñas de la localidad, debía suspenderse para dar clases.
Foto: Jorge Larrosa
En Moreno hay entre 200 y 400, según las diferentes versiones, establecimientos educativos que se mantienen sin abrir por problemas y peligros de infraestructura, gas y electricidad, luego de la explosión en la Escuela N°49 que terminó matando a Sandra Calamano y Rubén Rodriguez el 2 de agosto de este año, y señalando una vez más, la ausencia del Estado. Como reclamo ante la falta de presupuesto para la educación pero también de medidas de seguridad para trabajadores y niños, en la localidad se replicaron las ollas para que los chicos y chicas puedan seguir siendo alimentados a pesar de no poder asistir a clases.
La falta de presencia estatal evidenciada en este terrible hecho señala una verdad: cada vez que se reducen los costos estatales, lo que se destruye son las políticas fundamentales para garantizar los derechos básicos de la población. Estas medidas anunciadas, no son otra cosa que un hito más en la cadena de una serie de anuncios, que desde la llegada al poder del gobierno de Mauricio Macri, siempre ajustan en los mismos sectores: perjudicando y sustrayendo todo aquello que puede garantizar una vida digna mientras, en paralelo, se siguen beneficiando los sectores concentrados.
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Cuando el Estado desaparece, no solo aparecen las balas del sistema represivo, sino también y fundamentalmente las consecuencias en una sociedad que sufre el hambre y la exclusión. El gobierno actual redujo el accionar del Estado, retirando y achicando sus funciones y, por lo tanto, reduciendo políticas estatales fundamentales como lo son garantizar las necesidades básicas, la salud y la educación. Este Estado es responsable de las muertes causadas, las tragedias señaladas y las consecuencias sociales que seguirán existiendo mientras que el rol del gobierno actual sea seguir ajustando sobre los sectores más vulnerables.
