Todos los gobiernos constitucionales violaron los derechos humanos en Argentina. En todos se mantuvo la cuota de complicidad con la impunidad y con la persistencia de la represión en democracia. Sin embargo, en menos de tres años el gobierno de Cambiemos ha batido varios récords: una muerte cada 23 horas, beneficios a genocidas, presos políticos y, fundamentalmente, el aval discursivo al gatillo fácil y la crueldad de las fuerzas represivas. Hace poco más de una semana, todos estos ejes entraron en relación y, a la vez, explotaron con el decreto que legitima el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. ¿Cuáles son los límites cuándo ya se cruzan todos? (Foto de portada: Nacho Yuchark)
Desde, por lo menos, los casi 40 años de democracia consecutiva tras la dictadura cívico-militar, la represión no fue ajena a la vida social y política del país. Mucho menos de los sectores populares que la viven con el cuerpo en su cotidianidad. La represión a la protesta social tampoco, sin embargo, la sistematicidad del rol desplegado por las fuerzas represivas en diferentes movilizaciones en estos últimos años se repitió de forma cada vez más frecuente. De igual forma, la persecución a líderes políticos se acrecentó en paralelo al otorgamiento de mayores beneficios a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.
En un contexto de brutal concentración económica, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que vuelve a poner al país en una mayor dependencia económica, la inestabilidad laboral que condena cada vez a más trabajadores a la precarización y un constante recorte de recursos del Estado, la represión es la única respuesta ante el malestar social. Una represión que no es disimulada sino que es avalada discursivamente por el Gobierno nacional y acompañada por todos los poderes del Estado.
La persecución política: Milagro Sala y Facundo Jones Huala
Ambos nombres señalan la persecución contra los pueblos originarios, representados por el hostigamiento a sus líderes y dirigentes, en el país. Milagro Sala y Facundo Jones Huala son presos políticos indígenas en Argentina. En enero de 2016, el gobierno de Cambiemos inauguró la persecución a la militancia social y política con la detención arbitraria de Milagro Sala. A su vez, la detención de Facundo Jones Huala, en junio de 2017, evidenció el hostigamiento del que es víctima por ser líder político y mapuche al ser encarcelado por segunda vez en una causa que ya había sido anulada.
(Leer nota: Milagro Sala no es la única: quiénes son los presos políticos en el gobierno de Macri)
En ambas situaciones, se mantienen privados de su libertad con varias irregularidades, falta de pruebas y con un Estado que niega sus legítimos derechos. En este momento, tanto Milagro Sala como Facundo Jones Huala se encuentran en prisión domiciliaria pero se mantienen los mismos regímenes carcelarios, una estricta vigilancia y un acceso precario a la salud: Jones Huala estuvo casi un mes en huelga de hambre frente a un reclamo legítimo por sus derechos y por el cual corrió serio riesgo de vida; Sala es víctima de un trato inhumano y cruel que la mantiene en un cuadro fuertemente depresivo. En ambos casos, el sistema que los encarcela no se preocupa por condenarlos a morir.
Foto: Fran Rodriguez
Beneficios a los genocidas de la dictadura cívico-militar
Mientras Milagro Sala y Facundo Jones Huala son víctimas de un sistema carcelario cruel y excluyente, los genocidas condenados por los crímenes de lesa humanidad disfrutan de beneficios reales. Luego de haber gozado décadas de impunidad, el avance de la justicia que se dio gracias al proceso de Memoria, Verdad y Justicia llevado adelante por los organismos de Derechos Humanos y acompañado por toda la sociedad, aún es lento y se mantiene con ciertos reparos.
Según la última emisión de estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal sobre el estado de los juicios por delitos de lesa humanidad, desde el 2006 hasta el 15 de junio de 2018, se dictaron 206 sentencias condenando a 867 genocidas. El total de los imputados desde la reapertura de los juicios tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final es 3007, de los cuales 1297 están libres y 1038 se encuentran detenidos. De estos últimos, 602 están en prisión domiciliaria y 375 en cárceles federales. Este breve resumen sigue arrojando la misma realidad que los últimos informes: hay más imputados libres que detenidos y más genocidas condenados con prisión domiciliaria que en cárcel común y efectiva.
Esta realidad da cuenta del aumento de las prisiones domiciliarias y, a la vez, de las libertades condicionales de cientos de genocidas que ven su situación mejorada respecto a años atrás. A fines de 2017, desde la Procuraduría habían señalado que a partir del año 2015 existe una tendencia en alza sobre la cantidad de imputados en libertad. Esta alza comienza en diciembre de 2015, se profundiza durante el 2016 y se consolida en 2017. Esta misma tendencia se registra sobre la cantidad de condenados que reciben el beneficio de la prisión domiciliaria.
(Leer nota: El límite social al 2×1: la condena a los genocidas es una lucha contra la impunidad)
Estas tendencias se dan en el marco de un gobierno que intentó avalar el fallo del 2×1 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo de 2017 que beneficiaba a los condenados por delitos de lesa humanidad. A su vez, estas medidas y el fallo, que fue frenado por un pueblo que levantó la lucha de los pañuelos blancos, se dan en un contexto en que los programas estatales que acompañaban los juicios de lesa humanidad desde los distintos ministerios, para condenar a civiles y militares responsables del genocidio, fueron desfinanciados o vaciados.
Represión en la protesta social: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel
La política represiva del gobierno de Mauricio Macri y la gestión de Patricia Bullrich en la cabeza del Ministerio de Seguridad dio una salto de calidad en la segunda mitad del año 2017. Con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la alianza gobernante de Cambiemos tuvo sus primeros dos muertos en contexto de represión de la protesta social en menos de seis meses. La desaparición y muerte de Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Nahuel en Río Negro son producto del avance de la represión y el hostigamiento desatado contra los pueblos originarios que están en lucha por la recuperación de sus territorios.
(Leer nota: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel: víctimas del aumento de la represión en la protesta social)
En este sentido, el aumento de la represión en la protesta social relevado durante los primeros dos años del macrismo en el poder tuvo como consecuencia dos muertes en manos del Estado. Todos los gobiernos constitucionales asesinaron en contextos de movilizaciones y protestas, sin embargo, la novedad es que el accionar represivo que produjo estas muertes, como las múltiples represiones sucedidas en adelante y las detenciones arbitrarias que le siguieron, fueron avaladas discursivamente y defendidas por los funcionarios del gobierno nacional.
Récord represivo y la doctrina Chocobar
La democracia argentina de casi 35 años asesinó a más de 5000 personas hasta la fecha mediante su aparato represivo estatal. En tan solo dos años de gobierno, contando desde diciembre de 2015 al mismo mes de 2017, la gestión de Cambiemos es responsable de más de 700 muertes superando a todos los gobiernos anteriores y rompiendo todos los récords desde 1983. Ese accionar represivo, persistente en todos los gobiernos constitucionales, en la actualidad mata cada 23 horas, principalmente, a los sectores más vulnerables.
A su vez, como ya mencionamos repetidas veces, ese accionar se ve avalado y defendido en declaraciones y testimonios de los distintos responsables de esa política represiva. Esa reivindicación de la represión se pudo ver de forma ejemplar en el caso Chocobar que puso nombre a la doctrina que las fuerzas represivas ya ejercían en las calles. En el mes de febrero de este año, Mauricio Macri y Patricia Bullrich recibieron al policía Luis Chocobar para felicitarlo por su accionar: asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, que había asaltado a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca en diciembre de 2017.
(Leer nota: La pena de muerte como cuestión de clase)
Foto: Fran Rodriguez
Las Fuerzas Armadas a la calle
El presidente Mauricio Macri anunció el 23 de julio la decisión de modificar el rol actual de las Fuerzas Armadas: ahora podrán colaborar en tareas de seguridad interior, defensa de fronteras, lucha contra el narcotráfico y apoyo contra las “nuevas amenazas del siglo XXI”. Ese anuncio lo realizó en un acto en Campo de Mayo, lugar donde las Fuerzas Armadas mantuvieron un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura cívico-militar, crearon una maternidad clandestina y por el que pasaron más de 5000 personas detenidas-desaparecidas. El decreto 683/2018 fue oficializado el 24 de julio con la publicación en el Boletín Oficial.
(Leer nota: Inseguridad interior: el pacto entre Macri y las Fuerzas Armadas)
Este decreto destruye un consenso social logrado mediante décadas de lucha tras el fin de la dictadura cívico-militar respecto al lugar que deben ocupar las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática. Como ya mencionamos en La Primera Piedra, en países de la región como Colombia, Brasil y México se aplicaron doctrinas similares con resultados que demostraron que los niveles de violencia aumentaron drásticamente y con graves violaciones a los derechos humanos.
A su vez, esta medida no se puede leer por fuera de la perspectiva represiva que se viene señalando. El Gobierno nacional ejerce la represión batiendo todos los récords de forma brutal, en sus discursos felicita el accionar asesino, le quita la autoridad civil que gobernaba a las Fuerzas Armadas y legitima su rol a pesar del genocidio ejercido en la historia argentina. En este contexto, ¿qué se puede esperar del gobierno que más mató en democracia al volver a poner en el centro de la escena a las Fuerzas Armadas?
