Tras el crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, se conocieron los detalles del documento firmado entre el organismo y el gobierno nacional, donde se especifican las metas para el rumbo de la economía. El financiamiento de 50.000 millones de dólares en tres años será pagado con reducción de empleados públicos, aumento de tarifas y recortes en los planes de obra pública.
El viernes pasado se conocieron los detalles del acuerdo entre el FMI y el gobierno argentino. Los fantasmas que se agitaron luego del otorgamiento del crédito stand-by (el mayor que actualmente mantiene el organismo multilateral) se confirmaron en las 125 páginas que especifican el futuro cercano de la economía nacional: para mantener el rumbo exigido por el organismo se apuntará al congelamiento de salarios de empleados públicos, la paralización de la obra pública y el aumento de tarifas de servicios.
Los fantasmas que se agitaron luego del otorgamiento del crédito stand-by (el mayor que actualmente mantiene el organismo multilateral) se confirmaron en las 125 páginas que especifican el futuro cercano de la economía nacional.
El documento del FMI no propone un contexto muy prometedor para la Argentina: en el escenario más positivo, estiman que el crecimiento sería de un 0,4% para este año. Para acercar la economía a estos niveles, fue propuesto un recorte en el gasto público y una modificación en los regímenes tributarios planificados para 2019. A nivel del empleo estatal, se propone limitar los aumentos salariales a un 8% entre junio 2018 y junio de 2019 y avanzar con el «recorte sostenido de empleados no prioritarios en 2018 y congelando las contrataciones en la administración federal».
En 125 páginas, el staff del FMI trazó una descarnada hoja de ruta del ajuste fiscal que deberá aplicar el Gobierno en los próximos años: despido de empleados públicos, tope de aumento salarial del 8% para 2019 y aplazamiento de rebajas de impuestos.
— Alejandro Bercovich (@aleberco) July 13, 2018
El documento detalla la intención de poner a disposición el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para cubrir los gastos de jubilaciones y juicios relacionados al sistema previsional. A partir de un paquete de leyes aprobados en 2016, el gobierno nacional puede disponer de estos fondos sin necesidad de una aprobación legislativa, para aplicarlo al pago de la «reparación histórica». El acuerdo con el FMI solo aceleró la necesidad de inyectar la mayor cantidad de dinero posible para evitar que continúe en aumento el déficit fiscal.
Otro de los puntos importantes del documento plantea la postergación de las modificaciones planteadas por la reforma tributaria recién para el año 2020. Estos puntos modificaban, por ejemplo, las contribuciones sociales de los empleadores, pero el gobierno no planea arriesgar la base de su financiamiento fiscal en este momento. También se propone profundizar la quita de subsidios a los servicios públicos (energía y transporte), que ya han sufrido un fuerte aumento durante los primeros meses del año 2018. Al mismo tiempo, apuntará a reducir los aportes de fondos a las provincias y a las empresas estatales.
