En menos de una semana, el grupo Telecom-Cablevisión recibió dos grandes noticias: la aprobación de su fusión por parte de la Secretaría de Comercio y la media sanción del Senado al proyecto de ley de convergencia que contempla la posibilidad de ofrecer una modalidad de servicio cuádruple play. Casi tres años después de la anulación por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no se ha tratado ningún proyecto que busque la democratización de la información en Argentina.
El viernes pasado se conoció el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que determinó la legalidad de la fusión entre Telecom, multinacional de telecomunicaciones, y el grupo Clarín, multimedio argentino que agrupa a las empresas Cablevisión, Fibertel y Nextel. El valor estimado del nuevo grupo empresario es de 11 millones de dólares y se consolida en una posición dominante frente al mercado de telecomunicaciones en Argentina. Para intentar limitar su impacto, la CNDC determinó que deberá desprenderse de 140.000 clientes en localidades donde la superposición de oferta entre Arnet y Fibertel impida el acceso de competidores.
El viernes pasado se conoció el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que determinó la legalidad de la fusión entre Telecom, multinacional de telecomunicaciones, y el grupo Clarín, multimedio argentino que agrupa a las empresas Cablevisión, Fibertel y Nextel.
Telecom y el Grupo Clarín no parecían tener muchas dudas de que esta resolución se aprobaría, porque hace meses comenzaron a circular los spots publicitarios que promocionaban la oferta de telefonía celular, internet y televisión por cable del nuevo grupo. Telecom se convierte así en la primera empresa convergente en condiciones de ofrecer servicios en la modalidad conocida como «cuádruple play». Es por eso que la media sanción alcanzada ayer en la Cámara de Senadores repercute directamente en la situación de la empresa.
El proyecto de la Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia Tic fue aprobado por el Senado ayer y girado a la Cámara de Diputados. Esta ley propone que las empresas de telefonía puedan entrar en el negocio de la televisión digital. En el debate, se planteó la necesidad de una ley que proteja los contenidos locales frente al avance de grandes empresas que, además de tener el control de la distribución, también son generadoras de contenido.
La legislación favorable a la concentración mediática no es una novedad. El decreto de necesidad y urgencia que anuló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue firmado por el presidente Mauricio Macri a pocos días de su asunción. La decisión, que no esperó a pasar por el Congreso, destruyó un debate que había llevado años consensuar entre sectores políticos y académicos. La demonización mediática de la «Ley de Medios K» influyó en la falta de oposición de la medida. Pocos días después de esa fecha, vencía el plazo puesto por la Corte Suprema para la adecuación del Grupo Clarín, que debía desprenderse de algunos negocios para continuar operando sin actuar como monopolio.