Después de tres meses, el histórico juicio por el travesticidio de Diana Sacayán, activista por los derechos de la comunidad travesti y trans asesinada en 2015, llegó a su fin en una jornada que se hizo esperar. Gabriel David Marino, uno de los imputados por el hecho fue condenado a prisión perpetua. A continuación, los detalles de un proceso que, por primera vez en el país, juzgó un crimen de odio por identidad de género bajo la figura de travesticidio.
Más de tres meses y once audiencias de un juicio histórico en Argentina, Gabriel David Marino, uno de los imputados por el travesticidio de la referente de la comunidad travesti y trans, Amancay Diana Sacayán, fue condenado a prisión perpetua. En un fallo que cerró un proceso ejemplar desde una perspectiva de género, finalmente se logró un pedido de justicia que se viene llevando adelante desde el asesinato de la activista cometido en octubre de 2015. Fue la primera vez en el país que la figura de travesticidio y las violencias contra la identidad de género se nombran expresamente en los expedientes judiciales y ante el tribunal.
Más de tres meses y once audiencias de un juicio histórico en Argentina, Gabriel David Marino, uno de los imputados por el travesticidio de la referente de la comunidad travesti y trans, Amancay Diana Sacayán, fue condenado a prisión perpetua.
Gracias a la presencia constante de la familia y del colectivo trans y a sus reclamos de justicia, el Poder Judicial escuchó por primera vez las vulnerabilidades que afectan a una comunidad discriminada e hizo un lugar a las identidades disidentes constantemente excluidas por el Estado. Ahora, se llevará adelante una vigilia convocada por la Comisión de Justicia por Diana Sacayán, que acompañó el proceso con distintas actividades culturales.
(Leer nota relacionada: Diana Sacayán: una vida de activismo trans a horas de una sentencia histórica)
Foto: Ariel Gutraich para Agencia Presentes
Un juicio histórico
Amancay Diana Sacayán, activista travesti que luchó incansablemente por los derechos de la comunidad trans, fue asesinada brutalmente el 11 de octubre de 2015 en su casa en el barrio porteño de Flores. La autopsia, realizada por Roberto Cohen del Cuerpo Médico Forense, demostró que fue golpeada, amordazada, maniatada y apuñalada trece veces, mientras se encontraba en un «estado de indefensión». A partir de testimonios, pruebas de ADN y las filmaciones de cámaras de seguridad, fue imputado por el crimen Gabriel David Marino, de 25 años, con quien Diana tenía una relación. Se habían conocido en el marco de un tratamiento para adicciones. Además, se está llevando adelante una investigación paralela que se encuentra en etapa de instrucción sobre otros dos posibles involucrados: Federico Cardozo y Félix Alberto Ruiz.
El juicio por el asesinato de Amancay Diana Sacayán se trató de un proceso histórico: fue el primero en el que se trató la figura de travesticidio, y en el que se juzgó un crimen de odio por identidad de género, investigando desde un inicio a la luz de esta perspectiva.
El juicio oral y público constó de doce audiencias que se iniciaron el pasado 12 de marzo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez. Por el Ministerio Público Fiscal intervino Ariel Yapur y por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y personas LGBTIQ (UFEM), Mariela Labozzeta. Además, participaron dos querellas: una en representación de la familia – llevada adelante por la abogada Luciana Sánchez – y la otra a cargo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), donde trabajaba Diana antes de ser asesinada. Se trató de un proceso histórico: fue el primer juicio en el que se trató la figura de travesticidio, y en el que se juzgó un crimen de odio por identidad de género, investigando desde un inicio a la luz de esta perspectiva.
(Leer nota relacionada: Justicia por el travesticidio de Diana Sacayán)
Foto: Agencia Presentes
«Como UFEM destacamos que es el primer juicio que se llevó respetando la identidad de la víctima, cumpliendo con los protocolos sobre cómo se investiga un crimen de género y donde las organizaciones LGBTQ participaron activamente en el proceso, dentro del sistema judicial. Y esto impactó en la propia actividad militante de los organismos», afirmó Labozzeta para Página/12. En un alegato que, como ella misma puntualizó fue «fundacional», Sánchez, resaltó que no solo se aborda por primera vez la figura de travesticidio, sino también la problemática y vulnerabilidad del colectivo de travestis y mujeres trans. «A diferencia de otros procesos, no es común contar con la calidad y cantidad de pruebas con que llegamos a este juicio, para poder identificar los elementos del odio. En general los escenarios de crímenes de odio quedan mancillados, no son abordados con protocolos rigurosos y quedan impunes», dijo Sánchez según lo relatado en Agencia Presentes.
A diferencia de otros procesos, no es común contar con la calidad y cantidad de pruebas con que llegamos a este juicio, para poder identificar los elementos del odio. En general los escenarios de crímenes de odio quedan mancillados, no son abordados con protocolos rigurosos y quedan impunes», dijo Sánchez según lo relatado en Agencia Presentes.
Tal como menciona Página/12, ya en la etapa de instrucción, los fiscales que intervinieron, habían declarado que el contexto y el modo en el que se produjo el hecho permiten hablar de un asesinato motivado “por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual de Inadi, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)». Por su parte, el fiscal Yapur, destacó también que el juicio fue un proceso visto en todo el mundo por su importancia para un crimen que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó como ejemplo de la violencia ejercida contra defensores de derechos humanos trans, en un informe publicado un mes después del asesinato.
Foto: Agencia Presentes
A pesar de la importancia que revistió la perspectiva de género en el juicio, no faltó la mirada patriarcal de la defensa de Marino, a cargo de Lucas Tassara, el representante del Ministerio Público de Defensa. Durante su alegato, intentó negar en todo momento que se tratara de un crimen de odio, afirmando que las heridas de arma blanca fueron «defensivas» y que no hubo un especial ensañamiento, omitiendo lo que dijeron los testigos que vieron el cuerpo, el médico forense y las declaraciones de la testigo experta, Amaranta Gómez Regalado. «Acá no está en juego el respeto a la identidad de género sino que están en juego los hechos penales”, dijo Tassara a los jueces. Además, y tal como expone Agencia Presentes, minimizó el alcance de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a nivel normativo y de las definiciones de su informe sobre crímenes de odio a personas LGBTI.
La mayoría de los integrantes del colectivo travesti – trans llegan a los 35 años de edad con graves problemas económicos y habitacionales, sin un adecuado nivel de estudios o experiencia laboral previa, viéndose obligadas a vivir en condiciones de precariedad y en un contexto de constante estigmatización, que las conduce al aislamiento y las convierte en víctimas de todo tipo de violencias.
Como se mencionó anteriormente, no solo se expusieron las pruebas forenses que demuestran el ensañamiento, sino que además se expuso el contexto de violencia que atraviesa la comunidad travesti y trans sufre ante la inacción del Estado, lo que la lleva a un promedio de vida de alrededor de 35 años. La mayoría de los integrantes del colectivo llegan a esa edad con graves problemas económicos y habitacionales, sin un adecuado nivel de estudios o experiencia laboral previa, viéndose obligadas a vivir en condiciones de precariedad y en un contexto de constante estigmatización, que las conduce al aislamiento y las convierte en víctimas de todo tipo de violencias.
Foto: China Díaz
Como relata Agencia Presentes, además de haber pedido prisión perpetua para Marino durante el proceso, Sánchez también había solicitado una serie de medidas reparatorias para el colectivo de mujeres trans y travestis, que si bien no dependen específicamente del tribunal, la querella espera que se haga eco para que otras instituciones escuchen a la Justicia. Entre ellas se encuentran la realización de un homenaje público para desagraviar la imagen de Sacayán – a raíz del tratamiento mediático que recibió su travesticidio -; el perdón del Poder Judicial ante el caso omiso a las denuncias por amenaza que Sacayán había presentado; la declaración de emergencia social del colectivo travesti trans; la aplicación del protocolo de la UFEM en todos los casos de travesticidios del país; y la implementación del Cupo Laboral Trans.
El fallo y el proceso entero representa así un momento histórico para Argentina: reconocer la violencia específica que afecta a la comunidad travesti y trans a partir de su identidad de género es fundamental para implementar las herramientas que permitan eliminarla.
El fallo y el proceso entero representa así un momento histórico para Argentina: reconocer la violencia específica que afecta a la comunidad travesti y trans a partir de su identidad de género es fundamental para implementar las herramientas que permitan eliminarla. En lugar de revictimizar, se escucharon los relatos y las voces de los protagonistas de la mano de sus protagonistas, en un un camino que viene siendo reclamado por activistas y miembros del colectivo desde hace años y que hoy obtuvo una victoria.
