El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta un momento decisivo: la justicia exigió su detención por una sospecha de corrupción mientras continúa siendo el candidato favorito para las elecciones de octubre. Sus abogados denuncian que el pedido de prisión es ilegal y que busca evitar la reelección del Partido de los Trabajadores. (Foto de portada: Ricardo Stuckert)
Brasil atraviesa 48 horas de tensión luego del fallo del Superior Tribunal Federal en contra del ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el posterior pedido de detención por parte del juez federal Sergio Moro. Según esta decisión, el líder del Partido de los Trabajadores tiene hasta hoy a las 17hs para presentarse ante la Justicia en la ciudad de Curitiba y cumplir su condena de 12 años de prisión. Aunque los defensores de Lula pueden continuar accionando recursos legales para su liberación, ver al líder popular más poderoso de Brasil tras las rejas es recibido como una victoria para la oposición y la derecha en toda la región.
El pedido de detención de Lula da Silva se da en el marco de las investigaciones por corrupción y lavado de dinero alrededor del caso conocido como Lava Jato, que involucra a empresarios y funcionarios a nivel nacional e internacional. El ex-presidente está sospechado de haber recibido un departamento en Guarujá en concepto de soborno durante su gestión, lo que correspondería a una maniobra de corrupción pasiva. Según la defensa de Lula, el departamento nunca le perteneció y afirman que la condena es exclusivamente «política».
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La detención del ex presidente Lula tiene una connotación especial porque, además de ser uno de los líderes políticos más importantes de la región, es también el candidato favorito para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en octubre. Incluso después de su pedido de detención, mantiene una intención de voto del 35%.
Al terminar su segunda presidencia contaba con una aprobación del 80% de la población, lo que lo posicionó como un líder popular pocas veces visto en la historia de Brasil. Según una encuesta publicada el día 5 de abril de este año por la consultora Ibope, un 72% de la población rechaza al gobierno del actual presidente Michel Temer, que cuenta con una aprobación apenas del 5%. En este contexto, es fácil comprender el interés por la oposición de sacar a Lula del camino electoral.
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Lula está mencionado en otros seis casos en el marco de la investigación por el Lava Jato, que pueden o no agravar su condena, pero que deberán ser juzgados con el tiempo necesario. La actual condena a 12 años de prisión por la posesión de un departamento es llamativa teniendo en cuenta que otros miembros del gabinete, incluido el actual presidente Temer, tienen sospechas de corrupción que no están siendo investigadas con la misma efectividad.
Luego del juicio político que alejó del poder a Dilma Rousseff por responsabilidades burocráticas y ahora la detención de Lula da Silva, el avance de la derecha parece avalado por la Justicia en Brasil y apoyado por el poder económico que impulsa sus medidas económicas regresivas.
