Luego del «pañuelazo» que se realizó frente al Congreso para exigir la legalización del aborto, el Gobierno nacional dio «libertad de acción» a sus legisladores para tratar el tema en el recinto. Después de años de lucha y de múltiples reclamos que se siguen sumando desde varios sectores de la sociedad, el proyecto de ley podría finalmente ser debatido . ¿Qué implica esta decisión del oficialismo? (Foto: China Díaz)
Los movimientos feministas y su presencia en las calles lograron que las luchas por los derechos de las mujeres se instalaran en la sociedad. A 30 años de la primera comisión para tratar el aborto en los Encuentros Nacionales de Mujeres, y luego de 13 del nacimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el tema se transformó en una demanda masiva. La fuerza del reclamo logró instalar, al interior de los medios y las redes sociales, un debate que hace años era completamente inexistente. El tabú comenzó a resquebrajarse, sumando las voces de nuevas generaciones de mujeres para las cuales el silencio ya no es una opción.
A 30 años de la primera comisión para tratar el aborto en los Encuentros Nacionales de Mujeres, y luego de 13 del nacimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el tema se transformó en una demanda masiva.
Durante años el tratamiento en la agenda política se postergó sin solución de continuidad: una de las excusas fue que la sociedad no estaba «preparada». Hoy, el debate se hace inevitable. El proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo perdió estado parlamentario por sexta vez consecutiva, y entonces la Campaña convocó a una «pañuelazo». Miles de mujeres se congregaron frente al Congreso sosteniendo en alto el pañuelo verde que llegó a convertirse en un símbolo por la legalización de un derecho esencial. Aunque los principales representantes oficialistas están en contra del aborto, el impulso del feminismo logró que la discusión no pudiera ser desplazada. En la primera reunión para coordinar la agenda parlamentaria, el Gobierno dio «libertad de acción» y de «conciencia» a los legisladores para debatir el tema en el recinto.
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Foto: China Díaz
El 6 de marzo, el proyecto será introducido por séptima vez por cuatro diputadas: Victoria Donda (Movimiento Libres del Sur), Brenda Austin (UCR-Córdoba), Mónica Macha (Unidad Ciudadana) y Romina del Pla (Frente de Izquierda). La iniciativa es el resultado de un largo camino iniciado en el año 2005 y que, con el tiempo, fue ampliando el apoyo en el Congreso hasta llegar a alcanzar, entre el 2014 y 2015, un récord histórico de 70 firmas que ahora espera ser superado. Esta vez, introduce dos modificaciones respecto de la última presentada el 30 de junio de 2016: se amplía la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta las catorce semanas – en lugar de colocar el límite en la doceava – y se contempla la Ley de Identidad de Género, haciendo extensivo el proyecto a «todas las personas con capacidad de gestar».
Si bien la «luz verde» para el debate representa una oportunidad significativa, abre una serie de interrogantes alrededor del futuro del proyecto y de las posibilidades concretas de lograr la legalización.
La intención en las próximas semanas es solicitar una sesión especial para el 8 de marzo, día del Paro Internacional de Mujeres, aunque desde el oficialismo se anunció que no daría quórum para llevarla adelante. Si bien la «luz verde» para el debate representa una oportunidad significativa, abre una serie de interrogantes alrededor del futuro del proyecto y de las posibilidades concretas de lograr la legalización.
Para que llegue a debatirse, al menos 129 diputados deberán estar en sus bancas. Por el momento, de acuerdo a datos obtenidos hasta el momento por la organización Economía Femini(s)ta, son 71 los legisladores que darían su respaldo, y 78 los que se encuentran en contra. En caso de que eventualmente el proyecto obtuviera la media sanción, el Senado representará un obstáculo mayor, puesto que allí tienen más peso los representantes de las provincias con tendencias más conservadoras.
Foto: China Díaz
“No queremos provocaciones ni que nos apuren porque todavía ni siquiera conocemos el texto del proyecto. Hay que leerlo con detenimiento, su letra chica, y para eso necesitamos tiempo”, afirmó una legisladora macrista de acuerdo a Página/12. La demora en el tratamiento también está condicionada por la cantidad de comisiones encargadas de su discusión: Salud, Familia, Legislación General, Legislación Penal e incluso presupuesto. El giro del proyecto a una u otra será decidido por el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, quien también determinará si el debate se realizará en un plenario de comisiones o será estudiado por separado en cada una de ellas.
La demora en el tratamiento también está condicionada por la cantidad de comisiones encargadas de su discusión: Salud, Familia, Legislación General, Legislación Penal e incluso presupuesto. El giro del proyecto a una u otra será decidido por el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó.
Además, desde el oficialismo ya se adelantaron algunas de las posibles modificaciones que se buscarán incorporar, como una ayuda económica para embarazadas – subsidio que se redujo luego de la reforma previsional – y la aceleración de los trámites para adopción. Ambas opciones son parte de la reticencia a legalizar el aborto: se busca llevarlas adelante no como medidas independientes, sino para desmotivar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la vida.
La idea de la «libertad de conciencia» también introduce la problemática de que los legisladores actúen según sus propias convicciones personales, morales y religiosas a la hora de votar sobre un tema fundamental para la salud pública de las mujeres. Algo similar a lo que sucede con la «objeción de conciencia» que gran parte del personal médico aplica en países donde el aborto es ley, o incluso en Argentina, en caso de tener que aplicar el protocolo legal para la interrupción voluntaria del embarazo.
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Foto: China Díaz
Lo cierto es que, más allá de las resistencias que se encuentren al interior del recinto, la lucha que el feminismo viene llevando adelante desde hace años logró subir un escalón y sentar las condiciones para que el debate finalmente se desarrolle en la agenda política. Y eso es una conquista, porque permitió quebrar el silencio y exigir que el Estado asuma su responsabilidad ante la deficiencia de las políticas públicas en torno a la salud sexual y reproductiva. La visibilización mediática que el tema tuvo durante el último tiempo amplió la repercusión, tendió la mano para que cada vez más mujeres se sumaran a luchar pos sus derechos.
Lo cierto es que, más allá de las resistencias que se encuentren al interior del recinto, la lucha que el feminismo viene llevando adelante desde hace años logró subir un escalón y sentar las condiciones para que el debate finalmente se desarrolle en la agenda política.
A fuerza de reclamos y militancia activa, el aborto está ocupando así un lugar cada vez mayor: admite una discusión que hasta hace un tiempo se encontraba totalmente anulada. Es otro paso en un camino irreversible que debe acompañarse también de un proceso de despenalización social, para frenar la criminalización a quienes buscan decidir sobre su propio cuerpo, y continuar desarmando la trama machista que impone mandatos mientras cientos de mujeres mueren desamparadas por el Estado.
