Desde la llegada al poder de Cambiemos, la persecución a la militancia social y política inaugurada con la detención arbitraria de Milagro Sala se volvió cotidiana. La criminalización a la protesta social, el armado de causas, las detenciones arbitrarias y las cacerías desatadas en las represiones a las movilizaciones sociales trajeron al centro de la escena una vieja consigna popular que reclama «libertad a los presos por luchar».
A tan solo un mes de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, en enero de 2016, detuvieron a Milagro Sala, la dirigente de la organización social Tupac Amaru. Este hecho inauguró dos situaciones. Por un lado, el aumento en la criminalización de la protesta social y a quienes se manifiestan y, por otro lado, un proceso de persecución a la dirigencia y militancia opositora a la gestión nacional.
La criminalización a la protesta en el gobierno de Mauricio Macri se vio inaugurada con la prisión preventiva a Milagro Sala porque la primera causa de su detención fue su participación en una protesta. Luego, la prisión preventiva se mantuvo por otras causas y aún hasta el día de hoy continua presa a pesar de las exigencias de organismos nacionales e internacionales que piden por su liberación.
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Foto: ANRed
La detención de la líder jujeña, también, inauguró un proceso de detención a toda la dirigencia política y social opositora. Si Milagro Sala, la dirigente de la organización social más grande del país, estaba presa sin ninguna prueba concreta y por razones políticas, también podían estarlo otros líderes o militantes sociales que se opongan a los gobiernos provinciales o al nacional.
Un tiempo después, y con acuerdos entre los poderes ejecutivos de Chile y Argentina, se detuvo a Facundo Jones Huala, líder mapuche que pelea por el reconocimiento del derecho a sus tierras y que sigue detenido para ser extraditado al país trasandino a pesar de que ya se haya anulado la causa por la cual se lo acusa, como ya señalamos en La Primera Piedra. Al igual que éste, en la provincia de Formosa se detuvo al dirigente wichí Agustín Santillán por causas armadas tras el reclamo constante del dirigente por los derechos básicos que necesita su comunidad. Si bien Santillán actualmente se encuentra en en libertad, el amedrentamiento a la comunidad continúa y junto a Jones Huala y diversos dirigentes de la Tupac Amaru son ejemplos concretos de la criminalización y persecución a los pueblos originarios en el país.
Tal como ya mencionamos en La Primera Piedra, el inicio de la persecución a dirigentes políticos que marcó la detención de Milagro Sala en 2016 se profundizó en el 2017 con las detenciones de múltiples políticos opositores. Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Héctor Timerman fueron detenidos con prisión preventiva acusados por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA debido al Memorándum con Irán. Cristina Fernández de Kirchner, también está procesada por la misma causa. Por otro lado, el dirigente social y abogado Juan Grabois fue sancionado con una multa cuestionar al poder judicial. Myriam Bregman y Nicolás del Caño fueron denunciados por haber cometido ‘atentado al orden constitucional y a la vida democrática‘, debido a su participación en las contundentes movilizaciones contra las reformas que busca imponer el gobierno nacional.
A su vez, particularmente en el 2017, se detuvo a múltiples manifestantes en contextos de protesta social violando gravemente el derecho a manifestarse. La represión y la cacería indiscriminada de militantes políticos y sociales se volvió una cotidianidad cada vez más abrumadora. Tan solo en las represiones brutales que se sucedieron en el mes de diciembre fueron detenidas más de 200 personas, tal como afirmaron desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVYJ). Aún hasta el día de hoy, cinco personas se encuentran detenidas de forma totalmente arbitraria tras la cacería represiva del 14 de diciembre. A esto se suma las prisiones dictadas contra César Arakaki y Dimas Fernando Ponce, además de la persecución y demonización de Sebastián Romero por haber participado de la protesta popular del 18 de diciembre: los tres militantes de partidos políticos de izquierda.
Foto: Javier Valente para ANRed
Desde el EMVYJ se denunció la persecución y la imposición de estos nuevos presos políticos del gobierno de Macri, además de demostrar como desde el Poder Judicial se niega la excarcelación de los detenidos tras las movilizaciones de diciembre argumentando que podrían entorpecer la investigación o que habrían sido autores de lesiones a policías sin ninguna prueba que lo demuestre. «Toda la causa es un intento de transformar una enorme manifestación popular en un delito penal», señalaron los organismos que conforman el EMVYJ.
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Hoy, se cumplen dos años, 731 días, de ese momento que puso en alerta y marcó la persecución a dirigentes y manifestantes: la detención arbitraria de Milagro Sala. En dos años de gestión del gobierno de Mauricio Macri el encarcelamiento de dirigentes sociales y militantes se ha vuelto moneda corriente. Si bien varios ya fueron liberados, en la actualidad casi 20 personas son privadas de su libertad por razones políticas sin contar a todos aquellos que enfrentan causas en su contra por participar en movilizaciones sociales. Como respuesta a un gobierno que encarcela a quienes protestan contra sus medidas y que intenta disciplinar la protesta social, los movimientos sociales y políticos seguirán saliendo a las calles para exigir «libertad a los presos por luchar».
