Prisiones domiciliarias, vacaciones en la costa, sobreseimiento y absoluciones. Estos elementos se encuentran presentes en el proceso judicial para los condenados por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Con esta tendencia en alza, también reaparecen las herramientas que el pueblo elabora contra la injusticia y la impunidad: el escrache. (Foto de portada: Tomás Viú)
La prisión domiciliaria otorgada a Miguel Osvaldo Etchecolatz generó el repudio generalizado de una sociedad que ya le había dicho que no al beneficio del 2 x 1 a los condenados por los delitos cometidos durante el genocidio. El genocida, en este momento, vive cerca de una de sus víctimas -que testimonió contra él- y a pocas cuadras de una hija de desaparecidos. Este nuevo paso en la impunidad de uno de los más reconocidos represores por su sanguinario accionar es un ejemplo de los retrocesos en materia de lesa humanidad que se dieron en el último período.
(Leer nota: El límite social al 2×1: la condena a los genocidas es una lucha contra la impunidad)
Sumado a la noticia de que Etchecolatz está disfrutando del verano en Mar del Plata, en su casa del Bosque Peralta Ramos, se conoció que Norberto Bianco, apropiador de bebés durante la dictadura cívico-militar, fue beneficiado para pasar las vacaciones en Mar de Ajo, Partido de la Costa. Si bien fue declarado persona no grata por el municipio, que haya genocidas en la costa de Buenos Aires es fiel reflejo de un contexto político.
Hace unas semanas, también, la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento decidido por el juez Julián Ercolini a los directores de Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, y también al dueño de La Nación, Bartolomé Mitre. Los tres estaban acusados por la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa a la familia Graiver durante la dictadura cívico-militar. A pesar de haber testigos y pruebas, los testimonios y la causa fueron desestimadas. La Corte rechazó el tratamiento en profundidad, garantizando así la impunidad en uno de los casos más representativos de la complicidad civil y empresarial en el genocidio.
Foto: Asociación por la memoria, la verdad y la justicia – Santiago del Estero
Números de un proceso con demoras y retrocesos
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal emitió un documento sobre el estado de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Estos números incluyen los datos recolectados de los procesos judiciales iniciados a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad: Obediencia Debida y Punto Final.
Si bien los procesos transcurren de forma muy lenta y la celeridad del juzgamiento es necesaria para que los responsables del genocidio sean condenados, este año se han dictado 26 nuevas sentencias en distintos lugares del país, siendo el año con más cantidad de sentencias y sumando un total de 200 veredictos desde el 2006. Esto permite dar cuenta de un proceso de memoria, verdad y justicia con retrocesos pero sin vuelta atrás.
Estos números fríos arrojan una realidad: hay más imputados libres que detenidos y más genocidas con arresto domiciliario que en cárcel común y efectiva.
Los números a diciembre de 2017 reflejan que los genocidas condenados son 856 en total. Sin embargo, 110 es el número de absueltos. El total de personas imputadas es de 2480, dado que 499 fallecieron durante el transcurso de la investigación. Un total 100 personas fallecieron luego del dictado de la sentencia. Tan solo en el 2017 fueron sentenciadas 234 personas -155 lo fueron por primera vez-, 198 condenados y 36 absueltos.
Foto: lavaca
Del total de los imputados, 1305 están libres y 1038 se encuentran detenidos. Además, existen 37 personas que se encuentran prófugas. En cuanto a los imputados que se encuentran detenidos, 549 de los condenados se encuentran en arresto domiciliario mientras que 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal o provincial. Hay un internado en hospital por fuera del Servicio Penitenciario Federal y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad. Estos números fríos arrojan una realidad: hay más imputados libres que detenidos y más genocidas con prisión domiciliaria que en cárcel común y efectiva.
Desde el 2015 existe una tendencia en alza sobre la cantidad de imputados en libertad. Esta alza comienza en diciembre de 2015, en forma paulatina, se profundiza durante 2016, y se consolida en 2017, por lo que no parece haber signos que logren revertir la situación en el futuro, según señalan en el informe de la Procuraduría. Sin embargo, sobre este avance y, según el análisis realizado, el fallo del 2×1 no ha tenido, al menos por el momento, una implicancia en el aumento de los imputados en libertad. Esta misma tendencia se registra sobre la cantidad de condenados que reciben el beneficio de la prisión domiciliaria.
Desde el 2015 existe una tendencia en alza de la cantidad de imputados en libertad. Esta misma tendencia se registra sobre la cantidad de condenados que reciben el beneficio de la prisión domiciliaria.
Estos datos que se conocieron junto a la resolución del beneficio otorgado a Miguel Etchecolatz, dan cuenta de que el genocida que se encuentra en Mar del Plata custodiado por su esposa no es el único: 549 obtuvieron el beneficio del arresto domiciliario. Sin embargo, Etchecolatz es un símbolo nefasto pero representativo del genocidio, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, además de ser reconocido por su brutalidad represiva.
Foto: lavaca
Fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del ex-general Ramón Camps durante la dictadura cívico-militar, está sospechado de ser el responsable del secuestro y apropiación de Clara Anahí, la nieta que Chicha Mariani sigue buscando, y de ser el máximo responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Esta decisión, la prisión domiciliaria, tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal Oral N°6, se da sintonía con un contexto en el que los fallos reaccionarios parecen estar a la orden del día.
Vecino, vecina, acá vive un genocida
Frente a un contexto de ajuste, represión y criminalización de la protesta cada vez más cotidiano, y donde la justicia parecería ser terreno enemigo para los sectores populares y los militantes organizados, los números sobre los procesos de lesa humanidad arrojan una realidad: la Justicia siempre que puede favorece a los represores y genocidas que tras 40 años de impunidad siguen callando y manteniendo su pacto de silencio sobre las apropiaciones de bebés y desapariciones.
Debido a las recientes decisiones judiciales que favorecen a personajes que representan el horror del genocidio, la movilización fue y es la respuesta. Así lo fue en el mes de mayo de 2017 para repudiar el beneficio del 2×1 que la Corte Suprema de Justicia permitió conceder a los represores y responsables de los delitos contra toda la humanidad. Salir a las calles es la herramienta para frenar la impunidad que sigue imperando a pesar de los avances en las condenas y en el proceso de memoria, verdad y justicia.
Foto: Enredando
Manifestantes, militantes y organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales preparan múltiples movilizaciones y actividades en Mar del Plata para repudiar que un genocida como Etchecolatz esté en su casa. A su vez, en Mar de Ajo se realizaron caravanas de pañuelos blancos y va a llevarse adelante una vigilia para repudiar la llegada de Bianco al Partido de la Costa.
Si bien la prisión domiciliaria es una figura penal reconocida por el Código Penal, aunque se trate de condenas por delitos de lesa humanidad, y los procesos judiciales que se llevan adelante son totalmente legales enmarcados en los parámetros del derecho, que un genocida esté en la calle y en su casa es una derrota social.
La consigna que levantó la agrupación H.I.J.O.S. cuando irrumpió en la década del ’90, pero que ya reclamaban otros colectivos, de Juicio y Castigo y cárcel común y efectiva para todos los genocidas no es un slogan vacío: es la condena de un pueblo que saliendo a las calles acusa a los represores pero también señala la complicidad del Poder Judicial para garantizar la impunidad durante el genocidio y en el presente.
