El accionar represivo del gobierno de Cambiemos ha pegado un salto drástico desde la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado hace más de cinco meses y el asesinato de Rafael Nahuel hace casi dos meses. En un contexto en que la protesta es criminalizada sumado a los reclamos mapuches que son estigmatizados, ambos casos siguen envueltos en encubrimiento e impunidad por un Estado que reivindica su accionar represivo y no da otras respuestas. (Fotos: Fran Rodriguez)
Los meses continúan pasando y las respuestas del Estado no aparecen. Frente al encubrimiento de los primeros meses tras la desaparición de Santiago Maldonado, el silencio posterior tras el hallazgo de su cuerpo solo se quebró con el ascenso de los gendarmes que estaban implicados en la investigación por su desaparición y su muerte. Por el contrario, con la muerte de Rafael Nahuel el gobierno nacional defendió el accionar represivo de Prefectura Nacional y sus fuerzas de seguridad. Ambas estrategias permiten el avance de un envalentonamiento de las fuerzas de seguridad y la garantía de su impunidad.
(Leer nota: Santiago Maldonado y el aumento de la impunidad)
El gobierno nacional que solo respondió a estos hechos avalando la represión es responsable. Con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, Cambiemos tuvo sus primeros dos muertos en contexto de represión a la movilización y la protesta social en menos de seis meses. Con estos dos casos el accionar represivo comandado por Patricia Bullrich pegó un giro siniestro.
Cuando se reivindica la represión
La desaparición y muerte de Santiago Maldonado en la comunidad de Pu Lof en Resistencia en Cushamen, Chubut, tras una brutal represión producida por Gendarmería Nacional, y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel en Lof Lafken Winkul Mapu en Lago Mascardi, a unos 30 kilómetros de Bariloche, en la provincia de Río Negro, por Prefectura Nacional son producto de la represión desatada contra la movilización social y contra los pueblos originarios que están en lucha por la recuperación de su territorio.
La desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel son producto de la represión desatada contra la movilización social y contra los pueblos originarios que están en lucha por la recuperación de su territorio.
De esta forma, la política represiva del gobierno de Mauricio Macri dio un salto de calidad en la segunda mitad del año 2017, no porque antes no matara ni reprimiera, es más, los números reflejados en el informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) dan cuenta del aumento represivo sin precedentes en democracia con este gobierno que mata cada 23 horas. Sino que el giro más bien se da porque todos los funcionarios que hablaron al respecto de estos casos salieron a reivindicar a su aparato represivo.
(Leer nota: El gobierno de Mauricio Macri mata cada 23 horas)
Tanto Mauricio Macri como Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Germán Garavano y Elisa Carrió salieron en conjunto a defender el accionar de sus fuerzas de seguridad, para las que vale el único «beneficio de la duda», según Michetti, y cuya versión es «versión de verdad», para la ministra de Seguridad. Como ya mencionamos en La Primera Piedra, este gobierno que encarna el mayor pico represivo desde 1983 a la fecha se encuentra lejos de manifestar las excusas que exponían gobiernos anteriores o las teorías de “desborde”, “excesos”, o la “autonomía relativa” de las fuerzas represivas. Cambiemos defiende en discursos y medidas al accionar asesino y brutal de sus fuerzas de “seguridad”.
Mediante estos discursos, que a su vez están apoyados por el aparato mediático de los medios concentrados de comunicación, las fuerzas represivas están avaladas por funcionarios, logrando así un envalentonamiento en su accionar represivo, que como ya mencionamos en La Primera Piedra, en el gobierno de Mauricio Macri ya mató a más de 700 personas, en su mayoría jóvenes de los sectores vulnerables. De esta forma, la perspectiva sobre los años que quedan de su gestión no son optimistas en este aspecto.
(Leer nota: Otra vez las mentiras de los medios: el caso Rafael Nahuel)
Por su parte, los casos de Santiago Maldonado como el de Rafael Nahuel, es necesario entenderlos en el marco de un Estado que nunca dejó de reprimir tras la dictadura cívico-militar. En este sentido, el fusilamiento en la represión, la desaparición y la muerte son elementos que persisten en el accionar de las fuerzas de “seguridad” argentinas. Por otro lado, ambas muertes se dan en un contexto de persecución y hostigamientos que viven las comunidad mapuches que reclaman por sus tierras.
El encubrimiento e impunidad oficial
El cuerpo de Santiago Maldonado estuvo desaparecido por 77 días hasta encontrarlo en el río Chubut. En todo ese tiempo, el Gobierno nacional apañado por los grandes medios de comunicación no presentó ninguna prueba concreta que desligara a Gendarmería del hecho pero se dedicó a deslegitimar la hipótesis de la desaparición forzada y sembrar pistas falsas en un caso que los señalaba como responsables. La garantía de “una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente a fin de conocer las circunstancias de la muerte de Santiago”, el pedido de la familia aún no fue respetado por lo que las circunstancias de cómo y cuándo murió aún no se conocen.
Rafael Nahuel, por el contrario, murió en la represión. El 25 de noviembre, en Lof Lafken Winkul Mapu en Lago Mascardi, Bariloche, una bala de plomo le ingresó por el glúteo, se alojó en el tórax y le generó una gran hemorragia interna. Murió a los pocos minutos de recibir el balazo por detrás, tal como se lee en Revista Cítrica. El accionar asesino es claro, sin embargo, el encubrimiento de los funcionarios y el aval de matar en el contexto de la protesta social otorgado por distintos discursos oficiales y mediáticos permite que su muerte no condene al gobierno nacional ni que los responsables políticos renuncien.
Tanto Santiago Maldonado como Rafael Nahuel murieron en manos del aparato represivo estatal. Ambos pagaron con sus vidas su participación con el cuerpo en la recuperación de los territorios legítimos de las comunidades indígenas y su involucramiento en la lucha mapuche. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son dos víctimas fatales de una lucha histórica por recuperar las tierras que les pertenecen y ambos casos corren el riesgo de quedar impunes por un gobierno que promete seguir matando.
