«Las ricas abortan, las pobres mueren ¡Basta!». El mensaje escrito sobre una espalda desnuda de ropas y prejuicios interpela a la multitud que asiste a la marcha a favor del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Comienza a caer el sol y la pintura sobre la piel todavía está fresca como el viento que sopla en el septiembre porteño. Muchas mujeres y algunos hombres caminan a paso firme con sus pañuelos verdes atados al cuello. Avanzan movidos por la certeza de que la falta de legislación nacional no hace más que profundizar las diferencias entre aquellas que pueden pagar por interrumpir su embarazo en una clínica privada y quienes deben arriesgar su vida en la oscuridad de una sala clandestina para ejercer un derecho soberano sobre su cuerpo. Marchan con la seguridad de que sus pasos son el camino a seguir para exigir respuestas a un Estado que desampara. (Foto de portada: China Diaz)
*Por Laura Verdile, Giuliana Sordo y Lucía De Dominicis
Si bien es difícil hablar de cifras exactas por tratarse de procedimientos realizados fuera de los marcos de regulación estatal, las investigaciones estiman que, en Argentina, se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos por año. Más de 70.000 generan complicaciones que conducen a la hospitalización en instituciones públicas. “Las mujeres que murieron efectivamente por aborto en el último año fueron 150 pero, si se tiene en cuenta que muchas desarrollaron enfermedades durante el proceso de gestación que no las hubieran conducido a la muerte de haberse aplicado el protocolo de aborto no punible, entonces la cifra se duplica. Dependiendo de esta situación, el número varía entre 150 y 300”, afirma Celeste Mac Dougall, docente y miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una organización que desde el año 2003 trabaja por alcanzar una legislación que aún está lejos de lograrse. Los números reflejan la realidad que viven aquellas mujeres que no pueden acceder a una clínica privada donde se garanticen intervenciones seguras. Son los datos fríos de una desigualdad que se paga con el cuerpo, con la salud y con la vida: actualmente la clandestinidad del aborto es la principal causa de mortalidad materna en el país.
Foto: China Díaz
“Cuando tenía 16 años, quedé embarazada. Yo no sabía, no quería. Negaba que fuera posible. Pude hacer el aborto con una médica que me ayudó desde el primer momento. Hubo análisis de sangre y todo lo necesario para cuidarme. Fui una privilegiada por poder pagarlo”. Con el filo de cada palabra, Daniela acusa a un sistema selectivo y discriminador, que se maneja con una lógica simple: quienes pueden pagar, abortan de forma segura y quienes no, arriesgan la vida en el intento. Acceder a un profesional de la salud en una clínica privada que garantice protección sanitaria tiene un costo que ronda los 8.000 pesos argentinos antes de la duodécima semana de gestación y que incluso puede ascender a los 50.000. La elección se reduce así a una dualidad siniestra: dinero por derechos o ningún derecho en absoluto.
Acceder a un profesional de la salud en una clínica privada que garantice protección sanitaria tiene un costo que ronda los 8.000 pesos argentinos antes de la duodécima semana de gestación y que incluso puede ascender a los 50.000.
Los factores de riesgo surgidos de la clandestinidad son varios: condiciones insalubres y procedimientos precarios acompañados por el peligro de la infección. “Realmente era un lugar horrible, entre el miedo que tenía y el aspecto de la sala, no puedo dejar de pensar en la suerte que tuve de salir viva y sin ninguna enfermedad”, relata Florencia, una de las tantas presentes en la movilización, que acelera el paso para seguir marchando a la par de amigas y compañeras que exigen consignas pintadas con tinta verde y negra en sus cuerpos. Así, mientras el Estado continúa negando políticas que protejan la salud de las mujeres bajo argumentos morales y religiosos, lo único que logra es profundizar la brecha existente entre clases sociales. Aunque la desigualdad económica atraviesa los relatos, todas están acá por lo mismo. En este espacio, frente a los edificios que detentan el centro político y económico del país, miles de voces se unen y están presentes para exigir la despenalización y la legalización del aborto y su aplicación de forma pública y gratuita.
Un detalle que suele evitarse en los debates, en sintonía con el tabú que recae sobre los cuerpos de las mujeres, es que la clandestinidad del aborto representa un negocio para las empresas farmacéuticas, las clínicas y un mercado que lucra con el miedo y el silencio que hoy, frente al Congreso, busca quebrarse. Quienes tienen la suerte de acceder a información difundida gracias a las redes de ayuda conformadas por organizaciones feministas conocen que el misoprostol es una de las opciones disponibles a la hora de interrumpir un embarazo. Conseguirlo es otra historia. Este medicamento, utilizado comúnmente para uso gástrico, está entre los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la práctica del aborto en el primer trimestre del embarazo y con un seguimiento médico en las etapas posteriores. En Argentina, es producido y comercializado bajo el nombre de Oxaprost por Laboratorios Beta, empresa privada que aprovecha su monopolio para establecer precios irrisorios: en los últimos dos años, las pastillas aumentaron un 500 por ciento. En la actualidad, la caja de 16 unidades supera los 1.500 pesos argentinos. Al igual que la posibilidad de abortar en una clínica privada, este método también es exclusivo para aquellas que pueden pagarlo.
Un detalle que suele evitarse en los debates, en sintonía con el tabú que recae sobre los cuerpos de las mujeres, es que la clandestinidad del aborto representa un negocio para las empresas farmacéuticas, las clínicas y un mercado que lucra con el miedo y el silencio que hoy, frente al Congreso, busca quebrarse.
“Hicimos una vaquita con varias amigas para poder conseguirlo, yo no tenía guita para comprarlo sola – cuenta Micaela -. Tuvimos que recorrer como cinco farmacias de distintos barrios porque no había o no nos lo querían vender”. Al costo se suma así la dificultad de acceso. Aquellos lugares que no han retirado el misoprostol de la venta, suelen duplicar los obstáculos: aplican sobreprecios o exigen requisitos innecesarios e ilegales, como una doble prescripción médica, información de quien quiera utilizarlo o una constancia que asegure que la persona que lo compra no está embarazada. Micaela habla y mira un punto fijo entre las banderas verdes, recordando el momento en que sintió el estigma en carne propia. “A todos lados donde íbamos sentíamos las miradas de la gente, de los que nos atendían. Éramos chicas y teníamos miedo”. Un relato que narra una, pero entienden todas: cuando es el prejuicio el que niega los derechos y no la información adecuada y confiable sobre la salud de las mujeres.
A pesar de la insistencia de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Nuevo Encuentro y Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, el misoprostol aún no ha sido reconocido como medicamento obstétrico por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica. Esto significa que está lejos de ser elaborado de forma estatal, a pesar de que sea la misma OMS la que lo recomienda. De acuerdo a la ley 26.688, el Estado tiene la autoridad de asumir la fabricación nacional de medicamentos considerados esenciales a partir de una escala de prioridades. La inacción y la falta de voluntad es tan solo otra muestra de la falta de políticas sanitarias a la hora de garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, además de implicar la violación a los principios de proteger, garantizar y no vulnerar los derechos humanos, a los que Argentina está adherido por medio de distintos tratados internacionales.
Foto: China Díaz
El misoprostol no es solo un recurso necesario para aquellas mujeres que buscan abortar y no saben cómo hacerlo, sino que también es un elemento esencial para garantizar la aplicación del protocolo legal de interrupción voluntaria del embarazo. Lo que el discurso condenatorio omite y calla es que, en Argentina, el aborto es legal en caso de violación o de existir un riesgo para la salud y/o vida de la mujer. Son las excepciones que el Código Penal contempla desde 1921, pero que, a lo largo de los años, fueron desconocidas, ignoradas o interpretadas de forma restrictiva. En 2012, la Corte Suprema de Justicia sentó un precedente gracias al denominado fallo F.,A.L, con el que ratificó lo establecido en el código al confirmar una sentencia del Tribunal Superior de Chubut que, en 2010, había autorizado un aborto a una joven de 15 años violada por su padrastro. Fue un momento bisagra a partir del cual la Corte exhortó a los funcionarios de gobierno y a las instituciones y personal de salud a garantizar el acceso al aborto no punible en los casos mencionados.
El misoprostol no es solo un recurso necesario para aquellas mujeres que buscan abortar y no saben cómo hacerlo, sino que también es un elemento esencial para garantizar la aplicación del protocolo legal de interrupción voluntaria del embarazo.
En línea con lo establecido, el Ministerio de Salud de la Nación publicó en 2015 un protocolo sanitario para tal fin, que debía ser adoptado por todas las jurisdicciones. Aunque ya pasaron más de cinco años del histórico fallo, sólo ocho provincias cuentan con un protocolo propio. El resto posee otros más restrictivos que entran en contradicción con lo establecido por la Corte, o no cuentan con ninguno, lo que sin embargo no implica que puedan negarse a garantizar la práctica a quien lo requiera, como suele suceder.
El conservadurismo de los funcionarios estatales y de los responsables en permitir el acceso al aborto estipulado por ley, además de la fuerte presencia del poder eclesiástico a nivel nacional y local, continúa imponiendo juicios de valor y morales que obstaculizan un derecho fundamental. En 2013, se conoció el caso de una joven tucumana de 16 años embarazada como consecuencia de una violación. Las autoridades del hospital provincial donde acudió negaron la práctica y decidieron judicializar el caso. Finalmente, el gobierno de la provincia organizó un traslado a la Ciudad de Buenos Aires para que la adolescente fuera atendida. Este tipo de casos se replican a lo largo del país, reafirmando el miedo como una constante.
No solo pesa el juicio social, sino también el peligro de ser perseguidas por una justicia que se dilata en proteger a las mujeres víctimas de violencia, pero que no pierde tiempo en condenar a quienes buscan alternativas ante la falta de políticas públicas. Uno de los episodios más emblemáticos del último tiempo, también ocurrido en Tucumán, fue el de Belén. En 2014, ingresó a la guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda de la capital provincial para pedir ayuda. Tras sufrir un aborto espontáneo, fue acusada de homicidio y privada de su libertad por más de dos años. “Fue como decirnos: ‘esto es lo que les va a pasar si abortan’. Quieren disciplinarnos”, sentenció Carla. Ella fue una de las que salió a las calles y logró, gracias a la presión de organizaciones sociales y de derechos humanos, que Belén fuera liberada y absuelta tras la injusta detención. Ahora, el reclamo sigue en las plazas para evitar que el episodio vuelva a repetirse: una lucha ejemplificadora que enfrenta al Poder Judicial.
Exceptuando el caso de Uruguay, en donde el aborto es legal desde el año 2012, las diferencias en otros países de Latinoamérica se deben a leyes aún más regresivas que las de Argentina
Esta es la realidad que se vive en toda Latinoamérica, casi sin distinción. Exceptuando el caso de Uruguay, en donde el aborto es legal desde el año 2012, las diferencias en otros países se deben a leyes aún más regresivas que las de Argentina. Así lo expresan los testimonios de una movilización que entiende que la pelea a dar es contra los sectores más poderosos. “Todos los falsos saberes alrededor del aborto tienen que ver con la ilegalidad y también con el poder que mantiene la Iglesia Católica en el país, cuyos valores son los que priman. Este es para nosotras uno de los principales obstáculos para la legalización, por eso decimos que debe haber una separación entre la Iglesia y el Estado y que tiene que dejar de tener injerencia en las decisiones civiles”, sentencia Celeste MacDougall, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito.
Detrás de los megáfonos improvisados con cartulinas no hay miradas tristes, sino desafiantes. Miles de ojos iluminan la noche incipiente, reflejando las llamas de las velas que comienzan a prenderse en un ritual sin religión. Puños en alto, brazos moviéndose, saltos, esperanzas. “Sabemos que esta pelea es difícil, pero no la vamos a abandonar, vamos a luchar por este derecho para todas y lo vamos a lograr”, afirma Camila y sonríe. Detrás de esa expresión quizás se escondan todos los deseos y angustias, todas las luchas por aquellos derechos que las mujeres ven vulnerados y la ansiedad de poder moverse en libertad con un cuerpo que le pertenece. “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, el lema que se entona, se repite y se escribe es claro. Mientras que el Estado no se responsabilice de un problema que afecta la salud de miles de mujeres, niñas y adolescentes, la desigualdad entre las clases sociales seguirá en aumento. Las pobres seguirán muriendo y las ricas abortando, como acusa el canto popular que, ahora, en el medio de una calle repleta de mujeres conscientes de sus derechos, todos y todas escuchan menos los gobernantes.
