Desde 1983 a la fecha, el Estado argentino asesinó a 5462 personas mediante las fuerzas represivas estatales. La gestión de Cambiemos con Mauricio Macri a la cabeza es responsable de 725 muertes en tan sólo dos años de gobierno superando a todos sus antecesores y rompiendo todos los récords en la democracia argentina. El accionar represivo, en una tendencia cada vez más creciente, sigue pisando fuerte en los sectores más vulnerables y las prácticas represivas persisten en un contexto de ajuste cada vez más crudo.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el Informe de la Situación Represiva Nacional del 2017 con la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal que lleva adelante la organización desde 1996 para denunciar al Estado, gobierno tras gobierno, de los asesinatos con los que cargan las fuerzas represivas y sus diferentes administradores.
Los resultados, que se venían anticipando iban a ser mucho peores de lo que se esperaba al inicio de la gestión de Mauricio Macr, reflejan una tendencia creciente de la represión en democracia porque año a año se supera. El alarmante aumento en la gestión de Cambiemos con un total de 725 casos es implacable: con 26 en sus pocos días de gestión en 2015, 441 en 2016 y 258 en 2017. Es necesario mencionar que en la presentación del informe del 2016 la información recabada de ese año mostraba un número menor de personas que las que se conocen ahora y menor al número estimativo de este 2017, lo que permite suponer tristemente que este año superará al anterior.
El alarmante aumento en la gestión de Cambiemos con un total de 725 casos es implacable: con 26 en sus pocos días de gestión en 2015, 441 en 2016 y 258 en 2017.
Esta política represiva que se mantuvo en todos los gobiernos constitucionales de 1983 hasta el 2017, se ve acelerada y acompañada junto a tantas otras medidas que defienden el ajuste que la gestión de Mauricio Macri lleva en contra de los sectores populares. En el informe se destacan, entre el archivo actualizado, las medidas que en los dos años de Cambiemos colaboran y endurecen la represión contra los sectores más vulnerables y los organizados que enfrentan las medidas económicas.
Desde la llegada de la alianza gobernante en 2015, mientras algunos funcionarios reivindicaban la dictadura cívico-militar, se llevaron adelante distintas medidas que permitieron acompañar el accionar violento de las fuerzas represivas y dar contención al ajuste económico. Con Patricia Bullrich a la cabeza se declaró la emergencia en seguridad y se intentó utilizar el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, popularmente conocido como Protocolo Antipiquetes ni bien comenzada su gestión frente al Ministerio de Seguridad.
También, se acrecentó la militarización de los barrios y ciudades en todo el territorio nacional con distintas fuerzas represivas que apuntan su accionar al control social cotidiano y a las organizaciones que resisten frente a las medidas de gobierno y se aumentaron de forma exponencial las detenciones arbitrarias, además del recrudecimiento de los asesinatos y fusilamientos que se conocen como «gatillo fácil». A su vez, mientras el aumento del accionar represivo se ve reflejado en las muertes estatales, el poder judicial garantiza la impunidad de las ejecuciones y aplica figuras legales cada vez más regresivas contra trabajadores y manifestantes que permiten infiltrar, vigilar y criminalizar.
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, muertos en la protesta social
Con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, Cambiemos tuvo sus primeros dos muertos en contexto de represión de la protesta social en menos de seis meses. La desaparición y muerte de Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Nahuel en Río Negro son producto de la represión desatada contra los pueblos originarios que están en lucha por la recuperación de su territorio. Así, la política represiva del gobierno de Mauricio Macri y la gestión de Patricia Bullrich dio un salto de calidad en la segunda mitad del año 2017.
La desaparición y muerte de Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Nahuel en Río Negro son producto de la represión desatada contra los pueblos originarios que están en lucha por la recuperación de su territorio.
Desde el año 1995, CORREPI registra 73 muertes en contextos de represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos como formas de protesta social. El líder absoluto en esta categoría es el gobierno de la Alianza con 45 asesinatos, 39 de ellos en el estallido popular del 19 y 20 de diciembre del 2001. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo sigue con 20 muertes en sus dos gestiones de gobierno. Los gobiernos de Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner cargan con la muerte de dos personas en este contexto, ahora alcanzados por Mauricio Macri.
Sin embargo, todas las figuras públicas del gobierno como el presidente, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Germán Garavano y Elisa Carrió salieron a reivindicar a su aparato represivo. Lejos de las excusas que exponían gobiernos anteriores o las teorías de «desborde», «excesos», o la «autonomía relativa» de las fuerzas represivas, Cambiemos defiende en discursos y acciones al accionar represivo y asesino de sus fuerzas de «seguridad».
Los números de Macri y Bullrich
Desde la asunción de Cambiemos el 10 de diciembre de 2015, 725 personas murieron en manos de las fuerzas represivas del Estado en 721 días de gobierno. Con 441 asesinatos en el 2016, ese año se convierte en el récord de la represión estatal en Argentina. Si bien el informe parcial de este año tiene recavados 258 casos en este 2017, se prevé que los asesinatos superarán al año anterior.
Desde la asunción de Cambiemos, 725 personas murieron en manos de las fuerzas represivas del Estado en 721 días de gobierno. El gobierno de Mauricio Macri se convierte en el mayor pico represivo desde 1983.
Hace un año, CORREPI anunciaba con alarmante preocupación que el gobierno había pasado de una muerte cada 28 horas, índice que se vivía durante los períodos kirchneristas, a un caso cada 25 horas en menos de once meses de gestión. Hoy, aseguran desde la organización, la situación es infinitamente más grave. Bajo la gestión de Macri y Bullrich, el Estado mata cada 23 horas, es decir, que hay más de un muerto por día.
El gobierno de Macri, así, en tan solo dos años de gobierno es responsable del 13,27 por ciento de las muertes ocurridas desde diciembre de 1983. A su vez, CORREPI pudo registrar 235 hechos represivos en todo el país desde su llegada al poder hasta los primeros días de diciembre de 2017. De esta forma, el gobierno de Mauricio Macri se convierte en el mayor pico represivo desde 1983.
Represión como política de Estado
Desde 1983 la cantidad de muertes en manos del aparato represivo estatal aumenta año a año. Las prácticas represivas que persisten en democracia -la desaparición, la persecución, la tortura y la muerte son hechos cotidianos para los barrios más vulnerables- se ven acompañadas de la decisión gubernamental de aumentar la represión y el control social en todo el territorio nacional. A su vez, en un año de aumento latente de la conflictividad social debido a la implementación de políticas neoliberales, la represión cada vez se vuelve más cruda.
5.462 muertes por el aparato represivo del Estado argentino desde 1983 a la fecha, el 44% de ellas a través de la modalidad del fusilamiento por gatillo fácil, mientras que el 40% se trata de personas privadas de su libertad que pueden haber muerto en cárceles o, incluso, patrulleros. El 76% son menores de 35 años.
5.462 muertes por el aparato represivo del Estado argentino desde 1983 a la fecha, el 44% de ellas a través de la modalidad del fusilamiento por gatillo fácil, mientras que el 40% se trata de personas privadas de su libertad que pueden haber muerto en cárceles o, incluso, patrulleros. En este sentido, el 84% del total de asesinados caminaban por un barrio vulnerable o estaban detenidos, siendo estás las primeras causas de muerte en manos del Estado. A su vez, la selectividad de la represión apunta a la edad además de la clase. El 50% de las muertes estatales se trata de jóvenes menores de 25 años. El 76% son menores de 35 años. Es decir que ser joven y ser pobre es suficiente causa para morir en manos del Estado.
La casi totalidad de las muertes en comisaria corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. La modalidad de detenciones arbitrarias ha crecido brutalmente, a partir de la orden del gobierno nacional, de la ciudad de Buenos Aires y en todas las provincias. Este accionar que se traduce en más cantidad de personas en comisarías también se puede leer como más torturas y más muertes, aseguran en el informe de CORREPI.
Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza son, en este mismo orden, en las que se mantiene el mayor índice de personas asesinadas por al aparato represivo del Estado. Las policías provinciales son la fuerza represiva que más mata. Por otro lado, el 40% de las muertes estatales registradas por CORREPI, es decir, 2.164 asesinatos se dieron en los ocho años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Una unidad que es imprescindible
Si bien la represión es política de Estado de todos los gobiernos constitucionales desde el retorno a la democracia, como se refleja en los números, el panorama que representa el actual gobierno es sumamente grave. Rompiendo todos los récords de la democracia en números, porcentajes, modalidades y reivindicación de las muertes, Cambiemos representa el mayor pico represivo que, dado la información recopilada, se espera que el resultado total de su gestión sea aún peor.
Desde hace dos años los movimientos populares, sociales y políticos se movilizan, luchan y enfrentan a un gobierno que no tomó ni una sola medida que sea beneficiosa para los sectores más pobres de la sociedad.
Frente a esta situación, acompañada del detrimento de los sectores más vulnerables que sufren las políticas neoliberales y el ajuste, mientras se beneficia a los sectores más concentrados, hay resistencia. Desde hace dos años los movimientos populares, sociales y políticos se movilizan, luchan y enfrentan a un gobierno que no tomó ni una sola medida que sea beneficiosa para los sectores más pobres de la sociedad.
«Es imprescindible la unidad para enfrentar las políticas neoliberales«, exigió María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI, al final de la presentación del informe. Como hace dos años, afirma que la unidad es indispensable y urgente frente a un contexto cada vez más duro. La unidad de los movimientos populares que se demostraron en las calles en todo este 2017 debe seguir profundizándose para enfrentar a un Estado que mata, pero también a un gobierno que coordina, administra y avala esa represión.
