Santiago Maldonado, el caso que puso en jaque al país desde hace casi cuatro meses aún sigue envuelto en impunidad y encubrimiento. El joven que apareció muerto en el río Chubut el 17 de octubre, 77 días después de la última vez que se lo había visto huyendo de la brutal represión de Gendarmería en la comunidad mapuche, demostró el peligro de una democracia en la que se naturaliza un crimen cometido por una fuerza estatal y la complicidad de un Gobierno nacional. (Foto de portada: Gustavo Yuste)
Cuatro meses de impunidad
Hace 114 días Santiago Maldonado desaparecía. Su cuerpo estuvo desaparecido por 77 días hasta encontrarlo en el río Chubut. En todo ese tiempo, el Gobierno nacional apañado por los grandes medios de comunicación no presentó ninguna prueba concreta que desligara a Gendarmería del hecho pero se dedicó a deslegitimar la hipótesis de la desaparición forzada y desviar la atención en un caso que desde el primer día los apuntaba. Durante estos casi cuatro meses, no se logró esclarecer el hecho pero este tiempo sí permitió señalar a los culpables que buscaron encubrir y garantizar la impunidad.
A más de un mes del hallazgo del cuerpo y de confirmar la certeza de la muerte de Santiago Maldonado no se conocen los resultados periciales de la autopsia. Sin embargo, la familia ya advirtió la necesidad de que éstos deben «ser el comienzo de una nueva etapa de la causa y no el final». Además de que ya habían exigido la garantía de «una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente a fin de conocer las circunstancias de la muerte de Santiago», pedido que aún no ha sido concedido por el juez a cargo, Gustavo Lleral, por lo que los próximos resultados que se conocerán no respetarán esto.
Foto: China Diaz
La represión y persecución como política de Estado
Como mencionamos anteriormente en La Primera Piedra, la desaparición forzada de Santiago Maldonado seguida de muerte no puede entenderse por fuera de dos líneas de análisis. Por un lado, la persistencia de prácticas represivas – como la tortura, la desaparición y la muerte – en democracia por parte de las fuerzas estatales que dejan un saldo de 4960 muertes desde 1983, según el informe represivo 2016 de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Esta represión estatal apunta principalmente a los sectores populares y organizados: es decir, que tanto ser pobre como ser militante en un contexto de criminalización de la protesta es un punto factible para ser víctima de un Estado que mata.
Por otro lado, tampoco se puede aislar el caso de Santiago Maldonado sin ponerlo en relación con la existencia de amenazas, persecución y amedrentamientos que sufre la comunidad mapuche de Pu Lof en Resistencia de Cushamen por parte de las fuerzas nacionales de «seguridad» desde marzo del 2015 cuando iniciaron la recuperación de su territorio de Vuelta del Río, una de las estancias apropiadas por la multinacional textil italiana Benetton. Desde aquella fecha, la comunidad fue brutalmente reprimida en varias oportunidades.
Una democracia en la que se naturaliza la represión y el encubrimiento
Como ya mencionamos en La Primera Piedra, la desaparición seguida de muerte del joven se da como consecuencia de la represión avalada y conducida por Pablo Noceti, el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Santiago Maldonado no estaba paseando por el río sino que huía de la brutal represión ejercida por Gendarmeria Nacional. Sin embargo, tanto funcionarios como gendarmes siguen en sus puestos ni fueron investigados como si los testimonios no los ubicaran como los principales implicados.
«Pese a la cuestionable actuación de funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad de la Nación, siguen a cargo de la investigación únicamente fuerzas de seguridad dependientes de dicha institución«, señaló la familia en un comunicado en santiagomaldonado.com dando cuenta del riesgo que corre una investigación que no sea realmente independiente de un Estado que es responsable. «Reiteramos el pedido de intervención, en lo sucesivo, de investigadores independientes, ajenos a las fuerzas de seguridad federales –dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación-, para colaborar en la causa y evitar nuevas interferencias y dilaciones», exigieron nuevamente en el día 23 de noviembre.
Foto: China Diaz
La desaparición y muerte de Santiago Maldonado no es más importante que otras víctimas en manos del Estado, sin embargo, la gran visibilidad que adquirió el reclamo debería haber generado un repudio general de la sociedad, pero no. Muchos sectores percibieron su muerte como un accidente sin responsabilidad estatal o, peor aún, como correcta. Esto, notoriamente expresado en redes sociales y en los ataques a la familia del joven de 25 de mayo, permite suponer como la represión es justificada y legitimada mientras persisten las prácticas represivas que matan a sectores populares y organizados en democracia. En otras palabras, la represión se ve así sustentada en la complicidad de muchos sectores tornando este caso un ejemplo concreto del peligro que corre la democracia.
Lo riesgoso no es por que Santiago Maldonado constituya una novedad porque, como mencionamos repetidas veces en La Primera Piedra, el accionar no es distinto a otras desapariciones y muertes en las que el Estado es responsable, ni tampoco el encubrimiento posterior y las complicidades entre los sectores de poder es nuevo. Sin embargo, la gran visibilidad que obtuvo el nombre de Santiago Maldonado debería haber generado un repudio total y los responsables políticos haber renunciado o, mínimamente, ser investigados. Pero nada de eso estaría sucediendo.
Naturalizar un crimen de Estado, o alentarlo desde los discursos oficiales y mediáticos, es la verdadera amenaza. En esta situación es que el caso de Santiago Maldonado afecta a la democracia argentina y la pone en jaque, porque cuando una sociedad acepta una desaparición seguida de muerte producida por el Estado mediante sus fuerzas represivas, el peligro se vuelve concreto.
