Desde la famosa frase de Mauricio Macri que planteaba que «hay que acabar con el curro de los Derechos Humanos», distintos funcionarios del gobierno de Cambiemos se sintieron respaldados por el pedido del presidente y comenzaron a atacar la lucha de organismos y referentes de la lucha por los Derechos Humanos. Especialmente, aquellos vinculados con la condena civil y judicial a los genocidas y cómplices de la dictadura cívico-militar.
«Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar»
El diario La Nación mantiene un mismo mensaje, claro y concreto, por lo menos, desde las elecciones del año 2015 que establecieron a Mauricio Macri como presidente de la Nación con su editorial «No más venganza» reaccionaria, conservadora y aleccionadora para un gobierno que aún no había asumido. Si bien teniendo en cuenta la trayectoria del medio no sorprende la continua pelea que da por imponer su verdad, desde la asunción de Cambiemos sus editoriales fueron marcando la cancha para las acciones políticas frente al nuevo escenario.
En este sentido, mediante sus editoriales sin firma, mantuvieron un discurso en el que permitieron difamar a referentes y organizaciones históricas de Derechos Humanos. A su vez, insisten en denunciar la existencia de un proceso de venganza en los procesos judiciales que investigan los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de las fuerzas represivas estatales y cómplices civiles durante la dictadura cívico-militar, a pesar de que la existencia del juzgamiento legal da cuenta de que el único fin es lograr justicia.
«No hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada»
A pocas semanas de la llegada al poder del frente Cambiemos, y cuando aún quedaba resonando la frase de Mauricio Macri en campaña que afirmaba que había que terminar con el curro de los derechos humanos, a comienzos del 2016 llegaron las declaraciones del ex funcionario porteño Darío Lóperfido. «No hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada para conseguir subsidios», aseguró sin fundamento. Esos comentarios y las posteriores explicaciones que dio en los días sucesivos culminaron con su renuncia tras la fuerte presión que ejercieron los organismos de Derechos Humanos que allí comenzaron a ver el camino de negacionismo que se iba sembrando.
En esta misma línea comenzaron a sucederse distintas situaciones. Las reuniones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano y del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, junto a defensores de genocidas. El vaciamiento de políticas estatales que garantizaban el proceso judicial en torno a la memoria, la verdad y la justicia, sumado a la dilatación de las audiencias y los trabas que recibe toda investigación que intente profundizar el juzgamiento a la complicidad civil.
«No tengo idea si fueron 9 mil o 30 mil. Es una discusión que no tiene sentido»
Mauricio Macri, meses después de las declaraciones de su funcionario, se manifestó al respecto con un desconocimiento más que alarmante. “No tengo idea. Es un debate en el cual no voy a entrar, si son 30 mil o 9 mil, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido”, aseguró el presidente en el año 2016 dando a entender la poca importancia que le da al genocidio vivido en Argentina y las secuelas que aún siguen persistiendo.
A su vez, en la misma conversación tuvo la oportunidad de denominar el terror de muchas formas como «genocidio», «terrorismo de Estado», «dictadura cívico-militar», «plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio», pero no. Eligió llamarlo «guerra sucia». De esta forma, las sospechas que se iniciaron con las primeras declaraciones se comenzaron a tornar cada vez más concretas. La teoría de los dos demonios volvía, y lo hacía de forma recargada.
«No creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas»
Acá, el discurso ya es evidente y por esa misma razón el mismo gobierno con María Eugenia Vidal a la cabeza salió a despegarse de las declaraciones de Juan José Gómez Centurión. El ex militar partícipe de los levantamientos carapintadas contra Raúl Alfonsin, mientras ocupaba el cargo de Dirección de Aduana en el gobierno de Cambiemos volvía a poner en cuestión no solo el número de los desaparecidos sino el genocidio mismo: «Lo de plan sistemático es un adjetivo; objetivamente la realidad es otra». «Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas – profundizó Gómez Centurión – desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras».
De esta forma el funcionario relativizaba el número de los desaparecidos y negaba la existencia de un plan de desaparición, tortura y exterminio. Como si la división del país en cuadriculas y cuerpos de tareas no hubiese sido creado al servicio de la represión, como si los más de 700 centros clandestinos de detención que se conocen hasta la fecha hubiesen estado vacíos y no hubiesen pasado por allí personas que padecieron el hacinamiento, el hambre, la tortura, el trabajo esclavo y el exterminio. Porque, sino hubiese habido un plan, las personas secuestradas hubiesen sido detenidas y puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero no. La Justicia legal que tras años de impunidad le llega a los genocidas no es la que tuvieron los detenidos, secuestrados y desaparecidos por la dictadura cívico-militar.
Además de poner en discusión el trabajo de los organismos de Derechos Humanos que siempre lucharon por la democracia y la justicia en paz, lo que estos discursos olvidan y callan intencionadamente es el objetivo final de la dictadura cívico-militar y por la que fue apoyada por múltiples sectores de poder. El objetivo concreto de la masacre y el genocidio fue la imposición de un nuevo modelo de acumulación distinto: la implementación de un plan económico de matriz neoliberal que, en muchos casos, benefició a los principales detractores de las organizaciones que lucharon contra la impunidad del genocidio. En este sentido, el verdadero curro, desde estos espacios, es seguir atacando la lucha de los Derechos Humanos.
