La reforma laboral impulsada por el oficialismo tras su triunfo en las elecciones legislativas plantea modificaciones sobre los actuales derechos de los trabajadores y las responsabilidades de sus empleadores. El borrador del proyecto de ley que será presentado al Congreso busca disminuir los costos laborales para alcanzar competitividad internacional, pero a costa de la flexibilización de la jornada laboral y el otorgamiento de más libertades a los empresarios.
En su discurso en el Centro Cultural Kirchner luego del triunfo en las elecciones legislativas, el presidente Mauricio Macri llamó a «lograr entre todos consensos básicos» para lograr «avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco». Frente a gobernadores, empresarios y sindicalistas, sentó las bases de la reforma laboral cuyo borrador será presentado Congreso luego de su debate con las centrales obreras. Este proyecto apunta a la modificación de la relación entre trabajador y empresario para bajar los costos laborales y así aumentar la competitividad internacional. Sin embargo, detrás de este discurso que se plantea como conciliador, se ven modificados algunos derechos adquiridos de los trabajadores.
Este proyecto apunta a la modificación de la relación entre trabajador y empresario para bajar los costos laborales y así aumentar la competitividad internacional. Sin embargo, detrás de este discurso que se plantea como conciliador, se ven modificados algunos derechos adquiridos de los trabajadores.
1. Flexibilización de la jornada laboral de 8 horas
El proyecto plantea la eliminación del concepto de «horas extra» que, según la legislación actual, se pagan un 50% más que las horas enmarcadas en la jornada laboral tradicional. De aprobarse las modificaciones del gobierno, pasaría a regir el sistema de «banco de horas», donde el trabajador acumularía el total de horas trabajadas de forma anual. Según este sistema, si extiende su jornada diaria de 8 a 10 horas, luego lo compensaría trabajando menos horas otro día. Esta desregulación favorece a los empresarios, que podrían disponer de las horas de sus empleados con mayor flexibilidad, sin la necesidad de invertir más dinero a cambio.
2. Modificación del concepto de trabajo
La mayor transformación de fondo se da en el concepto de trabajo que rige la relación entre el trabajador y su empleador. A partir de la aprobación de este proyecto, el trabajo pasaría a ser considerado un acuerdo entre partes iguales, «un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos». De esta forma, se elimina la idea de trabajo como relación asimétrica de poder que requiere ser vigilada por el Estado en protección de los derechos de los más débiles. Como el trabajo es considerado un acuerdo entre partes, el trabajador puede renunciar a sus derechos al decidir aceptar condiciones por debajo de los convenios y los acuerdos laborales, incluso si implica deteriorar los logros adquiridos.
3. Limitación de los juicios laborales
Según las regulaciones actuales, un trabajador despedido tiene hasta dos años para iniciar reclamos contra sus empleadores. A partir de la oficialización de este proyecto, el tiempo se reduciría a un año. Tampoco será posible iniciar un juicio contra el empleador que altere las formas y condiciones laborales en perjuicio del trabajador. El presidente Mauricio Macri ya había apuntado contra este tema al hablar de la «mafia de los juicios laborales» y argumentar que «destruyen la generación de empleo futuro».
(Leer nota relacionada: Macri y la «mafia» de los juicios laborales: culpar al trabajador)
4. Blanqueo y cambios en las indemnizaciones
Otro de los grandes cambios a aplicar es el del blanqueo de personal que se encuentre trabajando en negro o que esté mal registrado, sin la necesidad de pagar multas hasta un año después de la sanción de la ley. Esta medida apunta a reducir el gran número de trabajadores en negro en todo el país, pero limita los derechos de quienes acuden a la Justicia para ser recompensados por el tiempo trabajado fuera del marco legal.
Según lo planteado en el proyecto de ley, los trabajadores no podrán cobrar las multas que actualmente se aplican a las empresas que no blanquean a sus trabajadores, y tampoco podrán hacerlo los que tienen un juicio en curso. Una vez pasados los 360 días, las multas comenzarán a cobrarse pero irán a parar al Estado y no a los trabajadores. A su vez, a partir del momento del blanqueo al empleado se le concederá un máximo de 5 años de antigüedad, independientemente del tiempo total de servicio.
5. Aplicación de condiciones laborales diferenciadas para autónomos y pasantías
El proyecto además plantea la exclusión del alcance de las regulaciones a los «trabajadores autónomos económicamente dependientes», permitiendo su contratación por fuera de los convenios laborales. Lo mismo sucede con la reglamentación del régimen de pasantías, en el que se aplicará una «asignación estímulo» sobre la cual el empleador no deberá pagar cargas sociales. A su vez, limita los derechos de los empleados tercerizados, ya que elimina las responsabilidad de las empresas que contraten servicios tercerizados y la posibilidad de los trabajadores de reclamar sobre ellas.
