Hace más de una semana que Santiago Maldonado está desaparecido. La última vez que se lo vio con vida intentaba escapar de la brutal represión de Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche Pu Lof, en Chubut. A pesar de que el Comité Contra La Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió al Estado argentino tomar medidas urgentes y que el peritaje comprobó los testimonios de los testigos, los funcionarios del gobierno, con Patricia Bullrich a la cabeza, siguen dando excusas sin asumir su responsabilidad política en una nueva desaparición forzada en democracia.
«Los hemos convocado para denunciar un hecho de extrema gravedad, que es la primera aplicación en la Argentina de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada de Personas, que fue sancionada hace más de 20 años por las Naciones Unidas», con este contundente mensaje Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) abrió la conferencia de prensa de los organismos de Derechos Humanos el martes 8 de agosto, día en que se cumplió una semana de la desaparición de Santiago Maldonado.
«Denunciar un hecho de extrema gravedad, que es la primera aplicación en la Argentina de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada de Personas, que fue sancionada hace más de 20 años por las Naciones Unidas»
El lunes 7 de agosto, el Comité Contra La Desaparición Forzada de Naciones Unidas reclamó al Estado Argentino que adopte una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización del joven desaparecido, exigiendo que se adopten todas las medidas urgentes que sean necesarias, tomando en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes durante la acción represiva. El Comité pidió además «que se garantice la efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los elementos de prueba que ya obran en la investigación o puedan llegar a hacerlo y que podrían permitir determinar la ubicación del señor Santiago Maldonado y la identidad de las personas responsables de su desaparición».
Desde el martes 1 de agosto, tras la brutal represión que ejerció la Gendarmería Nacional por parte de más de cien efectivos sobre la comunidad mapuche en Chubut, Santiago Maldonado se encuentra desaparecido. Esto se da en un contexto de persecución hacia la comunidad, que sufre la represión y el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad desde marzo de 2015, cuando inició la recuperación del territorio de Vuelta del Río, una de las estancias apropiadas por la multinacional textil italiana Benetton.
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Santiago, de 28 años, fue visto por última vez durante la represión de las fuerzas federales, que ingresaron ilegalmente a la comunidad Pu Lof de Cushamen en Esquel. Los testigos y el peritaje realizado confirman que el joven fue rodeado por agentes de Gendarmería, golpeado y trasladado en una camioneta, mientras intentaba resistir a la represión. “Cuando intentaba escapar de la represión, fue alcanzado por un grupo de gendarmes que primero lo redujo en el suelo y después lo subió a una camioneta blanca”, aseguran desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
En este contexto, mientras el organismo de la ONU señala la gravedad de la desaparición forzada, la ministra de Seguridad asegura: «Todos lo que dicen que fue una desaparición forzosa hacen una construcción política», en el canal del Grupo Clarín, Todo Noticias. A su vez, aseveró que los miembros de la comunidad no los dejaban ingresar para realizar el rastrillaje, cuando fue la misma comunidad quien reportó la desaparición y desde el primer momento puso todo a disposición de la búsqueda de Santiago Maldonado.
Mientras el organismo de la ONU señala la gravedad de la desaparición forzada, la ministra de Seguridad asegura: «Todos lo que dicen que fue una desaparición forzosa hacen una construcción política».
«El peritaje coincide con el relato de la Comunidad Mapuche, Santiago estuvo en Pu Lof y sus rastros desaparecen en el lugar indicado por ellos durante el procedimiento represivo de gendarmería«, aseguran desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), organización que está participando en la búsqueda del joven desaparecido en calidad de veedora, en el procedimiento y en el rastrillaje, aunque no le han concedido, a ella ni a ninguna otra organización, el acceso al expediente del caso.
Norma Ríos, presidenta de la APDH, manifestó en la citada conferencia de prensa: “Esto es una desaparición forzada de persona efectuada por un aparato represivo del Estado (….), esta desaparición que de ninguna manera es casual, es también uno de los mensajes que nos manda el poder”. A su vez, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta señaló: «Hasta ahora todas las pruebas acreditan que Santiago fue llevado por gendarmería, y también hay suficiente pruebas para mostrar el posible encubrimiento de todas las fuerzas y del poder político en cabeza de Patricia Bullrich y de Nocetti en relación a la desaparición de Santiago».
Desde los organismos de Derechos Humanos, abogados, militantes, políticos y familiares de Santiago Maldonado se exige el apartamiento de Gendarmería Nacional de toda instancia de investigación procesal, y se sigue afirmando la implicación de la fuerza represiva del Estado en la desaparición. Sumado a esto, una vez más, un organismo internacional de Derechos Humanos señala la desaparición forzada de persona en Argentina.
Por ello, los organismos de Derechos Humanos convocan a una movilización a Plaza de Mayo el viernes 11 de agosto, a las 17 horas, para repudiar el accionar de los funcionarios del gobierno, que responden con excusas y no asumen su responsabilidad política, denunciar una nueva desaparición forzada en democracia y exigir la aparición inmediata de Santiago Maldonado con vida.
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