Pamela Tabares, de 36 años, fue encontrada muerta en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, la semana pasada. Su cuerpo, que recibió al menos cinco balazos, fue hallado en una zona rural. El asesinato se suma a la lista de travesticidios y crímenes de odio que afectan a la comunidad trans junto a la discriminación y violencia cotidiana, mientras el Estado sigue haciendo oídos sordos a sus reclamos. (Foto: Ariel Gutraich – Agencia Presentes)
Pamela Tabares vivía en una situación de extrema vulnerabilidad. Tenía 36 años –el promedio de vida de la comunidad travesti– y era trabajadora sexual. De acuerdo a la Agencia Presentes, nunca pudo acceder a un trabajo fijo ni tampoco consiguió ayuda del Estado a pesar de haberla pedido varias a la Municipalidad. Hacía dos semanas atrás la habían echado de una pensión y desde entonces vivía junto a una amiga. El pasado miércoles 26 de julio, fue encontrada muerta de al menos cinco disparos, en el camino rural de Pérez, en la zona sur del Gran Rosario.
Pamela Tabares nunca pudo acceder a un trabajo fijo ni tampoco consiguió ayuda del Estado a pesar de haberla pedido varias a la Municipalidad. Hacía dos semanas atrás la habían echado de una pensión y desde entonces vivía junto a una amiga.
Su asesinato llevó a la movilización de integrantes y referentes del colectivo trans de Rosario ante la sede del Ministerio Público Fiscal para exigir justicia. Buscan que el crimen no quede impune, como ocurre con tantos otros perpetrados contra la comunidad, y repudian la violencia institucional de un Estado que no protege ni garantiza los derechos de sus integrantes. En diálogo con Agencia Presentes, Michelle Mendoza, compañera de Pamela, denunció: “Tuvimos que aguantar el maltrato de los funcionarios de la morgue que todo el tiempo la trataban de ´masculino´ aunque le decíamos que la tratara de ella, violentando su identidad de género”.
El reclamo del colectivo también apuntó al Área de Diversidad Sexual de la Municipalidad y a la Subsecretaría Provincial y a la falta de políticas públicas que dejan a la comunidad en un estado de abandono permanente. En este sentido, Mendoza sostuvo a Agencia Presentes: “Si llegamos a este punto es por ausencia del Estado”. Pamela había ido a reclamar ayuda varias veces. Según denunciaron sus compañeras, las únicas respuestas que recibía fueron “subsidios o cursos que no terminaban en nada”.
Foto: China Díaz
La violencia de la exclusión
En Argentina, la comunidad trans vive en un estado de exclusión constante a raíz de la discriminación que obstaculiza su acceso a derechos básicos, como la educación, la salud, el trabajo y la justicia. Como consecuencia, se estima que el promedio de una persona trans es de 35 años. Muchas llegan a esa edad con graves problemas económicos y habitacionales, sin un adecuado nivel de estudios o experiencia laboral previa. Así, se ven obligadas a vivir en condiciones de precariedad y en un contexto de constante estigmatización, que las conduce al aislamiento y las convierte en víctimas de todo tipo de violencias.
Se estima que el promedio de una persona trans es de 35 años. Muchas llegan a esa edad con graves problemas económicos y habitacionales, sin un adecuado nivel de estudios o experiencia laboral previa.
De acuerdo al informe «Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina», publicado en octubre de 2016 y consensuado entre más de 20 organizaciones entre las que se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL): «6 de cada 10 mujeres trans están vinculadas al trabajo sexual». Muchas no encontraron otra fuente de ingresos, producto de la exclusión del ámbito laboral. El informe menciona que la encuesta realizada en 2012 por el INDEC y el INADI registra que 7 de cada 10 buscaban otra fuente de ingreso y 8 de cada 10 declararon que su identidad les dificulta esta búsqueda.
Frente a esta situación, la Ley de Cupo Laboral Trans, impulsada originalmente por Diana Sacayán, es una herramienta para combatir la marginalidad a la que el colectivo se encuentra expuesto. La normativa busca promover la igualdad de oportunidades previendo, para el empleo público, “la obligatoriedad de ocupar en una proporción no inferior al 1% de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero”. A pesar de que la ley fue sancionada para la provincia de Buenos Aires en 2015, actualmente se encuentra aún en proceso de reglamentación. En el resto de las provincias también se están tratando proyectos de ley de similares características.
(Leer nota relacionada: La Ley de Cupo Laboral Trans: la inclusión de toda identidad)
En mayo de 2016, Rosario, Santa Fe, donde vivía Pamela Tabares, se convirtió en el primer municipio en aprobar una ordenanza que estableció el cupo laboral trans. El pasado enero de 2017, abrió un registro que terminó con 62 personas inscriptas, de las cuales fueron seleccionadas cinco. Sin embargo, según denunciaron las compañeras de Tabares a Página /12, esto es «insuficiente».
Foto: China Díaz
Pero además, la discriminación se materializa en la violencia que la comunidad trans sufre de forma cotidiana. A partir del último informe elaborado por Fundación Huésped en colaboración con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA), se deriva que 1 de cada 10 mujeres trans sufre agresión física y verbal de las fuerzas de seguridad, a partir de la criminalización de su identidad. De acuerdo al mapa colaborativo de violencia trans, durante el 2016, se registraron al menos 11 asesinatos de trans y travestis. En lo que va del 2017, ya perdieron la vida 9, según datos del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y la Comisión de Justicia por Diana Sacayán.
Durante el 2016, se registraron al menos 11 asesinatos de trans y travestis. En lo que va del 2017, ya perdieron la vida 9.
El asesinato de Pamela expone, una vez más, la situación de marginalidad a la que se encuentra expuesta la comunidad trans. Una violencia que surge de todos los ámbitos de la sociedad y también del machismo internalizado en un Estado que no desarrolla políticas suficientes para evitar que la exclusión y la discriminación sigan generando travesticidios ante la reafirmación de un derecho: la identidad.
