El fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el «2×1» a un represor y marcó el terreno para casi 300 genocidas que esperaban un indulto encubierto quedó sepultado por un reclamo popular que entiende que la impunidad fue parte de esta historia por mucho tiempo y ya no es posible una vuelta atrás en el camino por encontrar justicia. Organismos de Derechos Humanos, sobrevivientes, familiares y compañeros de militantes transitaron 40 años contra el olvido y el silencio. Por ello, si bien el juzgamiento a genocidas y cómplices civiles de la dictadura cívico-militar aún no culminó, los logros alcanzados no deben dar marcha atrás: ese fue el mensaje que la sociedad le impuso a los tres poderes del Estado. (Foto de portada: Es Fotografía)
Retrocesos para el fallo del «2×1»
La sentencia emitida por el máximo tribunal federal fue repudiada por gran parte de la sociedad y sus colectivos. Durante los días posteriores a la emisión del fallo, las voces a favor y en contra pusieron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en un terreno sinuoso. Distintos tribunales provinciales consideraron que otorgar el 2×1 a genocidas es inconstitucional. Hoy, con pedidos explícitos de juicio político a los magistrados que votaron a favor de este beneficio para los represores del genocidio, se expresaron ante un comunicado que manifestó que, en los casos en los que se discute la «aplicación del cómputo de prisión preventiva denominado “2 x 1” ─previsto en el artículo 7° de la ley 24.390─ en cuanto a delitos de lesa humanidad, se instruyó a la secretaría del Tribunal para que reúna los expedientes» de las partes, por el plazo de diez días. Luego, la Corte definirá como avanza en cada caso.
Ley que impide la aplicación de este beneficio en «conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional”. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras. Diputados y senadores votaron a favor casi por unanimidad.
Parlamentarios del Congreso de la Nación, acompañados por organismos de Derechos Humanos, presentaron rápidamente un proyecto de ley que impide la aplicación de este beneficio en «conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional”. El mismo fue aprobado en ambas cámaras. Diputados y senadores votaron a favor casi por unanimidad, a pesar de los que se pronunciaron a favor del «2×1» a genocidas y luego se ausentaron del recinto, como Elisa Carrio, o los que votaron contra el proyecto, como el parlamentario por el PRO, Alberto Olmedo. Ningún otro diputado o senador se opuso a la ley reparatoria del fallo de la Corte.
Foto: H.I.J.O.S. Capital
La masiva e histórica movilización del miércoles 10 de mayo a Plaza de Mayo, y en todas las plazas del país, sepultó, a priori, la intención de avanzar con la impunidad de los genocidas. La necesidad de salir a las calles era concreta: para exigir justicia y repudiar la intención de que quienes torturaron, secuestraron y mataron sin pudor, y sin pedir perdón, obtengan nuevamente su libertad.
Un paso más en la administración del negacionismo
El gobierno de Cambiemos, desde su llegada al poder, sentó paso a paso las bases para banalizar el genocidio. Minimizarlo, frivolizarlo y despolitizarlo fueron formas que estuvieron a la orden del día por distintos funcionarios en sus discursos y, también, en sus hechos. La intención pareciera ser la de eliminar todo el sentido político que motivó la represión sistemática en la dictadura: la necesidad de imponer un modelo económico, social y cultural, a pesar de excluir a grandes masas de la población al hambre y la miseria. Ese significado es el que se busca, como política de Estado, desaparecer.
La intención pareciera ser la de eliminar todo el sentido político que motivó la represión sistemática en la dictadura: la necesidad de imponer un modelo económico, social y cultural, a pesar de excluir a grandes masas de la población al hambre y la miseria. Ese significado es el que se busca, como política de Estado, desaparecer
El beneficio otorgado por la CSJN a un genocida vinculado a los crímenes sucedidos en el Hospital Posadas, es un paso más en la mirada de Cambiemos sobre los crímenes de la dictadura cívico-militar y la política que buscan llevar adelante en Derechos Humanos. Esta sentencia, a pesar de que intenten despegarse señalando la supuesta independencia de los poderes estatales, no escapa a la lógica desarrollada por el gobierno de Mauricio Macri y sus funcionarios desde el 10 de diciembre de 2015.
Foto: Es Fotografía
Este paso pareciera ser parte de un ensayo para retroceder en el juzgamiento a un genocidio que sigue teniendo consecuencias en la actualidad. El fin, a pesar de la victoria popular expresada en las calles, no es necesariamente liberar represores que siguen siendo una amenaza real para la sociedad, sino que el objetivo es sembrar impunidad para los cómplices civiles de la dictadura y avalar las políticas económicas actuales.
La intención de revisar el pasado, cuestionarlo, desvincularlo de un reclamo social histórico para querer imponerlo a la agenda de un gobierno concreto son parte del terreno que buscan generar para modelar la opinión pública, en colaboración con los medios concentrados de comunicación que apoyan las políticas actuales al igual que las que implementaba la dictadura. Por ello, el estado de alerta frente a los avances y retrocesos debe permanecer. El macrismo seguirá profundizando sus políticas sobre la memoria, que no son otra cosa que propagar el olvido.
El límite social a la impunidad
Meses de negacionismo y legitimación del genocidio se vieron expresados en el fallo de la Corte. Sentencia que pareció querer eliminar de la memoria popular la lucha de 40 años por los Derechos Humanos y perjudicar el desarrollo de los juicios por los crímenes de la dictadura cívico-militar. Sin embargo, tanto los jueces y los funcionarios del gobierno subestimaron la huella que esa lucha sembró en todas las décadas de impunidad.
Este caso demostró el límite social que intentaron cruzar a partir del fallo del órgano supremo del poder judicial. Si bien buscaron alejarse de la decisión, algunos funcionarios y referentes del gobierno legitimaron la decisión. Por ello, algunas voces se alzaron para exigir la renuncia del actual Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, quien defendió la aplicación del 2×1 a represores de la dictadura, aunque luego quiso despegarse de sus primeros comentarios.
La resistencia popular frente al olvido y el silencio que se impuso como política de Estado tras las leyes de impunidad e indultos de los ’90, plantó raíces en toda la sociedad. La reconciliación, como el perdón, o la impunidad de quienes cometieron el genocidio ya no es una opción.
La resistencia popular frente al olvido y el silencio que se impuso como política de Estado tras las leyes de «obediencia debida» y «punto final», y los indultos de los ’90, plantó raíces en toda la sociedad. La reconciliación, como el perdón a quienes cometieron el genocidio, o el olvido sobre lo sucedido no son una opción: los pañuelos blancos, las miles de remeras con la leyenda «juicio y castigo» y los pies de cada sobreviviente, familiar o militante están firmes para no retroceder ni un paso atrás en los logros obtenidos tras décadas de lucha contra la impunidad.
