El 8 de mayo de 1987 sucedió la «Masacre de Budge», uno de los primeros casos de violencia institucional y represión en democracia. Allí, la policía bonaerense mató a tres jóvenes que tomaban cerveza en un esquina. A 30 años, este caso permitió visibilizar prácticas que se creían olvidadas y abandonadas en la dictadura que había terminado cuatro años atrás. Por ello, desde el 2012, el día de hoy se instituyó como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
Hace 30 años, Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argañaraz, de 19, 20 y 24 años respectivamente, fueron asesinados por agentes de la policía bonaerense en la localidad de Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires. Tres suboficiales de la fuerza de seguridad mataron a balazos a tres amigos que estaban conversando y tomando una cerveza en una esquina de su barrio. Agustín recibió doce balazos, Roberto diez y Oscar siete.
Juicio y castigo a los asesinos
Luego de contundentes movilizaciones populares para exigir justicia, en 1990, los policías responsables de la muerte de los tres jóvenes recibieron la primera condena. Las sentencias fueron de cinco años de prisión por homicidio en riña al Suboficial Mayor Juan Ramón Balmaceda y al Cabo Primero Jorge Alberto Miño, y 12 por homicidio simple el Cabo Isidro Rito Romero de la policía bonaerense.
Sin embargo, ese mismo año, la Corte Suprema provincial anuló el juicio por un error técnico debido a «incongruencias y falta de fundamentación». Tras un nuevo juicio, el 24 de junio de 1994 los tres policías fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple. Aun así, debido a la fuga de los acusados, recién en el año 2007 los policías fueron efectivamente encontrados y enviados a prisión.
Luego de contundentes movilizaciones populares para exigir justicia, en 1990, los policías responsables de la muerte de los tres jóvenes recibieron la primera condena. Sin embargo, ese mismo año, la Corte Suprema provincial anuló el juicio. Recién en el año 2007 los policías fueron efectivamente encontrados y enviados a prisión.
Si bien la justicia llegó, aunque tardíamente, la impunidad en el común de estos casos es mayoritaria. La complicidad entre las fuerzas del aparato represivo estatal y el poder judicial permiten que muchas muertes en manos de la policía no hayan obtenido la justicia necesaria, mientras que los familiares de las víctimas solo consiguen que las causas avancen mediante la lucha y la organización.
La importancia de hablar de represión estatal
Este caso fue uno de los primeros que permitió entender que la muerte en manos del Estado no había quedado en el olvido. La Masacre de Budge otorgó visibilidad a estas prácticas que violan los Derechos Humanos en plena democracia, y permitió entender que la tortura y la muerte seguían siendo parte de las fuerzas de seguridad, en este caso, a través del denominado «gatillo fácil».
Este caso fue uno de los primeros que permitió entender que la muerte en manos del Estado no había quedado en el olvido. La Masacre de Budge otorgó visibilidad a estas prácticas que violan los Derechos Humanos en plena democracia, y permitió entender que la tortura y la muerte seguían siendo parte de las fuerzas de seguridad.
A 30 años de la Masacre de Budge y a casi 34 años del fin de la dictadura es necesario dejar de hablar de hechos aislados cuando se menciona la muerte de jóvenes en manos de la policía. Con más de 5.000 muertes ocasionadas por el aparato represivo del Estado en democracia es necesario diferenciar la violencia institucional de la represión policial para difundir la realidad concreta que viven las personas de los barrios más humildes, en particular los adolescentes y jóvenes. Allí, la represión estatal es cotidiana y sistemática.
