Entre el pedido de reconciliación y la posibilidad real de que los genocidas vuelvan a estar en libertad, la alegría de los responsables de la dictadura cívico-militar, el miedo de los testigos y el repudio de la sociedad no se hizo esperar. A partir del beneficio otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como 2×1, a un condenado por delitos de lesa humanidad, las posibles consecuencias de este fallo no dejan de causar terror, indignación y, sobre todo, impunidad. (Foto de portada: H.I.J.O.S.)
Tan sólo pasaron unos días del fallo de la Corte Suprema que beneficiaba con el 2×1 a los genocidas condenados por los delitos de lesa humanidad, es decir, que cada año que los detenidos estuvieron sin condena firme se computaría de forma doble. A raíz del fallo sobre Luis Muiña, tanto el repudio a los jueces como las presentaciones de los abogados defensores en los juzgados de todo el país no se demoraron. Los organismos de Derechos Humanos no solo salieron a denunciar el retroceso que implica sino que también advirtieron que este fallo y sus posibles consecuencias ponen en peligro a los testigos del proceso de juzgamiento del genocidio.
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A raíz del fallo sobre Luis Muiña, represor que festejó desde su departamento en Caballito con fuegos artificiales el miércoles 3 de mayo, tanto el repudio a los jueces como las presentaciones de los abogados defensores en los juzgados de todo el país no se demoraron.
La sentencia de la Corte Suprema es un fuerte golpe al proceso de justicia que se está llevando adelante tras décadas de impunidad que impidieron el enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura cívico-militar. El fallo votado a favor por Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti es un gran retroceso y un peligro para los juicios en curso y los que aún deben realizarse porque pone en riesgo a testigos con testimonios fundamentales para lograr una sentencia. Además de dejar a los genocidas a unos pocos pasos del indulto, corre del eje la imposibilidad de lograr una efectiva justicia con los lentos procesos judiciales que se llevan adelante.
Foto: Daniela Yechúa
Juicio político a los jueces de la Corte
Este fin de semana se reunió un centenar de abogados en juicios por delitos de lesa humanidad, en la ciudad de Santa Fe, para analizar el impacto del fallo y definir un plan de acción para intentar frenar sus consecuencias. Allí decidieron llevar adelante todas las acciones internacionales para revertir el fallo y promover que legisladores nacionales, provinciales y locales emitan declaraciones o resoluciones de repudio para reafirmar la continuidad de los juicios y el sostenimiento del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Por otro lado, buscan impulsar un pedido de juicio político por mal desempeño a los tres magistrados del Máximo Tribunal que votaron a favor de este fallo.
La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, del Colectivo Nacional de Abogados Mario Bosch, manifestó al diario Tiempo: “Entendemos que es una sentencia ilegal, técnicamente incorrecta. No es una sentencia simplemente injusta, es una sentencia que está mal y por eso pedimos el juicio político”. A su vez, aseveró: “Históricamente todas las querellas y todos los fiscales respetan las leyes más benignas para los imputados. En cualquier sentencia, incluso (en la condena) a Muiña, en privaciones ilegales de la libertad, por ejemplo, se aplica la ley más benigna, que era la que estaba al momento de los hechos, porque después de agravan. De los 750 militares condenados, todos fueron por la ley más benigna».
Por su parte, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud expresó: “Es irracional que estemos en esta situación en la que tengamos que preocuparnos porque quienes tengan que ser custodiados sean las víctimas y no los victimarios que deberían estar presos”, ya que presentó un recurso ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 para pedir que se incluya en el programa de protección de testigos al nieto recuperado Francisco Madariaga ante la eventualidad de que su apropiador, el ex capitán del Ejército, Víctor Gallo, salga en libertad. Antes de ser condenado, Gallo amenazó de muerte tres veces a Madariaga, y hoy, fue uno de los primeros en exigir, tras el fallo, el beneficio del 2×1.
Foto: La Voz
Las excusas de un gobierno negacionista
El gobierno de Mauricio Macri desde su llegada al poder viene avalando una serie de medidas y discursos que por acción u omisión relativizan el genocidio ocurrido en el país. El mismo presidente disminuyendo la importancia del número de los desaparecidos y manifestando que la dictadura cívico-militar fue un guerra, funcionarios de gobierno ninguneando a los organismos de Derechos Humanos y desprestigiando su lucha, reuniones con los familiares de los genocidas por parte del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el vaciamiento de políticas estatales fundamentales para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, la dilatación en las audiencias de los juicios, entre muchos otros hechos.
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Mientras promueven la relativización del genocidio, la dilatación en los juicios y el negacionismo respecto a lo sucedido, es difícil no entender este fallo como parte de un clima de época propiciado desde el interior del macrismo.
Si bien al conocerse el fallo de la Corte Suprema personajes como Avruj relativizaron el fallo, ante el repudio generalizado, los funcionarios del gobierno salieron a despegarse de la sentencia afirmando que la justicia es independiente a las políticas de gobierno, el secretario de Derechos Humanos incluido. En esa línea, Garavano criticó la utilización del 2×1 en delitos de lesa humanidad y Marcos Peña, jefe de Gabinete, afirmó: «Consideramos que el 2 por 1 es un símbolo de la impunidad en la Argentina». Sin embargo, mientras promueven la frivolización de la magnitud del genocidio, la dilatación en los juicios y el negacionismo respecto a lo sucedido, es difícil no entender este fallo como parte de un clima de época apañado desde el interior del macrismo.
La disputa por la reducción de penas
Como se podía asumir tras el beneficio otorgado por la Corte, los tribunales en todo el país comenzaron a recibir solicitudes de condenados que quieren obtener el «2×1». 278 es el número de genocidas que están en condiciones de poder acceder a la reducción de sus penas. Es decir, y siguiendo a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, de 1044 represores detenidos, el 25% podría salir a la calle, entre los que se encuentran nombres como: Luciano Benjamín Menéndez, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Jorge «Tigre» Acosta, Ricardo Cavallo y Alfredo Ignacio Astiz. Por suerte, la respuesta desde las fiscalías fueron rechazos contundentes y pedidos de inconstitucionalidad para el fallo.
278 es el número de genocidas que están en condiciones de poder acceder a la reducción de sus penas. Es decir, de 1044 represores detenidos, el 25% podría salir a la calle, entre los que se encuentran nombres como: Luciano Benjamín Menéndez, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Jorge «Tigre» Acosta, Ricardo Cavallo y Alfredo Ignacio Astiz.
Los abogados querellantes de Derechos Humanos instarán a los jueces para que no adhieran al fallo de la Corte Suprema, a pesar del efecto en cascada que produjo en los defensores de los genocidas ni bien se conoció. Además del apropiador Gallo, otros condenados por crímenes de lesa humanidad sumaron sus pedidos para obtener el beneficio del 2×1: los apropiadores Héctor Girbone y Juan Antonio Azic, y el obstetra de la Marina, Jorge Magnacco, lo pidieron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº5 de CABA, Norberto Mercado Laconi al TOCF Nº2 de Mendoza, Alejandro Lazo en San Juan, Carlos Trucco en Tucumán, y el espía Civil del Ejército Pablo Grande en el TOCF Nº1 de La Plata. Estas primeras presentaciones y rechazos demuestran que la aplicación del beneficio será una disputa en todos los tribunales.
La memoria y la justicia como bandera
El repudio que cosechó el fallo es rotundo, los organismos de Derechos Humanos y una sociedad que mantiene la memoria como bandera no acepta un nuevo indulto encubierto para los responsables del genocidio argentino. No solo para obtener justicia, sino por el peligro real que representa que los represores responsables de delitos como las peores torturas, la desaparición y la muerte vuelvan a caminar por las calles del país.
El repudio que cosechó el fallo es rotundo, los organismos de Derechos Humanos y una sociedad que mantiene la memoria como bandera no acepta un nuevo indulto encubierto para los responsables del genocidio argentino. No solo para obtener justicia, sino por el peligro real que representan que los represores de delitos como las peores torturas, la desaparición y la muerte vuelvan a caminar por las calles del país.
Estos señores, que piden ser beneficiados con la libertad, durante los procesos judiciales amenazaron a los testigos una y otra vez, son los principales responsables de la segunda desaparición de Jorge Julio López tras declarar en uno de los primeros juicios que permitió caracatular a la dictadura como genocidio, robaron la identidad de los nietos que afirman la real amenaza que es volver a toparse con sus apropiadores, además de ser apropiadores de más de 300 personas que aún no conocen su identidad. Los perpetradores del genocidio nunca pidieron perdón y mantienen un silencio absoluto sobre los cuerpos de los desaparecidos.
Leyendas como “¡Tengo miedo! Astiz puede subir a mi taxi” o «Vecina/o: Están soltando a genocidas. Debemos estar alertas en el ascensor: al lado nuestro puede haber un torturador» se viralizaron por las redes sociales como acciones de resistencia y de alerta frente al peligro concreto que representan los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Frente a esta realidad, las manifestaciones y movilizaciones de toda la sociedad van a ser fundamentales para frenar esos avances. Este panorama sólo podrá darse vuelta con el repudio social contra la falta de justicia y hacia los sectores más poderosos: si los genocidas consiguen su libertad, los responsables civiles seguirán gozando de la impunidad que tienen desde hace más de 40 años.
«Contra este nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas«, este miércoles 10 se realizará una marcha hacia Plaza de Mayo convocada por los organismos de Derechos Humanos. A su vez, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia resolvió convocar a marchar en la misma fecha también hasta la histórica plaza en la Jornada Nacional contra la Impunidad y la Represión bajo las consigna: «¡Para los genocidas ni 2×1 ni reconciliación: cárcel ya!«.
