Hace 26 años, Walter Bulacio moría en el Sanatorio Mitre tras una semana de agonía luego de la detención arbitraria, los golpes y la tortura en manos del aparato represivo estatal. El 19 de abril de 1991, la Policía Federal Argentina realizó una detención masiva, una razzia de más de ochenta personas en las inmediaciones de Obras Sanitarias, donde se iba a realizar el recital de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Entre los detenidos, se encontraba Walter Bulacio, de 17 años de edad. Este hecho marcó un punto irreversible (y triste) en la historia de las muertes en democracia, pero también es un símbolo en la historia de la lucha antirrepresiva.
El accionar represivo: policial e institucional
El 19 de abril de 1991, mientras miles de personas se quedaron en la puerta del estadio por no conseguir entradas, la Policía desplegó un operativo multitudinario para dar con la detención de jóvenes que cayeron por el solo hecho de estar parados escuchando los primeros acordes de un recital que esperaban hace meses. Walter Bulacio fue uno de ellos: con 17 años de edad, cursaba el último año de la secundaria en el Colegio Nacional Bernardino Rivadavia y trabajaba para poder costearse el viaje de egresados.
Walter Bulacio fue víctima de una razzia policial que se produjo a fuerza de golpes, gases lacrimógenos y represión, a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito.
Fue víctima de una razzia policial que se produjo a fuerza de golpes, gases lacrimógenos y represión, a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito. Todos los detenidos, sin ningún tipo de razón, fueron subidos a colectivos que rebalsaban de gente hacía las comisarías de la zona. Walter Bulacio fue trasladado a la Nº35. Allí, sin haber notificado a los padres ni al juez correspondiente al tratarse de un menor, fue golpeado por los agentes policiales con objetos contundentes en los miembros, el torso, las extremidades y, principalmente, en la cabeza, lo que le provocó un aneurisma. El motivo de las detenciones nunca fue notificado ni a él ni a nadie. Como un presagio o una prueba para el futuro, en la pared de la Sala de Menores de la comisaría, uno de los detenidos había escrito los nombres de quienes estuvieron alojados en esa celda, entre los que estaba Walter, junto a la leyenda: «Caímos por estar parados. 19/4/91».
Al día siguiente, el 20 de abril de 1991, Walter fue llevado en ambulancia al Hospital Pirovano. Al médico que lo atendió llegó a confesarle que “la yuta” lo había dejado en esas condiciones. «Su hijo estaba borracho y drogado», les dijeron a los padres en la comisaría, cuando llegaron a buscarlo, tras enterarse de su detención por un vecino. «¿Te pegaron, negrito?», le preguntó Víctor Bulacio a su hijo cuando pudo verlo. Él asintió. El domingo 21, fue llevado al Sanatorio Mitre, donde no pudieron evitar que entrara en coma. El 26 de abril, hoy a 26 años, Walter David Bulacio murió.
La justicia: a 26 años de su detención arbitraria, tortura y muerte
Es difícil creer que en este caso haya existido algo similar a la justicia. En 1997, ante la falta de avance y paralización de la causa, los familiares presentaron el caso en los tribunales internacionales de Derechos Humanos. Debido a eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó, en el 2003, al Estado argentino exigiendo que continúe la investigación que los tribunales locales habían cerrado por omisión.
Sin embargo, solo fue juzgado y condenado a tan solo tres años el comisario a cargo de la razzia, Miguel Ángel Espósito, pero no por la tortura seguida de muerte del joven, sino únicamente por la privación ilegítima de libertad el día 19 de abril. Esa sentencia se conoció en el año 2013. En definitiva, nunca se juzgó a nadie por las torturas y posterior muerte y solo una persona fue condenada con una pena que pareciera ser realmente absurda.
Su detención arbitraria, a 26 años, sin la justicia consecuente para condenarla ni para evitar las posteriores es un claro ejemplo de la impunidad que obtienen estas situaciones de detención arbitraria. Hoy, en Argentina, cualquier policía puede detener a cualquier persona en cualquier lugar, aunque desde hace casi 14 años la Corte IDH, referida a este caso, le ordenó al Estado argentino derogar todas las normas que habilitan las detenciones arbitrarias, sin embargo: “La casi totalidad de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente detenidas”, señala la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Su nombre como bandera de la lucha antirrepresiva
A 26 años de su muerte, su rostro, su historia, su nombre se mantienen como bandera. Es que las muertes en manos del Estado no terminaron ni al finalizar la dictadura, ni con la muerte de Bulacio. Los asesinatos a cargo del aparato represivo estatal siguen aumentando año tras año en democracia: suman más de 5.000 desde 1983. El caso Bulacio expone con total crudeza la represión en democracia y la persistencia de prácticas como los secuestros y las torturas a pesar de haber pasado ya más de 33 años de la última dictadura cívico-militar.
A 26 años de su muerte, su rostro, su historia, su nombre se mantiene como bandera. Es que las muertes en manos del Estado no terminaron ni al finalizar la dictadura, ni con la muerte de Bulacio. Las muertes a cargo del aparato represivo estatal siguen aumentando año tras año en democracia.
El caso de Walter fue el que provocó las primeras movilizaciones antirrepresivas en democracia. Masivas convocatorias comenzaron a exigir castigo a los culpables y responsables de las muertes que seguía ocasionando el aparato represivo del Estado. Es decir que también se cumplen 26 años de esta historia de lucha que se comenzó a consolidar en aquel abril del 1991.
Muchas personas se abrazaron al discurso de la democracia, creyendo que las prácticas de tortura, desaparición y muerte terminaron con la dictadura. Sin embargo, Walter Bulacio, como también Miguel Bru o Luciano Arruga, entre miles, demostraron que no, que ese accionar persiste, que es sistemático y forma parte de la planificada represión estatal de todos los gobiernos constitucionales.
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