Las noticias sobre lo que sucede en Rusia, donde se conoce la abierta y expresa homofobia del presidente Vladimir Putin, que dio la orden de reprimir violentamente la Marcha del Orgullo en Moscú, abrieron el debate, una vez más, para mirar puertas adentro. ¿Cuál es la situación actual de nuestro país con respecto a la persecución de personas LGBTIQ? (Foto de portada: Gustavo Yuste)
Durante las últimas semanas se dio a conocer el repudio por la represión, desaparición y violencia de muerte a personas LGBTIQ en Chechenia, República de la Federación Rusa. Allí, aseguran varios organismos internacionales y periodistas del propio lugar, ya se conoce sobre la existencia de “campos de concentración homosexual”, en donde se viven torturas, muerte y desaparición. Frente a esto, el 28 de abril se convocará a un «Escrache a la Embajada Rusa para decir NO a los campos de concentración LGBT». En este contexto, cabe preguntarnos qué ocurre en nuestro país.
¿Hay algún indicador que nos permita dar cuenta de la fluctuación de los índices de agresiones y violencias contra la comunidad LGBTIQ en los últimos meses? ¿Tenemos conciencia de que el crecimiento de violencia de género afecta e impacta, también, a las personas gays, lesbianas, bis, trans, travestis, intersexuales y cualquier tipo de construcción que se aparte de le heteronormatividad?
Sin ir muy lejos, la semana pasada, la Policía de Morón (a cargo del gobernador macrista Ramiro Tagliaferro) ordenó a dos adolescentes mujeres que se estaban besando en la Plaza Alsina de Morón que se separaran con el argumento de que estaban haciendo algo “inmoral”.
Sin ir muy lejos, la semana pasada, la Policía de Morón (a cargo del gobernador macrista Ramiro Tagliaferro) ordenó a dos adolescentes mujeres que se estaban besando en la Plaza Alsina de Morón que se separaran con el argumento de que estaban haciendo algo “inmoral”. “Estamos cuidando la plaza y acá hay menores”, fue la respuesta del uniformado en el video que se viralizó en las redes sociales subido por una testigo. En un país en donde la Ley de Matrimonio Igualitario es un hecho, este tipo de respuestas dejan ver el vacío que aún existe con respecto a las campañas de concientización y educación por la diversidad en amplios sectores institucionales y sociales en donde se reproduce un discurso heteronormativo dominante de viejo conservadurismo.
Según el “Informe de situación de derechos LGBTI y contexto en la República Argentina” elaborado por Conurbanos por la diversidad, en el Gran Buenos Aires viven 12 millones de habitantes. “Representa al 25% de la población total del país en el 0,1% del territorio nacional” y es “una de las áreas con mayores problemas sociales y violencia hacia las personas LGBT”. La violencia aumenta cuando se trata de persecución a personas trans y travestis, para quienes aún no se cumple el acceso a la salud en el marco de la Ley de Identidad de Género y para quienes aún no se reconoce la figura de “travesticidio” por la mayor parte de la sociedad.
La violencia ejercida por la Policía de Morón en Plaza Alsina trae a la memoria lo sucedido en el conocido bar La Biela de Recoleta en donde, en septiembre del año pasado, echaron a dos mujeres por besarse. Ese mismo mes, también, se dio a conocer el caso de Marcelino Perkins, el adolescente de 15 años de Venado Tuerto a quien “suicidaron” por bullying. Tiempo después, los resultados de la Primera Encuesta Nacional dirigida a jóvenes LGBTI dieron por resultado que un 76.2% de los jóvenes encuestados escucharon comentarios homofóbicos como “maricón”, “torta”, “puto” o “gay” utilizados de modo negativo con mucha frecuencia.
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La violencia aumenta cuando se trata de persecución a personas trans y travestis, para quienes aún no se cumple el acceso a la salud en el marco de la Ley de Identidad de Género y para quienes aún no se reconoce la figura de “travesticidio” por la mayor parte de la sociedad.
Este mismo año, un grupo de mujeres fue increpado por un operativo de 21 policías en las playas de Necochea por tomar sol en topless. Y si leemos entre líneas las letras más chicas, podríamos decir que fueron increpadas por ser cuerpos no hegemónicos, cuerpos diversos, desafiando la heteronormatividad que impone ideales de belleza hegemónica a quienes sí se les concede los privilegios del topless en las playas de la costa atlántica.
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Foto: Gustavo Yuste
Hoy, Higui sigue presa por ser mujer, lesbiana y pobre. “Vas a conocer lo que es bueno”, contó Higui que le decían mientras la golpeaban. “Sos una tortillera. Sos una puta. Te voy a hacer sentir mujer. Te vamos a empalar, tortillera”, le gritó el agresor que intentó violarla, la tiró al piso y le rompió los pantalones y el bóxer. La promesa efectiva de una violación correctiva, de otro femicidio. En ese momento, Hugui sacó el cuchillo que llevaba escondido y se defendió. El puntazo en el tórax fue mortal, pero no alcanzó a verlo porque siguieron golpeándola y perdió la conciencia en el suelo. No era la primera vez que en el barrio la agredían por ser lesbiana, por eso llevaba consigo un cuchillo casero. Lo único que esta vez la salvó de la muerte fue un vecino que se acercó a disipar los ataques cuando vio que le estaban por romper un adoquín en la cabeza.
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¿Cuál es la respuesta del Estado?
¿Qué respuesta existe por parte del Estado frente a toda esta persecución y violencia ejercida a la comunidad LGBTIQ? ¿Qué se puede esperar de las mismas instituciones que deberían proteger cuando son ellas mismas las que agreden? Aunque Argentina es reconocida mundialmente por sus leyes de inclusión LGBTIQ que fueron sancionadas gracias a la lucha de la misma comunidad que no dejó de pelear las calles, los vacíos constitucionales, la continua persecución y el incremento de violencia de género que incluye, en su mismo seno, la violencia por diversidad sexual, dan cuenta de una ausencia del Estado en la elaboración de políticas de educación y concientización por la diversidad sexual y la inclusión de la diversidad.
En un país en donde la Ley de Matrimonio Igualitario es un hecho, este tipo de respuestas dejan ver el vacío que aún existe con respecto a las campañas de concientización y educación por la diversidad en amplios sectores institucionales y sociales en donde se reproduce un discurso heteronormativo dominante de viejo conservadurismo
Una vez más, la ausencia del Estado y su deuda pendiente de reparación histórica para la comunidad LGBTIQ, y con más urgencia, para la comunidad trans, deja en claro el modelo de los que nos gobiernan: un modelo abandónico que, institucionalmente, no solo no toma medidas para aminorar la violencia por diversidad y orientación sexual, sino que se empeña en reprimir y echar de sus lugares públicos a las personas LGBTIQ, retomando un viejo conservadurismo moralista para quienes la diversidad sexual (cualquiera que se corriera de los cánones heteronormativos dominantes) debe mantenerse «puertas adentro».
Frente a esto, la respuesta que ofrece la comunidad LGBTIQ es una lucha que no aminora y que se fortalece y se nutre cada día para seguir deconstruyendo los resabios de estos discursos que todavía imperan, para poder habitar los espacios públicos sin ser reprimidxs, perseguidxs, amenazadxs y violentadxs.
