En un contexto de escalada represiva, el gobierno de Cambiemos anunció un proyecto de ley que criminaliza la protesta social, agravando penas y estableciendo otras nuevas de hasta diez años de cárcel. La iniciativa contó con una amplia adhesión de los medios de comunicación, que disfrazaron las represiones de las últimas semanas con eufemismos y justificativos, en especial desde la denominada “Marcha por la democracia”, ocurrida el 1 de abril. La movilización instó al disciplinamiento de la protesta y a la consecuente naturalización de la violencia hacia los manifestantes. ¿Qué pasa cuando los medios hegemónicos contribuyen a la construcción de un enemigo? (Foto de portada: Es Fotografía)
Luego de la represión de Gendarmería en la Panamericana el día del paro nacional convocado en contra del modelo económico social, el gobierno de Macri dio otro salto represivo. A unos días de los palazos y gases lacrimógenos, trascendió un proyecto legislativo que criminaliza la protesta social y agrava las penas para manifestaciones públicas de todo tipo, convirtiéndolas en un delito específico. La iniciativa modifica cuatro artículos del Código Penal y recae sobre quienes utilicen “elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables, objetos capaces de dañar la integridad de las personas, o bienes, o con la cara cubierta a modo de impedir su identificación”.
A unos días de los palazos y gases lacrimógenos, trascendió un proyecto legislativo que criminaliza la protesta social y agrava las penas para manifestaciones públicas de todo tipo, convirtiéndolas en un delito específico.
De esta forma, la generalidad con la que está redactado el proyecto apunta a castigar la participación en las manifestaciones, ampliando el margen de acción de las fuerzas de seguridad para reprimir y realizar detenciones. Las penas quedan así ligadas peligrosamente a la libre interpretación de la policía y de los jueces, y al sentido que le otorguen a aspectos no especificados en el Código Penal, como son los denominados “elementos contundentes”. Según afirmó la abogada Ileana Arduino, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) a Página/12, se trata de “elegir unas personas y castigarlas solo por lo que son: manifestantes pertenecientes a los sectores populares que a diario son demonizados como piqueteros”.
Foto: Es Fotografía
La introducción del proyecto en la agenda política llegó también luego de la denominada “Marcha por la democracia”, en apoyo al gobierno de Macri, que tuvo lugar el 1 de abril. La movilización, realizada en torno a símbolos como la “democracia” y las “instituciones”, fue construida en contraposición a las múltiples protestas llevadas adelante durante el mes de marzo, estigmatizadas por los medios hegemónicos. Los reclamos por un salario digno, la pérdida de miles de puestos de empleo, la violencia de género o la prisión a los genocidas de la última dictadura cívico militar fueron deslegitimados y convertidos en expresiones y usos violentos del espacio público, falsamente configurados como destituyentes.
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La amplia convocatoria de la marcha y la descalificación agresiva de las formas de protesta popular por parte de un sector de la sociedad que llama al “orden”, pareció envalentonar al gobierno de Cambiemos, que recrudeció sus medidas represivas, mientras fue aplaudido por los medios hegemónicos de comunicación. Una clara muestra de esta situación fue la represión a los docentes, ocurrida durante la noche del domingo 9 de abril, mientras armaban una Escuela Itinerante frente al Congreso Nacional, en el mismo lugar en que se armó la carpa blanca de la década de los ’90. La iniciativa, que finalmente terminó realizándose, tuvo como objetivo dar clases públicas e informar sobre los retrocesos en materia de educación en las provincias del país, desde que asumió el gobierno de Macri.
La amplia convocatoria de la marcha y la descalificación agresiva de las formas de protesta popular por parte de un sector de la sociedad que llama al “orden”, pareció envalentonar al gobierno de Cambiemos, que recrudeció sus medidas represivas, mientras fue aplaudido por los medios hegemónicos de comunicación.
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A pesar de que la protesta fue llevada delante de forma pacífica y como alternativa para evitar la obstrucción del tránsito, la Policía avanzó violentamente contra los manifestantes, con palos y gas pimienta. Todo por orden expresa “de la Casa Rosada”, como las propias fuerzas revelaron al momento del hecho. Además, hubo cuatro detenidos llevados a la rastra bajo la lluvia por agentes de Infantería, acusándolos de hurto. Dos de ellos, Juan Manuel Mauro y Miguel Ángel Acuña, maestros de la secundaria de la villa 1-11-14 en Bajo Flores fueron esposados mientras les repetían: “¡Qué carajo vas a ser maestro vos!
Los medios de comunicación – y en apoyo a las declaraciones emitidas desde distintos sectores del gobierno – encubrieron el accionar de la Policía con expresiones como “incidentes” y “desalojo”, deslegitimando la protesta, haciendo énfasis en la pertenencia sindical de los manifestantes y alimentando la falsa idea de que “no eran verdaderos docentes”. Colocaron en primer plano los requisitos burocráticos para el armado de la Escuela Itinerante, como si el derecho constitucional a la protesta dependiera de un trámite administrativo y por lo tanto justificara los palazos que los docentes recibieron después de que se cerrara todo canal de diálogo.
Los medios de comunicación – y en apoyo a las declaraciones emitidas desde distintos sectores del gobierno – encubrieron el accionar de la Policía con expresiones como “incidentes” y “desalojo”, deslegitimando la protesta, haciendo énfasis en la pertenencia sindical de los manifestantes y alimentando la falsa idea de que “no eran verdaderos docentes”.
De forma todavía más explícita Eduardo Feinman negó rotundamente, en la edición del noticiero de A24 del día 10 de abril, la violencia del operativo. En cambio, habló de “ponerse de acuerdo como sociedad” para “hacer respetar la ley”, en concordancia con los reclamos de quienes asistieron la marcha del 1 de abril bajo la consigna «piquetes no». Enfatizó que “reprimir no es una mala palabra, es hacer cesar un delito” y que “hay normas del espacio público”, que deben hacerse cumplir. Una vez más es puesto en juego el sentido y el uso del espacio que busca ser definido de forma cerrada, desconociendo la importancia de las calles como ámbito de lucha y defensa por los derechos.
La construcción del enemigo
Desde la asunción del gobierno de Cambiemos, una de las políticas más acentuadas fue la reasignación de recursos para aumentar las políticas represivas hacia los sectores populares. Esto tuvo la justificación de satisfacer la demanda social de la seguridad, cuyo sentido se encuentra monopolizado por los sectores más poderosos de la sociedad, en contraposición a la agenda de los más vulnerables, que sufren la represión de forma cotidiana. Así, los discursos políticos y mediáticos perfilaron enemigos a los que es necesario disciplinar para hacer progresar el país.
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Según afirmó para la revista lavaca, Manuel Tufró, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “este modelo tiene que ver con entender la protesta como un obstáculo, algo que hay que evitar. Esta visión del orden público es, en realidad, una visión policial: la protesta es algo disruptivo de ese orden. Ese es el modelo que el gobierno, a través de Bullrich, quiere imponer». De acuerdo al CELS, el accionar policial en el que la violencia es la respuesta primaria responde a «una continuidad al modelo que aplicó el Gobierno de la Ciudad durante las gestiones de Mauricio Macri en el Ejecutivo y Martín Ocampo, hoy Ministro de Justicia y Seguridad porteño y antes en el Ministerio Público Fiscal».
Represión a comunidad mapuche
En este sentido, la represión a la protesta no solo fue apoyada por los medios hegemónicos en el caso de los docentes y de los trabajadores durante el paro nacional. Uno de los casos fue la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Cushamen, Chubut, el pasado 10 de enero de 2016. Efectivos de la Gendarmería Nacional atacaron a sus integrantes con aviones hidrantes, balas de plomo y gases lacrimógenos en el marco de una serie de violentos ataques que se suceden desde que la comunidad mapuche inició, en marzo de 2015, la recuperación del territorio de Vuelta del Río, una de las estancias apropiadas por la multinacional textil italiana Benetton.
Los medios de comunicación no sólo hablaron una vez más de «tensiones» para referirse a la represión que terminó con tres heridos de bala y detenidos cuyo paradero fue desconocido durante horas, sino también una campaña mediática en la que, tanto antes como después de los hechos, los mapuches fueron constantemente calificados de «ursurpadores» violentos.
Los medios de comunicación no sólo hablaron una vez más de «tensiones» para referirse a la represión que terminó con tres heridos de bala y detenidos cuyo paradero fue desconocido durante horas, sino también una campaña mediática en la que, tanto antes como después de los hechos, los mapuches fueron constantemente calificados de «ursurpadores» violentos, que atentan contra el derecho de propiedad sobre las que en realidad son sus tierras, desconociendo totalmente la historia de lucha y de reclamos. Incluso se los llegó a homologar con los cárteles de drogas y la guerrilla colombiana, como sucedió en un artículo de Perfil del 8 de enero. Esto coincide con los informes del ministerio de Seguridad que califican a los mapuches de «amenaza» para la seguridad nacional .
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La represión y cacería de mujeres tras la marcha de Paro Internacional del 8 de marzo fue otro ejemplo. En muchos casos, y como suele suceder en las marchas organizadas para reclamar contra la violencia de género, los medios se centraron en paredes pintadas y destrozos para justificar la represión y detención a alrededor de 20 mujeres, poniendo en duda y encubriendo su carácter ilegal, violento y arbitrario.
Todos estos casos tienen en común el reconocimiento de ciertas formas de expresión y la exclusión de otras para las que no hay otra respuesta que los palos y los gases, bajo los cuales se pretende regular el uso del espacio público.
Todos estos casos tienen en común el reconocimiento de ciertas formas de expresión y la exclusión de otras para las que no hay otra respuesta que los palos y los gases, bajo los cuales se pretende regular el uso del espacio público. El discurso mediático contribuye así a suprimir identidades que parecen no tener el derecho de ocupar las calles y hacer uso del derecho de protesta social, porque, así construidas, quedan fuera de colectivos legítimos: no son docentes, ni trabajadores, ni argentinos, ni feministas. Representan «amenazas» contra el sentido mismo de lo que para algunos sectores implica la «seguridad», pero también de los valores sobre los que, en definitiva, se asienta el gobierno.
