Luego de una confusa denuncia de corrupción difundida en televisión el martes pasado, Alejandro Cacetta, presidente del INCAA, fue separado de su cargo. El Ministro de Cultura, Pablo Avelluto afirmó que avanzarán con más despidos en el organismo. Actores, directores y productores de cine se mostraron en contra de estas medidas, mientras crecen las sospechas sobre los posibles intereses económicos del gobierno detrás de las reformas.
El martes 11 de abril el periodista Eduardo Feinmann presentó en el programa Animales Sueltos una denuncia contra el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Alejandro Cacetta, y contra el rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), Pablo Rovito.
La denuncia se basó en una serie de documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción por supuestas irregularidades en los manejos de los fondos del organismo público. Los datos fueron presentados muy vagamente e incluso el periodista confundió las fotografías de los dos acusados, sumado a las burlas sobre el aspecto de los mismos y el tono de descalificación constante a los funcionarios públicos.
Más allá del papelón periodístico de Feinmann, la verdadera sorpresa llegó al día siguiente, cuando se conoció que el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, pidió la renuncia del presidente del INCAA por no haber intercedido en «algunos manejos poco claros» que se dieron dentro del organismo. El ministro aclaró que no considera que Cacetta «no sea una persona honesta o sea una persona corrupta», pero cree que no reaccionó rápidamente ante las denuncias que se habían efectuado sobre sus funcionarios.
Más allá del papelón periodístico de Feinmann, la verdadera sorpresa llegó al día siguiente cuando se conoció que el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, pidió la renuncia del presidente del INCAA por no haber intercedido en «algunos manejos poco claros» que se dieron dentro del organismo.
La decisión del gobierno nacional resultó muy llamativa ya que, desde el comienzo del mandato de Mauricio Macri, se han conocido sospechas de corrupción y conflictos de intereses mucho más graves que no han tenido tan drásticos resultados. Algunos ejemplos son el caso del ministro de energía, Juan José Aranguren, y sus acciones en la petrolera Shell o del mismo presidente Mauricio Macri cuando quiso perdonar la deuda de su padre con el Estado por el caso de Correo Argentino. De hecho, Cacetta es el primer funcionario público separado de su cargo por corrupción, aunque él denunció que nunca le abrieron un sumario administrativo ni le hicieron una auditoría que respalde la denuncia en su contra.
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Cacetta es el primer funcionario público separado de su cargo por corrupción, aunque él denunció que nunca le abrieron un sumario administrativo ni le hicieron una auditoría que respalde la denuncia en su contra.
Alejandro Cacetta había sido elegido en su cargo democráticamente, con el apoyo de los directores y productores de cine nacional que forman parte del INCAA. Muchos de ellos, incluso a pesar de su concordancia política con el gobierno actual, como Adrián Suar y Juan José Campanella, mostraron su apoyo a Cacetta a través de las redes sociales. También se conoció un comunicado de la industria cinematográfica en defensa del presidente del INCAA, donde se rechazan «las imputaciones de supuestas irregularidades o hechos de corrupción que, con absoluta liviandad y falta de rigor, fueron formuladas públicamente».
No hay UNA persona en la industria del cine, NI UNA, que tenga dudas sobre la honestidad de Alejandro Cacetta. Horrible y torpe opereta.
— Juan José Campanella (@juancampanella) April 13, 2017
El ministro Avelluto anunció que a partir del día de hoy continuarán los desplazamientos en el área gerencial del INCAA, haciendo hincapié en que «algunos vienen del kirchnerismo”. Durante la mañana del sábado 15 de abril, Eduardo Feinmann continuó con su denuncia a través de su cuenta de Twitter, donde difundió las fotos de quienes supuestamente serían echados del INCAA esta semana. Pocos minutos después, se conoció que las fotos y los nombres no coincidían con funcionarios del organismo y los tweets fueron borrados de su cuenta.
Hola @edufeiok, cuando quieras hacer periodismo, avisame que te enseño, trabajo para @pagina12 y no soy Omar Silva pic.twitter.com/pm738OVZpF
— Punk Flamingo (@diegot_rror) April 15, 2017
La preocupación por la situación del INCAA bajo el gobierno de Cambiemos no es una novedad. A finales del mes de febrero, una multisectorial audiovisual que reúne gremios y agrupaciones vinculados a la industria del cine y la televisión denunció el interés del gobierno en desregular los gravámenes que sustentan el cine nacional. El INCAA es un ente autárquico que se autofinancia y no recibe ninguna partida presupuestaria del gobierno. Los cines y los canales de televisión pagan un canon al organismo que le permite financiar nuevas películas nacionales, pagar los sueldos de sus empleados y promover eventos culturales como el BAFICI o el Festival de Cine de Mar del Plata.
A finales del mes de febrero, una multisectorial audiovisual que reúne gremios y agrupaciones vinculados a la industria del cine y la televisión denunció el interés del gobierno en desregular los gravámenes que sustentan el cine nacional.
La denuncia de la multisectorial audiovisual apuntaba a un informe presentado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), contratada por el gobierno como asesoramiento para una posible reforma tributaria. En este documento se recomendaba eliminar los gravámenes que paga la industria del cine y la televisión al INCAA, lo cual va en línea con la política de desegulación tributaria que ya se ha aplicado en los sectores del campo y de la exportación de petróleo.
Lo que se denuncia desde distintos ámbitos de la industria del cine nacional es una operación de prensa para instalar en la opinión pública la idea de que el INCAA es un organismo corrupto y merece ser intervenido por el Estado. Por su condición de ente autárquico, el INCAA debe defender su poder de funcionar por fuera de las decisiones de un gobierno particular.
