Hoy se cumple un nuevo anivesario del asesinato de Carlos Fuentealba, el maestro asesinado en 2007 durante la represión de una protesta docente en la ruta 22, a la altura de Arroyito, Neuquén. Cuando la marcha ya se estaba dispersando, el policía José Darío Poblete disparó, a menos de dos metros de distancia, una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Fuentealba. Después de una década sólo hay un condenado, mientras que los responsables políticos e intelectuales fueron sobreseídos de la causa. En un contexto en el que la lucha docente vuelve a estar en primer plano, recordamos la historia de un maestro que se convirtió en un símbolo de la defensa de la educación pública.
Carlos Fuentealba tenía 41 años y era docente de Matemática, Física y Química. Trabajaba en el Centro Provincial de Educación Media N°69, en el barrio Cuenca XV, una de las zonas más vulnerables del noroeste de la provincia de Neuquén. Sus familiares y amigos lo recuerdan como un maestro por vocación, que siempre se esforzó por aplicar las herramientas pedagógicas más allá de las paredes del aula. Quería mostrar a sus alumnos que la educación era una forma de descubrir el mundo y el primer paso para ser conscientes de la realidad, transformarla. Su compañera, Sandra Rodriguez, lo describe como «un gran humanista»que, ya de joven y como militante en la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), había luchado por los derechos de los trabajadores.
Los familiares y amigos de Fuentealba lo recuerdan como un maestro por vocación, que siempre se esforzó por aplicar las herramientas pedagógicas más allá de las paredes del aula. Quería mostrar a sus alumnos que la educación era una forma de descubrir el mundo y el primer paso para ser conscientes de la realidad, transformarla.
Fue ese compromiso lo que el 4 de abril de 2007, lo llevó a acompañar el corte de la ruta 22, a la altura del de la localidad de Arroyito, a 50 kilómetros de la capital provincial. La decisión había sido tomada dos días antes por la asamblea de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuqén (ATEN). De esta forma, buscaban bloquear durante Semana Santa la principal vía de de comunicación hacia la región turística de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche. Luego de más de un mes de movilizaciones, los docentes albergaban la esperanza de que el Estado aceptara una negociación que tuviera en cuenta los reclamos del gremio por un salario acorde a la canasta básica familiar, entre otras reivindicaciones.
Hacía 17 años que los salarios estaban congelados y el gobierno provincial no daba respuestas, aún después de los más de 70 pedidos de audiencia del gremio. Ante la decisión del corte de ruta, las cámaras empresariales, en particular las de comercio y turismo, comenzaron a presionar a Jorge Sobich, en ese entonces gobernador de Neuquén, para que frenara la medida de ATEN. Por esos días, Sobisch buscaba pegar el salto a la escena nacional con su campaña para presidente, y una de sus banderas era su política de “mano dura”. Eso había quedado claro en 2003 cuando, en una protesta, movimientos de desocupados fueron reprimidos con balas de plomo y postas de goma a quemarropa.
La represión del 4 de abril pretendía ser otra demostración de fuerza aleccionadora con la que Sobisch perseguía un rédito político de cara a las elecciones. Cuando los docentes llegaron a la ruta 22, se encontraron entonces con un operativo a cargo de agentes de la policía provincial junto a fuerzas especiales, muchos vestidos de civil y sin identificación alguna. La dirigencia sindical logró tener una conversación con el jefe, el comisario Mario Rinzafri, en la que acordó que se retirarían, pero que necesitaban tiempo para organizarse. Pero, unos minutos después y sin dar ninguna oportunidad, la policía comenzó a disparar con balas de goma, gases lacrimógenos y con un camión hidrante.
La represión del 4 de abril pretendía ser otra demostración de fuerza aleccionadora con la que Sobisch perseguía un rédito político de cara a las elecciones. Cuando los docentes llegaron a la ruta 22, se encontraron entonces con un operativo a cargo de agentes de la policía provincial junto a fuerzas especiales, muchos vestidos de civil y sin identificación alguna.
La situación fue brutal: la persecución se extendió por la ruta, por las banquinas, detrás de una estación de servicio y a través del descampado. A pesar de que los docentes habían comenzado a retirarse hacia Senillosa – uno de los pueblos más cercanos – la policía continuó reprimiendo. A lo largo de cinco kilómetros del lugar donde se había iniciado el corte, los agentes estacionaron sus vehículos y abrieron las puertas para disparar desde allí a los autos que no tenían donde refugiarse. José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), se alejó por un momento de una de las filas y, amparado por sus compañeros, disparó una granada de gas lacrimógeno a menos de dos metros de distancia de un auto. El proyectil impactó en la cabeza de Carlos Fuentealba.
El docente fue trasladado al hospital local Castro Rendón donde, horas después, el médico confirmó ante una multitudinaria vigilia la muerte cerebral. En el juicio se supo después que la fuerza del disparo equivalió a una caída de un noveno piso. El asesinato generó un fuerte repudio a Sobisch, que tuvo que salir disfrazado de la Casa de Gobierno para evitar a la gente que pedía a gritos su renuncia. En todo momento, el ex gobernador intentó desvincular su responsabilidad política a pesar de haber admitido que él había dado la orden de montar el operativo y de afirmar que hubiera vuelto a tomar la misma decisión.
Carlos Fuentealba
Justicia incompleta
El juicio por el asesinato de Carlos Fuentealba comenzó en junio de 2008. La causa se desdobló en dos partes Fuentealba I y II, distinguiendo a los autores materiales e intelectuales. Como resultado de la primera, Poblete fue condenado a prisión perpetua. Además de haber sido reconocido por dos testigos, las pruebas de balística confirmaron que fue su escopeta la que disparó el proyectil y que el tiro fue completamente doloso. El ex policía no sólo es un tirador experto, sino que también había sido condenado en 2006 por vejaciones agravadas por el abuso de armas durante sus actividades policiales.
Además de haber sido reconocido por dos testigos, las pruebas de balística confirmaron que fue su escopeta la que disparó el proyectil y que el tiro fue completamente doloso. El ex policía no sólo es un tirador experto, sino que también había sido condenado en 2006 por vejaciones agravadas por el abuso de armas durante sus actividades policiales.
Pero a pesar de ser la única persona que hoy en día se encuentra en prisión, Poblete no actuó solo. Un video revisado por la querella reveló que fue ocultado por sus compañeros antes y después del disparo y que fue escondido hasta llegar nuevamente a su camioneta. Esa misma corporación, junto a la judicial, fue la que, años más tarde, permitió que Poblete comenzara a tener salidas transitorias a pesar de su condena. En 2012, fue fotografiado caminando por las calles de la localidad de Zapala. Los abogados de Sandra Rodriguez pidieron entonces que fuera trasladado a la cárcel federal Unidad 9 de Neuquén, para que no estuviera con sus pares de la policía provincial y que le brindaran beneficios tales como las salidas sin autorización.
En la causa Fuentealba II hubo en un principio 15 imputados, entre ellos Mario Rinzanfri, los ex jefes de la policía provincial y el ex subsecretario de Seguridad de la provincia, Raúl Pascuarelli. La querella aportó pruebas de que la represión del 4 de abril fue un plan diseñado con anticipación en el que se dio la orden de persecución encarnizada desde la Casa de Gobierno, a lo que le siguió una maniobra de encubrimiento por parte de los policías y funcionarios, incluido el propio Sobisch. De acuerdo al testimonio del entonces secretario de ATEN, Pablo Grisón, para la revista digital lavaca, Pascuarelli, presente en el lugar, se encontraba «en comunicación directa con Sobisch».
La querella aportó pruebas de que la represión del 4 de abril fue un plan diseñado con anticipación en el que se dio la orden de persecución encarnizada desde la Casa de Gobierno, a lo que le siguió una maniobra de encubrimiento por parte de los policías y funcionarios, incluido el propio Sobisch.
En el juicio, Sobisch negó incluso sus dichos anteriores ante la prensa y buscó cargar toda la responsabilidad en la policía. Después de numerosos idas y vueltas, la causa terminó por cerrarse el mes de diciembre de 2016. El Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso presentado por el abogado de Rodriguez después del sobreseimiento de los imputados ocurrido hacía unos meses. Los 15 acusados fueron así absueltos.
Después de este último fallo queda una sensación de impunidad que persiste, una vez más, por el accionar de un poder judicial que ampara a los funcionarios políticos que se encuentran detrás de todo operativo represivo y del abuso del poder institucional. Pero, a once años del 4 de abril de 2007, Carlos Fuentealba deja también una huella que no debe quedar en el olvido. Un símbolo de la defensa por la educación pública y de pasión por la lucha de los derechos de los trabajadores.
