El accionar represivo de la institución policial, el hacinamiento y la sobrepoblación que se vive en los lugares de encierro, generó un brutal incendio en la Comisaría 1º de Pergamino causando siete muertos y 11 heridos. Una situación que distintos organismos denuncian hace varios años, ubicando como principales responsables a la policía bonaerense y al Estado provincial. Un hecho que no es ajeno a una historia de violencia institucional: el alojamiento de detenidos en comisarías y cárceles es la segunda causa de muerte en manos del Estado.
“Mamá, vení rápido que nos mata la policía”
El jueves 2 de marzo se produjo un terrible incendio en la Comisaría 1º de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, que dio lugar a la mayor tragedia ocurrida en una comisaría bonaerense, en otras palabras, una masacre. El hecho se difundió por los principales medios locales y del país que pusieron en circulación las versiones oficiales -fuentes de la propia policía- que los mismos familiares de los jóvenes muertos se encargaron de cuestionar y denunciar horas más tarde.
“Siete presos murieron durante un incendio en Pergamino”, sin responsables ni personas involucradas, así titularon los diarios, despersonalizando y deshumanizando a víctimas que sufren la represión estatal de forma cotidiana. En un comienzo se habló de un motín y luego de una pelea entre detenidos, por el contrario, los familiares de los fallecidos en el incendio denuncian que fue un crimen de la Policía Bonaerense.
Los detenidos decían que “la policía les estaba tirando tiros”, que “los iban a acuchillar” y advirtieron que los policías “en ningún momento intentaron salvarlos”.
“Me van a matar”, “Mamá beni rápido que nos matan la policía”, “Ana veníte ya pa la comisaría que me van a matar”, fueron algunos de los mensajes que los familiares recibieron minutos antes del incendio y posterior muerte de los siete jóvenes, todos ellos tenían entre 25 y 30 años. Según declararon a Página/12: “Los detenidos decían que “la policía les estaba tirando tiros”, que “los iban a acuchillar” y advirtieron que los policías “en ningún momento intentaron salvarlos”.”
«Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jon Mario Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre eran siete vidas jóvenes que la represión estatal sumó a la lista que ya tiene 5.019 nombres de asesinados y asesinadas desde diciembre de 1983. Siete que suman 55 desde diciembre pasado”, denuncia la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y remarca la persistencia de la represión en democracia.
Consecuencia de una política criminal
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la situación de las cárceles a nivel nacional es una consecuencia de un sistema represivo y un ejemplo concreto que expresa cómo los sectores más vulnerables, especialmente, los jóvenes son las principales víctimas de un Estado coercitivo. “Lo que ocurrió no es una casualidad, es la consecuencia directa y totalmente previsible de una política criminal y de seguridad centrada en el encarcelamiento que presiona sobre un sistema penitenciario en crisis crónica por el hacinamiento y la violencia”, sentencia el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La situación de las cárceles a nivel nacional es una consecuencia de un sistema represivo y un ejemplo concreto que expresa cómo los sectores más vulnerables, especialmente, los jóvenes son las principales víctimas.
A pesar de que el alojamiento de detenidos en comisarías está prohibido desde un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005 en el que declaró que el encierro en estos espacios es inconstitucional porque no se pueden garantizar condiciones dignas de detención, el hacinamiento empeoró. Siguiendo al CELS: “Entre diciembre de 2015 y marzo de 2017, la tasa de encarcelamiento -en la Provincia de Buenos Aires- pasó de 210 a 223 detenidos cada 100 mil habitantes. (…) En cuanto a las comisarías, en diciembre de 2015 había 1836 personas, ahora hay 3014. Según los datos oficiales, hay 1105 camastros. Es decir que hoy en la provincia hay un 172,8% de sobreocupación de lugares en los que no debería haber nadie alojado».
Frente a esta situación, la violación de derechos es sistemática. Estar preso, tal como lo menciona CORREPI en su Informe de la Situación Represiva Nacional, es la segunda causa de muerte en manos del Estado: «Las muertes en cárceles y comisarías representan el 39% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal”. Las muertes en estos contextos no sólo terminan justificándose como suicidios, incendios ocasionados por los mismos presos, motines inexistentes, sino que tienen un alto grado de impunidad: siempre se escuchan a las voces oficiales.
Contra toda forma de represión
Lejos de proteger los derechos más básicos de las personas, en los lugares de encierro se vulneran constantemente ocasionando una profunda crisis humanitaria. Mediante estas formas, ocultas en el interior de los lugares de encierro, el aparato represivo estatal y, en particular, el sistema penitenciario ejerce su control y disciplinamiento contra los sectores más pobres y vulnerables. Estas políticas, se complementan con el accionar represivo en el afuera: en los barrios más humildes.
El aparato represivo estatal y, en particular, el sistema penitenciario ejerce su control y disciplinamiento contra los sectores más pobres y vulnerables
Estas muertes son responsabilidad del Estado y su causa es una política criminal que durante años ha insistido en políticas regresivas, que responden a la demanda de seguridad pero que allí no han aportado ninguna solución. En otros términos, la masacre de Pergamino es producto del endurecimiento del sistema penal por pura demagogia punitiva.
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