La semana pasada, la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional anunció un Plan de Acción Federal en el que publicó sus reclamos ante la grave situación que atraviesa el sector. La parálisis productiva de contenidos nacionales, sumada a la incertidumbre regulatoria y la inacción del gobierno para proteger la industria local los llevó a denunciar el peligro que corren las artes audiovisuales argentinas. (Foto: Florencia Videgain)
La Multisectorial Audiovisual está formada por un conjunto de 17 agrupaciones que representan a las entidades y gremios vinculados a la industria del cine y televisión argentinos. Una unión necesaria luego de las primeras señales de la caída de la producción nacional y de la baja del 50% de la actividad, que comenzó a advertirse el año pasado. Si bien la Multisectorial realizó encuentros regionales para difundir la situación del sector y logró reunirse con funcionarios del gobierno nacional, no hubo respuesta alguna a sus reclamos.
La organización denuncia una caída progresiva en la comercialización, producción y distribución de contenidos audiovisuales que se acentuó durante el 2016, con la paralización de los programas de fomento para la producción y el recorte de los fondos estatales.
La organización denuncia una caída progresiva en la comercialización, producción y distribución de contenidos audiovisuales que se acentuó durante el 2016, con la paralización de los programas de fomento para la producción y el recorte de los fondos estatales. De acuerdo a lo expuesto en el Primero Congreso de la Multisectorial realizado el pasado mes de junio, “de 30 ficciones que se producían en el primer semestre de 2013 se pasó a 22 en 2014, a 14 en 2015 y sólo a 6 en 2016”. A la deflación productiva se suma, además, el consecuente desplazamiento de los trabajadores de la industria por la reducción presupuestaria.
Las perspectivas parecieron empeorar a principios de febrero, con la difusión de un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), contratada por el gobierno como asesoramiento para una posible reforma tributaria. Allí, la consultora recomendaba eliminar el gravamen del 10% que recae sobre las entradas de cine y la desaparición del «impuesto a los servicios de Comunicación Audiovisual que tiene alícuotas variables por actividad».
Las perspectivas parecieron empeorar a principios de febrero, con la difusión de un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), contratada por el gobierno como asesoramiento para una posible reforma tributaria. Allí, la consultora recomendaba eliminar el gravamen del 10% que recae sobre las entradas de cine.
La tasa constituye el Fondo de Fomento Cinematográfico, a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), e incentiva la industria argentina mediante el otorgamiento de créditos y subsidios, siendo esencial para la creación cinematográfica nacional por los altos costos involucrados. Eliminar el impuesto implicaría, por lo tanto, la desaparición de producciones, de cientos de puestos de trabajo y la continuidad de toda la comunidad audiovisual.
Los ministros de Cultura y de Hacienda, Pablo Avelluto y Nicolás Dujovne, desmintieron que la sugerencia de FIEL tenga respaldo oficial. Sin embargo, las preocupaciones de la Multisectorial continúan y se centran en un reclamo más hondo como es la recuperación del apoyo a la producción del cine nacional y el desarrollo de la ficción argentina como una política de estado como parte esencial del acervo cultural.
La situación se ve agravada también por la importación de producciones extranjeras que entran en competencia desleal al ser, en su mayoría, financiadas con subsidios en sus países de origen y a las que no se les aplica gravamen alguno. De hecho, el año pasado, el ajuste económico se vio reflejado en la pantalla chica, con el aumento significativo de programación extranjera y la oferta mayoritaria de enlatados de Brasil, Turquía, Corea, entre otros países.
La merma en la producción nacional va también en línea con las declaraciones de Miguel de Godoy, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que se expresó en contra de la cuota de pantalla, contemplada en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), modificada por decreto en diciembre de 2015. En una entrevista para la revista Noticias, de Godoy manifestó que, más que contemplar un porcentaje de producción nacional obligatorio en los canales, “debería haber acuerdos de producción entre privados y el Estado”. La “pequeña cuota” de la que luego habla el titular del ENACOM está lejos de fomentar la industria local.
La merma en la producción nacional va también en línea con las declaraciones de Miguel de Godoy, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que se expresó en contra de la cuota de pantalla, contemplada en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), modificada por decreto en diciembre de 2015.
En este sentido, una de las preocupaciones principales de la Multisectorial es la nueva Ley de Comunicación Convergente que planea debatirse este año en el Congreso y definirá el destino de la industria audiovisual. Según afirmó para Página/12 Miguel Ángel Diani, presidente de Argentores, uno de los puntos más controversiales que trascendió de la redacción de la ley es el que “equipararía comunicación audiovisual con las telecomunicaciones, lo que provocaría la imposibilidad del estado de regular los contenidos”.
Así, ante el panorama que atravesó el 2016, el reclamo de la Multisectorial Audiovisual intenta recuperar la productividad del sector y sostenerla a largo a plazo, para mantener las fuentes de trabajo de cientos de personas, pero también para consolidar la construcción de una identidad con una ficción nacional, que interpela y constituye el capital cultural desde las pantallas.
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