La intención de bajar la edad de punibilidad a los 14 años se puso nuevamente en debate. Luego que desde el gobierno nacional se anunciara el objetivo de impulsar una reforma del régimen penal juvenil para tratar la edad de imputabilidad, desde distintas organizaciones, especialistas y movimientos sociales se conformó la Red Argentina No Baja. Los números reales, la modificación de un sistema acorde a los derechos humanos y las fallas del Estado argentino a la hora de garantizar los derechos de los adolescentes, en la siguiente entrevista con referentes de la Red.
“Nada tiene que ver la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil en base a los derechos humanos de los y las adolescentes, con la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad”, sentencia la Red Argentina No Baja en su página de Facebook. Luciana Pandullo y Gabriela Tozoroni trabajadoras de la niñez y adolescencia en organismos de la ciudad de Buenos Aires y Nación, delegadas de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), y referentes de la Red Argentina No Baja, responden en la siguiente entrevista.
— ¿Cómo analizan la primera reacción social que puso nuevamente el tema en debate? Tanto desde el lado del gobierno, de los medios y, también, desde la sociedad.
— Luciana Pandullo (LP): En todas las últimas décadas siempre aparecen estos intentos, y siempre se da el mismo esquema. Pasa una situación que implica a un joven en un hecho delictivo, una cada tanto, y encima no es que hay un juicio y está la sentencia, no, nada. La sociedad tiene como primer reclamo este: los pibes adentro. El gobierno aprovechó la oportunidad para dar una respuesta que es simplista. Es una respuesta que reduce el problema a los «chivos expiatorios» que son los pibes pero es una solución muy fácil a un problema que es gigante, que tiene muchas dimensiones, que hay que resolverlo con respuestas estructurales.
Las estadísticas hablan de que los homicidios ocasionados por pibes menores de 16 años son del 3% de la totalidad de los jóvenes infractores en Argentina. Sin embargo, el autobombo que le meten desde los medios parece que todos los días un pibe de 14 años sale a matar a alguien.
— Este debate surgió tras la mediatización de algunos casos de adolescentes implicados en homicidios. ¿Cuáles son los números reales?
— Gabriela Tozoroni (GT): No es que las muertes que se ocasionan no tengan importancia o que los delitos sean menores, pero sí son mínimos los casos en los que están implicados adolescentes. Las estadísticas hablan de que los homicidios ocasionados por pibes menores de 16 años son del 3% de la totalidad de los jóvenes infractores en Argentina. Sin embargo, con el autobombo que meten desde los medios parece que todos los días un pibe de 14 años sale a matar a alguien.
— ¿Cuáles son las fallas para que un chico menor de 16 años cometa un delito?
— LP: Desde ATE declaramos hace muchos años la niñez en emergencia en la ciudad y, en octubre de 2016, la declaramos en emergencia en toda la Argentina. El sistema de protección integral de derechos, que es lo que establece una normativa, unas leyes hermosas que tenemos y que hablan de derechos para los pibes y de un montón de cosas, no se están cumpliendo: tienen un presupuesto muy escaso e ideológicamente no se están cumpliendo. Los programas están vacíos. La precarización laboral impacta directamente en los programas y eso hace que el servicio se reduzca o sea más débil. Estas son las políticas públicas que tienen que contener a los pibes y a las familias y, si eso falla, todo lo que pase después va a ser una consecuencia de eso. Todas las políticas de desarrollo, inclusión social y educativa están vaciadas, precarizadas. Así es imposible. No hay interés y no hay presupuesto. Esto es lo que termina generando consecuencias de desinterés en el pibe y situaciones donde la familia no tiene herramientas para contener. Ahí está el principal problema.
El sistema de protección integral de derechos, que es lo que establece una normativa, unas leyes hermosas que tenemos y que hablan de derechos para los pibes y de un montón de cosas, no se están cumpliendo. Los programas están vacíos. La precarización laboral impacta directamente en los programas y eso hace que el servicio se reduzca o sea más débil. Estas son las políticas públicas que tienen que contener a los pibes y a las familias y, si eso falla, todo lo que pase después va a ser una consecuencia de eso.
— Este debate también reflotó la necesidad de la reforma del Régimen Penal Juvenil, ¿cómo sería un sistema legal que sea acorde a los derechos humanos y los derechos de los niños, niñas y adolescentes?
— LP: Nosotros creemos que se tiene que reformar el Régimen Penal Juvenil, el actual es de la época de la dictadura, pero la modificación del sistema penal juvenil tiene que venir de la mano de políticas públicas y de derechos humanos, sino es represivo. Especialistas, proyectos de ley y los estándares internacionales de derechos humanos exponen que con los adolescentes hay que trabajar la cuestión penal desde el punto de vista de la responsabilidad y de lo socio-educativo, y que la privación de la libertad sea realmente excepcional. Cumplir el error que tuvo desde una sanción pero también desde el aprendizaje porque no son adultos, son adolescentes que tienen derechos y son personas que están en desarrollo y que el Estado tiene que cuidar. Eso implica que no tengan ni las mismas sentencias ni las mismas penas, ni todo lo mismo que los adultos porque tienen un régimen especial y son personas que están en desarrollo.
— GT: El nuevo código civil viene a introducir la categoría de adolescencia y la separa de la niñez a partir de los 13 años. Para nosotros es importante recalcar que cuando estamos hablando de un sistema penal juvenil, lo estamos pensando para adolescentes ni siquiera nos entra en la cabeza pensarlo para la niñez. Pero arrancar una propuesta, como quiere este gobierno con Germán Garavano (Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), con la baja de la edad de punibilidad, automáticamente, va en contra de lo que plantean los estándares internacionales que tratan justamente de fortalecer el sistema de protección, armando un sistema penal que tenga que ver con pensar penas acorde a la edad y a la adolescencia con una perspectiva de derechos humanos. En Latinoamérica, todos los países que fueron bajando la edad no tuvieron resultados eficaces, al contrario, se recrudecieron las penas para los adolescentes, quedaron en una situación de mayor vulnerabilidad, y cuando un adolescente está en riesgo tiene más posibilidades de poner en riesgo a terceros. El Estado en vez de bajar la edad tiene que garantizar que los adolescentes estén en menos riesgo.
La modificación del sistema penal juvenil tiene que venir de la mano de políticas públicas y de derechos humanos, sino es represivo.
— Es necesaria la reforma para también garantizar los derechos de los adolescentes.
— LP: Sí, sí hay que transformar el sistema penal juvenil actual a partir de los 16 años. Los pibes tienen que tener un sistema transparente que les garantice una defensa, la no arbitrariedad de los jueces, como pasa hoy en día: se mezcla su situación social de pobreza con la comisión de un delito y todo va a la misma bolsa. No tiene que ser así.
— GT: Desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con el Consejo Federal y todas las representantes de la niñez a nivel federal de las provincias, se saca una resolución para empezar a pensar y generar dispositivos especializados que permiten alojar y derivar a los adolescentes, como medida alternativa al encierro. La idea es poder llevar esto a todo el país. Así, también se empieza a acotar la cantidad de adolescentes que entran en el sistema, todos los que son no punibles no deberían entrar al sistema penal, no deberían pasar por ningún centro de régimen cerrado sino que la respuesta debería ser la familia, la red comunitaria o en su defecto un hogar transitorio hasta poder armar esa red, y para los de 16 años a 18 que sí son punibles, dependiendo el tipo de delito, sí es necesario plantear en función del delito, una pena acorde a la adolescencia. Hoy, esto sigue siendo arbitrario: un juez puede definir que por una tentativa de robo un chico tiene que estar tres meses y, por ahí, una piba que entra por la misma causa pero que tiene una situación de mayor vulnerabilidad el juzgado entiende que tiene que estar siete meses o un año encerrada. De esta forma, se da mucho la judicialización de la pobreza.
— Así no se garantizan los derechos de los jóvenes…
— GT: Exacto. Es realmente importante que se pueda armar un sistema serio que tenga como prioridad los derechos de nuestros jóvenes y el sistema de protección que tiene que protegerlos. Es importante que el sistema penal esté acorde a los derechos humanos, pero tampoco podemos descuidar el sistema de protección. Van de la mano.
— ¿Hay casos de medidas alternativas al encierro?
— GT: Neuquén y Mendoza han tenido experiencias donde en vez de apostar y fortalecer el circuito de encierro, fortalecieron el trabajo comunitario. Eso generó que a los juzgados se los presionara para que la primera respuesta frente a un adolescente que presuntamente comete un ilícito se pensara en el sistema alternativo a la privación de libertad y eso dio mucho más resultado. Es verdad que todavía hay mucho para hacer y hay muchas provincias que lamentablemente piensan primero en los dispositivos de encierro, pero porque también muchas veces los medios de comunicación juegan bastante en contra ejerciendo la presión para que los gobiernos recrudezcan las medidas o generando un sentido común de que si yo tengo a los jóvenes encerrados la situación se va a resolver cuando en realidad no. Eso no sirve.
Hay muchas provincias que lamentablemente piensan primero en los dispositivos de encierro, pero porque también muchas veces los medios de comunicación juegan bastante en contra ejerciendo la presión para que los gobiernos recrudezcan las medidas.
— ¿Eso buscan demostrar con la Red Argentina No Baja?
— GT: Sí, en la campaña de la Red Argentina No Baja planteamos las consignas de que la baja de edad no sirve, confunde, porque encerrar a un pibe no es la solución ya que es patear el problema a largo plazo si yo mientras tanto no voy haciendo algo para que el sistema de protección de derechos mejore. Es necesario un sistema penal, porque los adolescentes que terminaban con la arbitrariedad del juzgado tenían penas peores que si fuesen adultos que cometieran los mismos delitos. De hecho, hay un montón de garantías jurídicas que tienen los adultos y los adolescentes no.
— LP: Nuestro primer objetivo es revertir la mirada que construyó el gobierno, junto a los medios, en el discurso y en el sentido común. Una pata muy fuerte de esta red va a ser lo comunicacional, la información, los datos, para ver dónde está el problema y qué es lo que verdaderamente hay que resolver para que haya menos delitos. Entonces, vamos a profundizar en esto, en acciones de concientización, sensibilización, para que la gente se informe, que sepa, que llegue a todos, no sólo al grupo de militantes. Vamos a salir a hablarle a la sociedad entera sobre cuál es el verdadero problema y cuáles son las verdaderas soluciones. Vamos a salir a disputar el sentido común, a decir que la cárcel no es la solución, que los pibes cometen un ínfimo porcentaje de delitos en proporción a los adultos, y que lo que falla es que este pibe tiene que estar en la escuela o en un club, no tiene que estar cercano a una situación peligrosa, tener un revolver, salir a robar o lo que sea, porque todo eso habla de la falla de un sistema.
Vamos a salir a disputar el sentido común, a decir que la cárcel no es la solución, que los pibes cometen un ínfimo porcentaje de delitos en proporción a los adultos, y que lo que falla es que este pibe tiene que estar en la escuela o en un club, no tiene que estar cercano a una situación peligrosa.
— En este contexto, ¿ven que la intención sobre la baja de imputabilidad puede avanzar más que lo que sucedió en gobiernos anteriores?
— LP: Hay que ver la jugada política que haga el gobierno, primero, con todos los consensos que pueda llegar a generar políticamente y, después, con el congreso que vote las leyes. Si es antes o después de las elecciones. Ahí va a haber toda una maniobra política. Pero sí hay un interés muy claro desde el gobierno de hacerlo. Justicia 2020, empezó a abrir el debate, convocando a otras organizaciones, a especialistas, referentes y todo, para hacer un como sí del debate o a buscar consenso, negociar cosas y tratar de que esto avance porque ellos sí tienen un objetivo claro. Además, es coherente con su cabeza de política pública, con su concepto de los pibes. Vacían las políticas públicas de inclusión, avanzan con un sistema económico que expulsa, es neoliberal, y está acompañado de represión, disciplinamiento y encierro. Es de manual el esquema.
— GT: Somos los primeros en querer impulsar el debate por los jóvenes y adolescentes, principalmente, y como trabajadores de la niñez porque son deudas pendientes desde que se retornó a la democracia aunque se hayan avanzado en pequeños cambios. Tenemos estadísticas que muestran cómo cuando hay una política de inclusión social, una política de restitución de derechos, empieza a haber cambios positivos. No obstante, todo lo que es el marco legal es una deuda pendiente, son cosas que no se hicieron y se tendrían que haber hecho. Pero nos preocupa que ésta avanzada sea para levantar una bandera en una campaña legislativa y que se terminen tomando resoluciones que después sean perjudiciales no sólo para los adolescentes sino para toda la sociedad. Sabemos que desde el gobierno van a prestar mucha atención a la opinión pública que generen los medios de comunicación sobre esto. No queremos que la falta de protección de derechos se siga cobrando la vida de ninguna persona y que se pueda resolver la inseguridad pero no haciendo oportunismo político.
Vacían las políticas públicas de inclusión, avanzan con un sistema económico que expulsa, es neoliberal, y está acompañado de represión, disciplinamiento y encierro. Es de manual el esquema.
— Teniendo en cuenta que el tema de la inseguridad es un poco más complejo que bajar la edad de punibilidad.
— GT: Sí, los adolescentes terminan siendo rehenes del narcotráfico, de la policía en los territorios. Los malos manejos del gobierno terminan generando que se liberen zonas y después se corta la cadena por el eslabón más débil y el responsable es el adolescente. Ahora que volvió a ponerse sobre los medios el boom de que los adolescentes son peligrosos, la gente compra.
— Para terminar, ¿cómo debemos pensar el rol del Estado en este debate?
— GT: Es importante introducir nuevas cuestiones cuando se piensa un sistema penal, los especialistas o los técnicos más vinculados a lo jurídico plantean esto de las garantías jurídicas de los pibes. Para nosotros también es importante pensar en la responsabilización social, porque si no queda todo, propio de la cultura del neoliberalismo, en el sujeto individual como responsable, y acá los adolescentes, más allá de que se tienen que hacer responsables de sus actos, en la mayoría de los casos son víctimas del sistema que los expulsó, que no los incluyó, que no los contiene. El Estado no los protege, abandona tanto a ellos como a sus familias, o directamente un territorio o comunidad, y ahí el Estado tiene que ser el primer responsable. No alcanza solo con los dichos de Germán Garavano diciendo: «Vamos a fortalecer el sistema de protección». Además, los que trabajamos en niñez desde hace muchos años vemos lo que hicieron en la ciudad de Buenos Aires y cuesta pensar que alguien que durante nueve años vació el presupuesto de niñez, vació el presupuesto público en salud y educación, venga a decir que va a ser el primero en procurar que la niñez argentina mejore.
