Los Derechos Humanos, en particular, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, tras el primer año del gobierno de Mauricio Macri enfrentan una situación grave. La débil continuidad de los juicios por los crímenes del Terrorismo de Estado, la reivindicación de la dictadura y el negacionismo sobre lo sucedido fueron moneda corriente durante todo el 2016 desde el macrismo y sus funcionarios. En La Primera Piedra realizamos un breve repaso del presente gobierno sobre los derechos vulnerados, los retrocesos y la agudización de la violencia institucional que día a día se incrementa.
Una navidad sin presos políticos
Desde hace once meses, Milagro Sala se encuentra privada de su libertad por decisión de la justicia jujeña. El encarcelamiento que se debió a una protesta social, llevado adelante sin una investigación que lo ampare, luego se apoyó en otras imputaciones por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
Las imputaciones de la justicia provincial determinaron que la prisión preventiva debía mantenerse a pesar de los múltiples reclamos por su liberación desde organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional. Sumado a esto, el caso volvió a tomar revuelo mediático debido a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron al gobierno argentino por lo arbitrario de su detención y exigieron su liberación inmediata.
Frente a las frías excusas del gobierno de Gerardo Morales y los debates al interior de los funcionarios del gobierno nacional, desde organismos y militantes populares se exige al gobierno argentino: una Navidad sin presos políticos.
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Foto: Francisco Rodriguez
Retrocesos en las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia
Las políticas públicas que condenaban el accionar de la dictadura cívico-militar y reivindicaban la Memoria, la Verdad y la Justicia se hicieron presente en el Estado argentino tras más de tres décadas de reclamos de los organismos de Derechos Humanos. No obstante, durante el 2016, aquello que se creía logrado no deja de mostrar constantes retrocesos.
En este sentido, mientras los funcionarios declaran a la prensa sobre la continuidad de los juicios de lesa humanidad, en todo este año, se han encargado de desarmar las políticas de Estado que los garantizan: “como las de acompañamiento a testigos y la investigación para las causas, despide a trabajadores y trabajadoras de sus programas, retira querellas, se reúne con agrupaciones de familiares de los genocidas que piden amnistía”, declararon los organismos en el documento leído en la Jornada Nacional de lucha por los Derechos Humanos.
El desmantelamiento de las políticas públicas de memoria no sólo es un hecho grave, por lo que implica que el Estado abandone el rol que le corresponde como garante de los Derechos Humanos, sino que aún queda mucho trabajo por realizar en cuanto al proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
El desmantelamiento de las políticas públicas de memoria no sólo es un hecho grave, por lo que implica que el Estado abandone el rol que le corresponde como garante de los Derechos Humanos, sino que aún queda mucho trabajo por realizar en cuanto al proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Algunos ejes fundamentales son: seguir preservando y resignificando los ex centros clandestinos; abrir los archivos de la dictadura que dan cuenta de la represión y el genocidio; trabajar por encontrar a los más de 300 jóvenes que continúan apropiados desde que eran bebés y siguen sin conocer su identidad; continuar con los juicios a los genocidas y sus cómplices civiles.
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Juicios de lesa humanidad: prisiones domiciliarias e impunidad para los civiles cómplices
Desde la reapertura de los juicios, más de 600 genocidas fueron condenados por su rol en la dictadura cívico-militar, y el proceso de juzgamiento que se sucede en todo el país, sigue en pie. No obstante, los obstáculos para avanzar con la investigación y con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad se profundizaron en este año.
Desde enero se entregaron distintas prisiones domiciliarias a genocidas que fueron encontrados culpables, partícipes o cómplices del Plan Sistemático de Persecución, Tortura y Exterminio de la última dictadura cívico-militar. Si bien la excepción de otorgar domiciliarias siempre fue alta, querellas y organismos manifiestan que durante el 2016 esa tendencia está en alza.
Aquellos civiles que dieron el Golpe de Estado en compañía de la Junta Militar, siguen impunes: “Son los grupos económicos, los medios de comunicación concentrados, la cúpula de la Iglesia y la corporación judicial”, exclamaron los organismos de Derechos Humanos.
Por otro lado, distintos elementos, como el rechazo de pruebas, o la reticencia de los jueces en agotar todas las posibilidades que pueden brindar las pruebas indiciarias, entre otros, configuraron un marco de impunidad para los responsables y cómplices civiles del Estado terrorista. Aquellos civiles que dieron el Golpe de Estado en compañía de la Junta Militar, siguen impunes: “Son los grupos económicos, los medios de comunicación concentrados, la cúpula de la Iglesia y la corporación judicial”, exclamaron los organismos de Derechos Humanos en el citado documento. Los responsables civiles de implementar un plan económico que ocasionó hambre, pobreza y exclusión, mediante la persecución, la desaparición, la tortura y la muerte aún no han sido condenados.
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Foto: Diario La Voz del Interior
Reivindicación de la dictadura: negacionismo sobre el genocidio y reconciliación con las fuerzas armadas
Una serie de hechos, durante el actual gobierno, remarcaron el cambio sobre la percepción de lo que fue la dictadura: desde negar lo sucedido, disminuirlo, cuestionar el número de los 30.000, sin profundizar en lo grave de un Plan Sistemático de Desaparición, Tortura y Exterminio, hasta declarar abiertamente que se trató de una “guerra sucia” cuando en verdad fue un genocidio.
A todo este terreno planteado para retomar la teoría de los dos demonios, se suma la reconciliación con las fuerzas armadas, a las que les devolvieron su autonomía y desde el gobierno no ocultan sus intenciones de reubicarlas para ocupar un rol «preponderante» en seguridad interior. El peligro y retroceso para la seguridad de la población es más que evidente.
Una serie de hechos, durante el actual gobierno, remarcaron el cambio sobre la percepción de lo que fue la dictadura: desde negar lo sucedido, disminuirlo, cuestionar el número de los 30.000, sin profundizar en lo grave de un Plan Sistemático de Desaparición, Tortura y Exterminio, hasta declarar abiertamente que se trató de una “guerra sucia” cuando en verdad fue un genocidio.
Por otro lado, la intención de poner en cuestión el número de los desaparecidos por la dictadura cívico-militar no sólo demuestra un desconocimiento absoluto sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que se lleva adelante, sino que la elección de desprestigiar un símbolo como los 30.000 es peligroso. La exigencia de un listado final de víctimas y desaparecidos por la dictadura no hay que reclamarlo a los organismos de Derechos Humanos que trabajan en la reconstrucción de memoria desde hace 40 años, sino a quienes perpetraron el genocidio: militares y cómplices civiles.
En este punto, la reivindicación del proceso de la dictadura, no sólo legitima la represión actual que se perpetra hacia los sectores más vulnerables, sino que también legitima el plan económico que profundiza el macrismo: la miseria planificada.
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Represión como política de Estado
En el primer año de Mauricio Macri como presidente, las prácticas represivas que siguieron siendo parte de los 33 años de democracia posteriores a la dictadura, se han aumentado en cantidad y en modalidades: razzias, militarización de los barrios, controles injustificados de documentación, requisas personales sin causa en la vía pública, sumadas a la represión cotidiana, la criminalización de la protesta y las torturas en cárceles que sufrieron/sufren los sectores populares durante todos los gobiernos democráticos.
Estas políticas represivas son llevadas adelante por el Estado, a través de las instituciones de su aparato de fuerza, y reivindicadas por los medios de comunicación que durante la dictadura estigmatizaban a los militantes y hoy justifican la violencia y la persecución hacia los sectores populares.
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Exclusión planificada
«El macrismo es el gobierno de la exclusión planificada, de los derechos para pocos», concluyeron el documento de forma contundente los organismos que convocaron a la Jornada Nacional de lucha por los Derechos Humanos.
Las políticas de ajuste del gobierno nacional, sumadas a la quita de impuestos a los sectores más concentrados, el endeudamiento externo, la pérdida del valor del salario y una economía que beneficia a unos pocos, en lo único que colaboran es en aumentar la desigualdad y la exclusión.
Las políticas de ajuste del gobierno nacional, sumadas a la quita de impuestos a los sectores más concentrados, el endeudamiento externo, la pérdida del valor del salario y una economía que beneficia a unos pocos, en lo único que colaboran es en aumentar la desigualdad y la exclusión. Sin mencionar el vaciamiento a la educación, la cultura y la salud pública, la reducción del financiamiento a la ciencia y la tecnología, y la garantía que, desde el gobierno, se otorgó a los medios dominantes para que puedan seguir concentrándose sin problemas.
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Los mismos de siempre: la pelea que hay que dar
Frente a todo esto, el contexto no presenta un entorno fácil y los retrocesos siguen acumulandose día a día. Los derechos que habían sido logrados con el esfuerzo de años de militancia, hoy se derrumban por la decisión de los mismos de siempre, mientras que los medios dominantes apañan una revolución de alegría que sólo llega a los sectores más concentrados de la sociedad.
La alternativa frente a un gobierno que se empeña en acrecentar más la brecha social es, en principio, informarse y cuestionar lo que circula en los medios concentrados a través de periodismo independiente y autogestivo. En segundo lugar, exigir al Estado las políticas públicas que debe mantener por su rol como garante de los Derechos Humanos. Por último, luchar por la igualdad de derechos contra un gobierno que sólo le interesa beneficiar a unos pocos.
