El gobierno de Mauricio Macri ha dado un nuevo paso hacia la negación de lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar. Desde su llegada al poder las señales en torno a disminuir lo ocurrido y desprestigiar la lucha de los organismos de Derechos Humanos fueron tornándose cada vez más comunes. Lo más alarmante, es la liviandad con que funcionarios hablan de la cifra de los desaparecidos, demostrando un desconocimiento absoluto sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y una insistencia bastante peligrosa.
Las enumeraciones de esta avanzada son más que contundentes: las declaraciones del ex funcionario porteño Darío Lóperfido, a comienzos del año, que terminaron con su renuncia, y las reuniones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, junto a los defensores de genocidas, sumado a la dilatación en el proceso judicial, el otorgamiento cada vez más común de prisiones domiciliarias a quienes fueron condenados por los delitos ocurridos en la dictadura cívico-militar y los frenos casi totales a la investigación sobre la complicidad civil.
Las enumeraciones de esta avanzada son más que contundentes: las declaraciones de Darío Lóperfido, a comienzos del año, que terminaron con su renuncia al gobierno porteño, y las reuniones de funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a los defensores de genocidas, sumado a la dilatación en el proceso judicial, el otorgamiento cada vez más común de prisiones domiciliarias a quienes fueron condenados por los delitos ocurridos en la dictadura cívico-militar y los frenos casi totales a la investigación sobre la complicidad civil.
Estos datos podrían considerarse aislados o se podrían poner en relación a la baja de presupuesto, el vaciamiento de los programas estatales y los despidos ocurridos en las áreas responsables de estos procesos. Todo esto demuestra que no es inocente el desconocimiento que presenta el mismísimo presidente, sino que es parte de una re apuesta a la teoría de los dos demonios.
A través de un informe publicado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en el mes de noviembre de 2016, durante el período entre 1973 y 1983 «se produjeron 7.010 desapariciones forzadas y 1.561 asesinatos sin mediar desaparición forzada, lo que hace un total de 8.571 víctimas de terrorismo de Estado”. Establecer un número cerrado cuando las cifras son inacabadas y parciales no tiene otro significado que la intención de poner en discusión, una vez más, el número de los desaparecidos. La pregunta debería ser cuál es el objetivo de este debate.
A través de un informe publicado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en el mes de noviembre, durante el período entre 1973 y 1983 «se produjeron 7.010 desapariciones forzadas y 1.561 asesinatos sin mediar desaparición forzada, lo que hace un total de 8.571 víctimas de terrorismo de Estado”.
Foto: El País Digital
Exigir los listados a los responsables
Hablar de un número cerrado, no sólo demuestra un desconocimiento absoluto sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que se lleva adelante, sino que la elección de reivindicar ese desconocimiento es peligroso. El informe original del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, en el que se basa el comunicado de la Secretaria, es contundente en este punto: “Este trabajo bajo ningún concepto debe considerarse “definitivo” en la medida que permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales”.
Igual de peligroso es tomar el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) realizado en 1984 como definitivo. Desde la publicación del «Nunca Más» hasta el día de hoy, la recopilación de nuevos testimonios, los listados de los desaparecidos, la existencia y el descubrimiento de centros clandestinos de detención ha ido aumentando a lo largo del periodo democrático. Esta reconstrucción a modo de rompecabezas se fue dando a través de la investigación y de los testimonios, que se acrecentaron, en parte, por el proceso de apertura a los juicios que brindó el anterior período político.
La recopilación de nuevos testimonios, la existencia y descubrimiento de centros clandestinos de detención ha ido aumentando a lo largo del periodo democrático. Esta reconstrucción a modo de rompecabezas se fue dando a través de la investigación y de los testimonios, que se acrecentaron por el proceso de apertura a los juicios que brindó el anterior período político.
Son muchas las voces que no habían testimoniado ante la CONADEP ni en ningún periodo posterior. Muchas personas callaron hasta hace muy poco, muchas familias fueron eliminadas en su totalidad y muchos sobrevivientes, sobre todo en el interior del país, siguen sin poner su testimonio en palabras. Hace diez años desaparecía Jorge Julio López, claro signo del peligro que representaba testimoniar hace tan solo diez años.
A través de la información que se sigue completando de forma colectiva y fragmentaria, se descubren nuevos espacios de detención, nuevos lugares de cautiverio, nuevos desaparecidos y nuevos asesinados. Al finalizar el informe de la CONADEP se relevaron 340 centros clandestinos, hoy se conocen más de 760, lo mismo sucede con cualquier tipo de listado referido a la dictadura cívico-militar. La exigencia de un listado final no hay que reclamarlo a los organismos de Derechos Humanos que trabajan en la reconstrucción de memoria desde hace 40 años, sino a quienes perpetraron el genocidio: militares y cómplices civiles.
Foto: CNN
Lo peligroso del discurso: son 30 mil
Un nuevo intento desde el macrismo tiene el objetivo de desprestigiar la lucha de los organismos de derechos humanos para negar lo sucedido, para disminuirlo y para ubicarlo en cuestiones de estadísticas cuando lo importante se trata del terror diseminado en una sociedad que, frente a ello, aceptó la pobreza, la exclusión y el hambre.
Lo peligroso de intentar debilitar una lucha de 40 años, son las intenciones que hay por detrás.
Los organismos salieron a denunciar esta campaña. En su comunicado, señalaron que la instalación del debate en torno del número de desaparecidos busca desviar la discusión y desprestigiarlos. En este punto, es claro el testimonio que Graciela Rosemblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, da a Página/12: “Lo central es lo cualitativo, los motivos de esos crímenes: destruir los lazos de solidaridad, a las organizaciones que planteaban una vida digna, un profundo cambio en estructura económica y social. Lo que no van a poder negar es que se planificó la tortura, la desaparición, la detención, el exilio, la destrucción del aparato productivo, las privatizaciones, algo mucho más profundo que un número”.
Lo peligroso de intentar debilitar una lucha de 40 años, son las intenciones que hay por detrás. Lo delicado, frente a una memoria que aún está en construcción, es que el periodo de acrecentamiento de testimonios y de recopilación de información se frene debido al período político del presente: un gobierno que se ubica del lado del negacionismo, posición hermana de la reconciliación de los ’90.
Frente a esta situación, el pie de lucha ya está plantado, no se va a permitir dar ni un paso atrás en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Después de tanta insistencia por el número final del genocidio, si desde ciertos medios hay tanta certeza sobre el número, entonces, que se exija lo mismo que los organismos reclaman: que hablen los que tienen que hablar.
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